El macrismo fracasó ayer en su intento de suspender al camarista Eduardo Freiler e iniciarle un juicio político en el Consejo de la Magistratura. El diputado y consejero Pablo Tonelli, de Cambiemos, pidió la postergación sin fecha para tratar el dictamen acusatorio ante la certeza de que no contaban con los nueve votos del plenario del Consejo necesarios para alcanzar la mayoría especial que les permitiera avanzar en el proceso. El dato era evidente desde el lunes, cuando el representante de los académicos, Jorge Candis, votó en contra de la posición del oficialismo en la Comisión de Disciplina y Acusación y advirtió que se trataba de una “revancha” contra el magistrado por “fallos que comprometieron a determinados sectores”. Para justificar la postergación el macrismo invocó ayer la aparición de “tres denuncias conexas” contra Freiler, que según Tonelli obligan al Consejo a evaluar si investigarlas por separado o unificarlas al dictamen existente.

El dictamen elaborado por Tonelli y ampliamente fogoneado por los medios afines al Pro sugiere que existe una diferencia de más de 15 millones de pesos entre el patrimonio del presidente de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y los gastos que justificó. La acusación es por presunto mal desempeño y enriquecimiento ilícito. “Creo que hay una intencionalidad personal contra él. Tuvo algunos fallos que comprometieron a determinados sectores y creo que acá está la revancha”, señaló Candis al explicar por qué no se plegó a la ofensiva, igual que el diputado Ruperto Godoy, del Frente para la Victoria. La oposición atribuye la acusación al intento de disciplinar a los jueces por parte del macrismo, que considera a Freiler un juez afín al kirchnerismo.

Tonelli destacó que iniciar el juicio político era necesario para dar respuesta “a la opinión pública”. Por esa razón y “otras que se desprenden del expediente” consideró que el Consejo debía actuar “con la mayor celeridad posible” aunque concedió que “celeridad no es apresuramiento”, tal como había planteado Candis. El académico, que representaba el noveno voto (sobre trece) que el oficialismo necesitaba para alcanzar los dos tercios, habló de “apresuramiento” y de meras “presunciones” en las que se basó la Comisión acusadora. Para Tonelli, las razones de su negativa fueron “disparatadas”, fruto de la necesidad de justificar una decisión “fundamental y exclusivamente política”. Agregó que le “regalaba” a Candis “todas las presunciones” y “aún así (Freiler) no puede justificar seis millones de pesos”.

Al plenario de ayer asistieron los trece consejeros y una audiencia que llenó el salón del segundo piso de Libertad 531. Ante la certeza de que no tenían los votos, Tonelli planteó postergar el inicio del juicio político invocando el ingreso de tres nuevas denuncias. “Aparentemente guardan conexidad con el dictamen” aprobado en comisión, sugirió, y agregó que por ese motivo debían evaluar si se investigan por separado o se unifican. La moción se aprobó rápidamente y el expediente quedó pospuesto sin fecha.

Dos de las tres nuevas denuncias fueron presentadas por la agrupación Será Justicia. La restante por Ricardo Monner Sans, el mismo abogado que denunció a Freiler por presunto enriquecimiento ilícito. Esa causa se encuentra pendiente de resolución en la Cámara Federal de Casación Penal luego de que el propio juez objetara el fallo de la Cámara Federal que anuló su sobreseimiento en primera instancia y ordenó reabrir la pesquisa.

La diputada Elisa Carrió apuntó ayer contra Candis por frustrar la estrategia de Cambiemos. “El juez (Freiler) tiene un patrimonio escandaloso, no es culpa del Gobierno (no poder iniciar el jury), la gran vergüenza es la universidad pública. No se olviden que los consejeros, representantes académicos, representan a las facultades de derecho del país. Que un representante como Candis garantice la impunidad por corrupción, enriquecimiento y mal desempeño de un juez es una vergüenza nacional, junto con La Cámpora”, bramó. “La degradación de las instituciones es tal que un grupo de jueces de La Cámpora (sic), por defender a Cristina Fernández, mantengan a un juez que no puede caminar por la calle”, dijo en radio. Consultada sobre quiénes protegerían a Freiler nombró a “La Cámpora, Gils Carbó y Cristina Fernández”, aunque “el problema es el representante de la universidad pública”, concluyó.