Desde el lunes, Angel Azzolini, sentenciado por el transfemicidio de Marcela Chocobar, camina por las calles de Río Gallegos, las mismas que transitan miles de mujeres y en las que la madre y las cuatro hermanas de la joven marcharon repudiando la excarcelación.

“Lala”, como le decían sus hermanas, hubiese cumplido 33 años el pasado 2 de abril pero el odio que Oscar Biott y Angel Azzolini expresaron a su identidad de género le truncó la vida a los 26.

Marcela fue vista con vida por última vez el 6 de septiembre de 2015 cuando salía de un local nocturno en cercanías a la costanera. El 14, dos huesos y su cráneo aparecieron en un baldío del periférico barrio San Benito. A la fecha no se ha podido establecer cómo mataron a Marcela ni qué hicieron con su cuerpo.

El pasado miércoles 13 de abril, las hermanas Chocobar fueron notificadas de la resolución de la Cámara Criminal que resolvía otorgar la excarcelación a Azzolini, responsable del delito de encubrimiento agravado condenado a seis años de prisión.

El pedido de la defensa fue realizado considerando el cómputo de la pena que contempla la prisión preventiva que inició el 18 de abril de 2016 en la Comisaría 2da de Puerto San Julián, misma fecha desde la que está detenido Biott, responsable de homicidio calificado por odio a la identidad de género y sentenciado a la pena de prisión perpetua que cumple en Pico Truncado.


Muy bajos requisitos para obtener la libertad

“Angel Azzolini está en libertad bajo una caución juratoria con algunas obligaciones”, afirmó Carolina Zabala, la letrada que representa a la querella, a Soy, y precisó que “debe fijar domicilio en Río Gallegos, no puede abandonar la ciudad sin autorización judicial, será sometido al control del Patronato de Liberados, debe abstenerse de consumir alcohol, estupefacientes y sustancias alucinógenas. Todos los lunes se debe presentar en la Secretaría de Ejecución y ante el Tribunal Superior de Justicia cuando le sea exigido, tiene que mantenerse a 200 metros de la familia de Marcela Chocobar y se le colocará una pulsera electrónica para controlar que no se aleje del ejido urbano”.

Sobre los requisitos, Zabala opinó “son leves. La caución juratoria implica la promesa de que se va a portar bien pero para la familia eso es un mensaje de impunidad”

Las medidas “no tienen duración en tanto y en cuanto la condena no esté firme, aún se tiene que resolver el Recurso que se presentó contra la sentencia de junio de 2016” y en caso de incumplimiento se puede revocar la excarcelación .

Azzolini obtiene este beneficio cuando se están por cumplir tres años de la sentencia y el fallo, segundo en el país por transfemicidio, aún no ha sido revisado por el TSJ. Tampoco se ha otorgado audiencia por el Recurso en el que la querella solicitó se dé una condena de 15 años en atención a la participación secundaria.

Ya en el fallo judicial, el juez Joaquín Cabral había votado en disidencia del presidente del tribunal Jorge Yance y el vocal subrogante Carlos Arenillas, considerando que se le debía atribuir la participación secundaria. La audiencia por el Recurso estaría incluida entre las primeras que se celebren cuando se fije el cronograma.

Por su parte, desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron a Soy “la oposición al pedido de la defensa teniendo en cuenta los informes psicológicos y el pedido de Casación”. Es así que se presentó un recurso, que no tiene efecto suspensivo, solicitando la revocación de la excarcelación.

Es de destacar que la resolución de la Cámara Criminal presidida por Yance e integrada por Cabral y María Alejandra Vila no se condice con las denegaciones anteriores. Es que anteriormente la defensa solicitó el beneficio de las salidas transitorias y de libertad condicional. “Se hicieron informes criminológicos, psicológicos, penitenciarios que indican que no estaba en condiciones de reinsertarse y aconsejaban denegar la petición, son resoluciones de octubre del año pasado”, señaló Zabala.

“Están facultados pero no obligados a darle la excarcelación. A la hora de resolver un beneficio de estas características, deberían haberlo analizado bajo los estándares de DDHH. El femicidio y el transfemicidio son la forma más extrema de violencia contra las mujeres”.

“La persona que terminó con la vida de Micaela García también había tenido informes desalentadores, se le otorgó la libertad y unos días después tuvimos que lamentar el femicidio. Esto es grave, este tipo de resoluciones son un retroceso en cuanto a los derechos protectores para las mujeres”, cerró.