En la agenda de los jueces que integran el Tribunal Oral Federal número 5 de la Ciudad de Buenos Aires, el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura cívico militar eclesiástica no es prioridad. La magistrada Adriana Palliotti y sus colegas Fernando Canero y Daniel Obligado postergaron cuatro meses el juicio oral y público contra Mario “Churrasco” Sandoval, el represor de la ESMA que permaneció prófugo en Francia durante años antes de ser finalmente extraditado a la Argentina.

“Razones de agenda” adujeron les magistrades en una resolución que emitieron el miércoles pasado para informar la decisión a la familia y a los compañeros de cautiverio de Hernán Abriata, por cuyo secuestro y desaparición está acusado Sandoval. El momento que esperaron durante décadas se demoraría, según la resolución, aún algunos meses más.

Al filo del cierre del año pasado, el TOF 5 había fijado para el 4 de mayo de 2022 el inicio del debate oral y público en el que Sandoval debía responder por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra Abriata, un estudiante de arquitectura a quien el 30 de octubre de 1976 una patota comandada por “Churrasco”, tal el sobrenombre con el que se conocía al ex miembro de la Superintendencia de Seguridad Federal dentro de la ESMA, lo secuestró del departamento que compartía con su compañera, Mónica Dittmar. Con la resolución de la semana pasada, el Tribunal dejó sin efecto la resolución y pospuso el juicio para el 7 de septiembre próximo.

“Nos parece un hecho lamentable”, opinó Carlos Loza, integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, agrupación querellante en el juicio y uno de los tres sobrevivientes que vieron a Abriata con vida en el centro clandestino que funcionó dentro del predio de la Armada durante el terrorismo de Estado. “Estuvimos años tramitando la extradición de Sandoval, luego soportamos todas y cada una de sus maniobras para impedir que este juicio se llevara a cabo. ¿Y ahora el Tribunal justifica más demoras por ‘problemas de agenda’?”, añadió Loza quien subrayó que con la decisión del TOF 5, tanto ellos como la familia de Abriata se sienten “vulnerados una vez más. Esto es otra muestra de impunidad”.

Abriata, militante de la Juventud Peronista, permanece desaparecido. Su caso fue el que posibilitó que Sandoval fuera extraditado desde Francia, donde vivió entre 1989, tras huir de Argentina, y 2019: el 16 de diciembre de ese año regresó al país escoltado por efectivos policiales que custodiaron su detención hasta la Unidad Penal 34 de Campo de Mayo, en donde pasan sus días de encierro muchos de los represores acusados y/o condenados por crímenes de lesa humanidad. Desde entonces, insistió con cuánto método y argumento halló para obtener la prisión domiciliaria e interrumpir el debate oral que le espera. 

La familia del estudiante desaparecido solicitó la extradición de Sandoval cuando supo que el represor prófugo que tanto habían buscado se encontraba allí viviendo una vida de profesor universitario y experto en seguridad. El dato lo difundieron los periódicos Página/12 y Le Monde Diplomatique, tras la denuncia de la hija de dos exiliados argentinos que se lo cruzó como profesor de La Sorbona. En 2012 el juez federal a cargo de la causa ESMA Sergio Torres solicitó su extradición, trámite desde el cual pasaron diez años.

El caso de Abriata será sólo el primer paso en el camino judicial de Sandoval en la responsabilidad por su participación en el terrorismo de Estado que tanto la familia del joven como la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos esperan sea largo: como integrante de la patota de la ESMA durante la última dictadura, aparece vinculado de manera directa en cerca de 500 casos de secuestros, torturas y desapariciones de personas que permanecieron cautivas en el Casino de Oficiales de ese predio.