¿Qué nos quedó de aquellos días que recordamos por la famosa frase “La casa está en orden y sin sangre en Argentina”?
Sin dudas, la movilización popular. La ciudadanía en las calles de todo el país, influyó en la decisión del Presidente Raúl Alfonsin sobre qué hacer frente a las asonadas militares de abril de 1987. Una Democracia incipiente, jaqueada, pero con esperanzas tras casi 8 años de una dictadura cívico militar eclesiástica que desde el terrorismo de Estado provocó el genocidio que aún hoy seguimos investigando en el marco del proceso de Memoria, Verdad y Justicia, se fortaleció esa semana santa, aunque se haya resentido el gobierno que la conducía.
Tuvimos muchas crisis y somos una sociedad que se acostumbró a poner el cuerpo y naturalizar repeticiones de prácticas políticas de las cuales no siempre hemos salido fortalecidos como gobiernos ni tampoco como sociedad. Y jamás ha sido gratuitamente. El Pueblo tiene huellas de esas crisis marcadas en la espalda.
Resistimos el menemismo, a la alianza, los 7 presidentes en 10 días, el corralito, la represión del 2001, tuvimos la ampliación de derechos de los gobiernos de Néstor y Cristina, volvimos a resistir la derecha macrista, esta vez elegida popularmente y más tarde volvimos a ser gobierno con Alberto y Cristina.
Pero la derecha no descansa. Cada embate de esta nueva alianza entre el establishment, la corporación judicial y mediática y sus monigotes de la política, es un knock out que nos deja más heridas, agravado por la ferocidad de nuestras internas y la impotencia frente a una acuciante crisis económica que no se termina de encarar con energía.
Asistimos a un reordenamiento de poder en Argentina en un momento de organización y concentración de la derecha más rancia que hayamos enfrentado, pero que camina sobre las deudas sociales de la democracia hacia nuestro pueblo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación lidera el partido Judicial y aprovecha la falta de reacción de los estamentos políticos para usar las peores herramientas y así sostener sus privilegios, constituyéndose, en una corte todopoderosa, autocrática y alejada de los intereses del pueblo.
Mientras esperamos los pasos institucionales seguimos siendo testigos impasibles de la concentración de poderes en uno: el judicial. Esta vez, echando mano a leyes inexistentes y derogadas en un atropello institucional, asumiendo funciones de gobernantes cuando no lo son.
Hemos visto ya como la “la casta judicial”, como los llamó Cristina, ha intentado avanzar sobre la república: la persecución a tantos compañeros y compañeras, especialmente el lawfare contra CFK, los amparos contra la ley de medios, y tantos otros. Pero nunca habían ido tan lejos y de una forma tan obscena e impune como este mamarracho jurídico ensayado por el santafesino Rosatti, con la complicidad de los demás cortesanos.
Sabemos de las buenas intenciones de legisladores nacionales que vienen advirtiendo esta situación. Pero necesitamos celeridad porque la patria está en peligro y el pueblo es quien lo sufre.
Debemos exigir transparencia y legalidad en nuestras instituciones. El fallo en el que se amparan no es legal y carece de constitucionalidad.
El Partido Judicial está intentando instalar un mecanismo para profundizar y agudizar el "lawfare", con el que persiguieron y avasallaron los procesos de transformación Latinoamericana. Intentan también garantizar la impunidad de Mauricio Macri y sus funcionarios, responsables del hecho de corrupción más grave de la historia democrática argentina: el crédito impagable del fondo monetario y la fuga de divisas que dejó al país en una situación de vulnerabilidad inedita.
Es el nuevo Plan Cóndor, el cual establece como herramienta el amedrentamiento político, las denuncias y procesos judiciales sin fundamentos legales para sostenerlo, siendo hoy el día en el que se afirma tal situación, con jueces autodesignándose en instituciones que deben evaluar el accionar de otros jueces.
Urge la movilización, ya no hay más excusas. Porque como dijo el General San Martín “cuando la Patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”.
*Vicepresidenta Partido Justicialista Santa Fe.