La Junta Provincial de Seguridad se reunió por segunda vez desde su creación, y ayer lo hizo en un contexto harto difícil y con una situación de violencia urbana en Rosario comparable a los álgidos días de 2013, con 80 asesinatos en tres meses y medio del año, y la población carcelaria in crescendo al punto de encender alarmas. Con todo, el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, asumió que la solución pasa por intensificar la presencia del Estado en los barrios populares a través de múltiples abordajes de contención social.

El encuentro se desarrolló en El Molino Fábrica Cultural, de Santa Fe, y fue presidido por la ministra de Gobierno, Celia Arena, acompañada por Corach y su par Seguridad, Jorge Lagna. Estuvieron legisladores de todos los bloques, ningún juez, el fiscal general Jorge Baclini, y el procurador Jorge Barraguirre. 

Carlos Del Frade, del Frente Social y Popular, quiso poner en la agenda de la Junta el pedido de habilitar la investigación penal sobre el senador Armando Traferri, tal como exigen los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, sobre todo porque en los últimos días el nombre del sanlorencino volvió a sonar en el juicio oral contra Esteban Alvarado.

Traferri había estado en la primera reunión de la Junta, pero no en la de ayer. Tampoco asistió la vicegobernadora y titular del Senado, Alejandra Rodenas, ni el presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez.

Ante los primeros planteos de la oposición, la ministra Arenas pidió que "no sea una reunión para interpelar al gobierno". Y los referentes del Ejecutivo buscaron explayarse sobre proyectos tecnológicos para sumar vigilancia al aparato de seguridad. "Hay cosas anteriores y más importantes –terció Del Frade– como establecer porqué las armas llegan tan fácil a los chicos, la superpoblación carcelaria y la ausencia de la Justicia Federal que sigue sin dar explicaciones".

El ministro Corach reconoció que "cuanta más inversión social, menos violencia", algo que al menos Del Frade valoró como señal.

El socialista Joaquín Blanco se fue con "una sensación de que el gobierno carece de reacción y no le encuentra la vuelta a la espiral de violencia en Rosario, a la sobrepoblación en cárceles y de nuevo con presos en comisarías". "Ni siquiera puede evitar que los detenidos dirijan delitos desde prisión", apuntó. Y aseguró que el propio ministro Lagna admitió que no hay coordinación con su par nacional, Aníbal Fernández, en cuanto a asistencia federal a Santa Fe. 

El radical Juan Cruz Cándido pidió explicaciones sobre el envío de agentes de fuerzas federales por parte del gobierno nacional. "Este debe ser un espacio de trabajo, con metas y control de su cumplimiento. Así lo reclamamos. No es un mostrador para que el Ejecutivo se esconda y logre persistir en el estruendoso silencio que mantiene sin que no se le pregunte públicamente nada", apretó el diputado alineado con Maximiliano Pullaro.