Santa Fe
La defensa presentará hoy ante los Tribunales de Santa Fe la tercera denuncia contra los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez que investigan a Marcelo Sain y a su equipo. El ex ministro de Justicia y Derechos Humanos Juan Lewis, que defiende a su colega Nadia Schujman en la causa, impugnará la decisión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de enviar seis teléfonos celulares -secuestrados en el allanamiento ilegal al Ministerio de Seguridad el 26 de noviembre- a una empresa de San Pablo, Brasil, para que sean desbloqueados a un costo de 5.000 dólares cada dispositivo. Una operación que demandaría al Estado alrededor de 30.000 dólares, más los pasajes aéreos, gastos de estadía y viáticos de los funcionarios encargados del traslado. “Yo me pregunto: ¿quién pone esa plata? ¿De dónde saca esos fondos el MPA? ¿Quién los pone?”, interpeló Schujman. La abogada de Hijos rechazará la medida porque uno de los IPhone que quieren abrir es el suyo, el personal, que le sacaron de la cartera el día del allanamiento, sin orden de un juez y sin testigos. El teléfono oficial de Schujman ya lo abrieron, ella no se opuso a pesar de que se trataba también de un “secuestro ilegal”, pero sí impugnará la apertura de su celular privado. “Lo secuestraron ilegalmente y ahora van a gastar 5.000 dólares para abrirlo”, dice, y subraya que hay "muchísimos casos de teléfonos que no se pudieron abrir y no los mandaron al exterior para desbloquearlos por falta de recursos", entre ellos los de Leonardo Peiti y David Alejandro Perona, ex jefes del juego clandestino en la provincia.
El lunes, los fiscales Hernández y Jiménez notificaron a Lewis y a los demás abogados defensores que pasado mañana, viernes 22, se realizará el “desbloqueo” de seis “dispositivos de telefonía celular secuestrados” en el Ministerio de Seguridad. Y agregaron una lista con las marcas y los números. Uno es el teléfono personal de Schujman y otro el privado del ex secretario de Seguridad Germán Montenegro.
“La medida tendrá lugar en la empresa ‘Cellebrite Solucoes Tecnologicas’”, en San Pablo, Brasil y “consistirá exclusivamente en el desbloqueo de los dispositivos”. Los fiscales aclararon que el viernes no está prevista la “extracción forense” de datos, ni ninguna otra “labor pericial”, que se realizarían más adelante “en alguna de las sedes del Organismo de Investigaciones (OI)", con el control de las defensas.
Lewis presentará hoy en Tribunales un escrito que impugnará el operativo y el desbloqueo del teléfono personal de Schujman. “Nos vamos a oponer a la medida” porque el dispositivo “fue secuestrado ilegalmente” por Hernández y Jiménez, sin orden de un juez y sin testigos. “Y ahora, van a gastar miles de dólares para abrirlo. Insisto: ¿quién pone la plata para pagar esto?”, se preguntó la abogada.
El planteo judicial de Lewis será el tercero que apunta a los fiscales. El 10 de marzo, el abogado Hernán Martínez –que defiende a Sain- los denunció porque en un peritaje de dispositivos electrónicos secuestrados en el Ministerio de Seguridad el 26 de noviembre se descubrió que la notebook asignada a Schujman “no poseía ningún tipo de disco de almacenamiento en su interior”. “Un hecho grave”, lo calificó Martínez.
Diez días después, el 20 de marzo, Lewis denunció a Hernández y Jiménez –entre otros funcionarios- por la supuesta manipulación de pruebas en la causa. Según el defensor de Schujman, en ese mismo peritaje del 10 de marzo, en Rosario, su delegado técnico Leonardo Gianzone, también descubrió que se había incorporado a la “cadena de custodia” un registro del supuesto traslado de los equipos el 15 de diciembre, que “no existía” en la primera apertura de los dispositivos –controlada por la defensa-, que se realizó el 3 de enero, en Santa Fe. Lo que revela que los equipos ya habían sido “manipulados, alterados y accedidos” antes del 10 de marzo.
El envío desde Santa Fe de seis teléfonos personales de ex funcionarios del Ministerio de Seguridad para que sean desbloqueados en Brasil no tiene antecedentes. Schujman recordó que en otras investigaciones resonantes los celulares quedaron sin abrir por falta de recursos y mencionó los de Peiti y Perona. “En la causa de corrupción más escandalosa de la provincia, el teléfono de Peiti no se abrió. Tampoco el de Perona. ¿Cuántas cosas podía haber en esos teléfonos?"
-¿Por qué no se abrió el teléfono de Peiti? –preguntó Rosario/12.
-No se pudo abrir porque era un Iphone, pero a ese teléfono no lo mandaron a ningún lado. Para ese teléfono no hubo plata para mandarlo a Brasil o a Estados Unidos –ironizó Schujman.
“Y ahora se van a gastar miles de dólares” en la causa contra Sain y su equipo. “Abrir un teléfono cuesta 5.000 dólares”, en Brasil. “Más, los gastos de las personas que viajen, pasajes aéreos, estadía y viáticos”. “Entonces, yo me pregunto: ¿quién pone esa plata? De dónde saca esos fondos el MPA? ¿Quién los pone?”, planteó la abogada de Hijos.
Lewis impugnará la medida en Tribunales y si no lograr frenarla –porque fue notificada cuatro días antes- recurrirá a las instancias que sean necesarias. “Hay cosas que deben quedar asentadas”.
