Las comunidades Collanboy, El Toro y Quillaques, de la localidad de Susques, en el oeste de la provincia de Jujuy, piden que se deje sin efecto la acusación penal contra cinco dirigentes y dirigentas indígenas denunciados por la empresa Minerales Australes SA. Con el argumento de que estaban obstruyendo la vía pública, el fiscal de Humahuaca, Fernando Enrique Alancay, imputó a los denunciados y ordenó el desalojo de estas personas que se encontraban realizando un acampe impidiendo el avance de la empresa en el territorio ancestral.

En la denuncia radicada por el área legal de Minerales Australes se acusó a Calixto Quispe, Aurora Choque, Luisa Quispe, Asunciona Quispe y Cornelio Quispe, de "entorpecer en la vía pública", delito previsto en el artículo 194 del Código Penal, relató a Salta/12 la abogada Claudia Pérez, quien también fue incluida en la acusación. Tras la denuncia, se produjo el desalojo, pasados 20 minutros de la medianoche del 14 de marzo, luego de que el fiscal "diera trámite urgente" al pedido. 

"Solicitamos al fiscal Alancay que deje sin efecto la denuncia contra nuestros representantes porque se trata de una denuncia falaz", expresó Pérez. Las comunidades piden la inmediata intervención del Instituto Nacional Indígena (INAI), y destacan que han presentado anteriormente denuncias, sin obtener respuestas. Mientras tanto, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) prepara una presentación con el fin de solicitar que el fiscal revea su postura en este caso. 

Al momento del desalojo los dirigentes se encontraban realizando un acampe dentro de la parcela de la familia Quispe, ubicada en la zona de Arroyo Seco de Aguadita, en el paraje Tanques. El acampe se hizo luego de una denuncia penal de la familia contra la empresa, después de que ésta abriera caminos ilegales dentro del territorio indígena. "La minera abrió caminos, dijo después que eran parte de la vía pública, pero en realidad es territorio de las familias originarias que viven allí", relató Pérez. 

En los primeros días de febrero los comuneros habían encontrado una instalación minera en la zona de Susques. Allí vieron que habían casillas, una torre colocada, camiones y diferentes maquinarias que suelen ser utilizadas para la extracción de agua y áridos. De inmediato realizaron una denuncia penal, el 22 de febrero, pero recién se le dio trámite el 12 de marzo, fecha en la que se inició el acampe.

Según Pérez, al momento de la denuncia de los Quispe, la empresa no estaba totalmente instalada. Sin embargo, la fiscala María Di Prieto, recién dio inicio al expediente ese 12 de marzo cuando "la empresa logró instalarse de lleno", acción que no cesó desde entonces. Las comunidades afirmaron que la empresa nunca presentó ante ellos ninguna información sobre su actividad en la zona. 

Por tal razón, la abogada dijo que las acciones de los fiscales Alancay y Di Prieto son en realidad parte de una persecución "totalmente injusta hacia los pueblos indígenas". "Los tratan como si fueran delincuentes cuando en realidad están defendiendo su territorio", manifestó, asegurando además que la empresa cuenta con el apoyo de la justicia y del gobierno provincial. 

Tal afirmación es consecuencia de distintas acciones. Una de ellas, data desde 2018, pues la comunidad de Collanboy viene pidiendo que se le otorgue la personería jurídica. La solicitud se hizo ante la Secretaría de Pueblos Indígenas de la provincia, pero el organismo aún no les da respuesta e incluso "se niega a otorgar una constancia donde se indique que la personería está en trámite". 

Para las comunidades, esto se debe a que actualmente la minera está ocupando tres mil hectáreas de Susques y una parte abarca el territorio de Collanboy. "Es seguro que no nos dan la personería porque están con estas cosas por detrás", manifestó la letrada, quien agregó que no se les ha proporcionado la información correspondiente para que puedan verificar que efectivamente se dio inicio al trámite de la comunidad. 

Además, los comuneros relataron que en las distintas manifestaciones de rechazo que realizaron en las puertas de la empresa fueron miembros de la Policía de Jujuy, pero lejos de servir de intermediarios en el conflicto, "las patrullas se quedan dentro de la empresa en una charla amistosa con los empleados y jerárquicos de la empresa". "Lo que vemos siempre es una actitud desafiante hacia los pueblos", relató Pérez. 

A raíz de la presentación penal que realizaron los Quispe, sólo recibieron una notificación en la que se les informó que la Justicia había solicitado a la empresa la documentación pertinente. Con el correr de los días, se enteraron por otras vías de que Minerales Australes sólo declaró que era una minera que se dedica a la extracción de litio y potasio. "Eso no quiere decir que sean sólo esos minerales", alertó la abogada.

De igual manera, si la empresa llegase a contar con algún tipo de documentación, las comunidades sostienen que no corresponde, pues no se respetó lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, el instrumento internacional más importante para garantizar los derechos indígenas. A modo de ejemplo, Pérez destacó el artículo 6, que establece la obligatoriedad de los estados parte de realizar la consulta previa, libre e informada y ordena "procedimientos apropiados" de consultas a las comunidades indígenas y "en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas" que afecten a estos pueblos.

Discriminación y arbitrariedad 

Tras meses de reclamos, los comuneros lograron que el delegado provincial del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Walter Soriano, se acercara a una de las manifestaciones en la zona. En diálogo con Salta/12, el funcionario nacional dijo que efectivamente la empresa se acentó en territorio de la familia Quispe, según los planos a los que pudo acceder. 

Para Soriano, la acusación contra los dirigentes indígenas es arbitraria, dado que pudo corroborar que los caminos señalados por la empresa no cuentan con el reconocimiento de Vialidad provincial. "Lo único cierto es que una máquina pasó y armó una huella en pleno territorio de las comunidades", indicó. 

También se sumó al reclamo de la entrega de la personería a la comunidad de Collanboy. Aseguró que se trata de un lugar estratégico para la minera dado que de allí se desprende un gran cauce de agua que llega desde el cerro del mismo nombre. "Las comunidades que viven allí, siempre estuvieron a favor de la naturaleza y el cuidado del agua", precisó.  

Soriano elevó ayer un pedido formal de informe ante la Secretaría de Pueblos Indígenas de la provincia, ya que consideró que existe "una clara discriminación hacia el reconocimiento de las comunidades y el efectivo cumplimiento de los derechos indígenas".