En el marco del debate para tratar las modificaciones de la ley de alquileres que se está desarrollando en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación, representantes de las asociaciones de inquilinos de la ciudad insistieron ayer en pedirle a los legisladores que no claudiquen ante el lobby inmobiliario, manteniendo el mínimo de tres años en los contratos de alquiler y los ajustes anuales, además de avanzar en un impuesto a los inmuebles ociosos. "Me pregunto si somos conscientes de lo que puede significar para los nueve millones de inquilinos de nuestro país, frente a la difícil situación social que se vive, dejar todo el valor del alquiler en manos del mercado", advirtió Sebastián Artola, titular de Inquilinos Agrupados de Rosario y referente santafesino de la Federación Nacional de Inquilinos. Nire Roldán, del Frente Nacional de Inquilinos y Pymes Locatarios, planteó que es "prioritario contar con información cierta, producida por los organismos del Estado, para dar respuestas a millones de inquilinos que no pueden pagar más del 50% de su salario en alquiler".
Durante la reunión de la comisión que preside la diputada del Frente de Todos, Cecilia Moreau, e integra el diputado justicialista por Santa Fe, Eduardo Toniolli; más de 30 personas, en representación de las federaciones de inquilinos y las cámaras inmobiliarias expusieron ayer sus opiniones sobre las posibles modificaciones a la ley del alquileres.
"Quiero remarcar de estas jornadas el sincericidio del mercado inmobiliario, quedó más que claro el verdadero motivo de la campaña que vienen llevando desde hace dos años en contra de la ley de alquileres y que se repite a coro en casi todos los medios de comunicación del país", dijo Artola. "Ellos plantean bajar de tres a dos años el mínimo del contrato del alquiler para que recuperen parte del negocio de la comisión inmobiliaria en las provincias donde se cobra, como por ejemplo en Santa Fe, donde el inquilino paga el 5% del total del contrato", describió.
"Lo otro que están planteando modificar es que los ajustes dejen de ser anuales y que los defina de manera unilateral el mercado; es decir, las inmobiliarias y los propietarios, con un mismo objetivo: aumentar aún más los alquileres, como ellos quieren y cuando ellos quieren, sin control por parte del Estado y sin importar por lo que pueda pasar con los inquilinos y sus familias, que se las arreglen como puedan. Para el mercado, lo primero, lo segundo y lo tercero es el negocio, la rentabilidad, su tasa de ganacia. Así de simple y brutal es lo que se está proponiendo modificar en esta instancia", agregó.
Artola dijo que Rosario vivió un boom inmobiliario entre el 2004 y el 2013, siendo la ciudad que más metros cuadrados construyó en América del Sur; sin embargo, la mitad de la población tiene problemas habitacionales: "Los inquilinos se duplicaron en los últimos 20 años y las villas y asentamientos crecieron en un 50%, y hay 80 mil viviendas deshabitadas en nuestra ciudad", precisó.
Roldán subrayó que "no existe información producida por el Estado para pensar cómo modificar una ley de alquileres, son aproximaciones. Esas son las cuestiones principales a resolver antes de sancionar o tocar leyes, hace falta discutir con mucho más tiempo un problema tan grave. Sería importante tomarnos un plazo, trabajar con las universidades, con los institutos de vivienda y pensar una solución de fondo. Si nos apuramos, vamos a hacer más daño que el que se le ha hecho al inquilino".
El titular de la Concejalía Popular fue más allá al proponer como política de Estado "un servicio público de alquiler, se puede hacer sin sancionar una ley. Además, hace falta un Observatorio Nacional de la Vivienda Unica en Alquiler que nos permita determinar con claridad la vivienda ociosa en cada territorio y garantizar el Programa nacional de alquiler social, que está en la ley pero no se puso en marcha".
Javier Grandinetti, de la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario, para quien "el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, a eso debe dar respuestas el Estado. La vivienda tendría que ser una política de Estado, y en este tratamiento lo primer que tendríamos que hacer es una segmentación del mercado locativo, no es lo mismo un alquiler de una gran empresa que un alquiler social". Además, instó a buscar "una política de créditos para que los inquilinos vuelvan a ser propietarios, y mientras tanto una política de corto y mediano plazo para incrementar la oferta".
Claudia Amherdt y Germán Berman, de la Federación Universitaria del Litoral, solicitaron incluir en el debate la problemática de los estudiantes universitarios que no residen en los grandes centros urbanos y deben alquilar para cursar sus carreras. "Hay un sinnúmero de personas cuya posibilidad de acceder a la educación depende en buena medida de las pautas que se establezcan en este debate", sostuvo Amherdt.
