El proyecto de ley para gravar la renta "inesperada" que tuvieron sectores económicos en tiempos de pandemia y de guerra en Ucrania podría ser, a diferencia del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un factor aglutinante para el Gobierno Nacional. Es que, según contaron desde la Casa Rosada a Página I12, se trabaja para que la iniciativa no sólo tenga adhesión interna total, sino también amplios consensos con sectores empresarios y sindicales, en un intento por cambiar un escenario que se vislumbra complejo en un Parlamento en el que Juntos por el Cambio, sin siquiera ver la norma, ya bajó la línea de oponerse. 

El proyecto de ley que anunció hace unas horas el ministro de Economía, Martín Guzmán, se trabaja entre su cartera y la AFIP en lo técnico, pero se abre en lo político a la rosca de las tres patas del Frente de Todos. Lo que el Gobierno buscará mostrar, articulando con distintos sectores, es que el impacto no será sobre las personas humanas, ni afectará a los trabajadores, ni a las inversiones ni a la rentabilidad. Naturalmente, según cuentan en el Ejecutivo, si no hay consensos luego de esa instancia con los ceos, ese mismo intento de cohesión expondrá a los que se niegan a aportar al corazón de la norma: la necesidad de dar una señal política y práctica de redistribución, en el marco de una economía que crecerá por segundo período consecutivo este año, en la que los balances ya exhiben números pre Macri y, aún así, hay niveles de inflación elevados que traban el desarrollo de los sectores medios y bajos. 

La idea del Gobierno es seguir trabajando el tema esta semana, aún con Guzmán en Washington en las reuniones de primavera del FMI. En el kirchnerismo, en tanto, esperan que los borradores lleguen al Congreso para trabajar sobre un texto concreto, y critican con fuerza la decisión del macrismo de salir a repudiar una ley que no conocen. Cerca de la vicepresidenta Cristina Kirchner están de acuerdo en el concepto que, de hecho, planteó la dirigente en el evento de parlamentarios Eurolat, la semana pasada. Pero habrá que ver qué incluye el texto final, advierten. La letra fina llevará tiempo, estiman, y tardará no menos de un mes para transformarse en letra definitiva. 

"Entiendo que está el ministro de Economía trabajando con la AFIP para que sea un proyecto criterioso, igual que el aporte extraordinario", dijo Cecilia Todesca, la encargada de negocios de la Cancillería y mujer de consulta económica de Alberto Fernández, mostrando la línea de negociación. En declaraciones radiales, agregó que "esto no es contra nadie. Tenemos un ojo puesto en el crecimiento, con un contenido importante en términos de empleo, recuperación de la inversión, del consumo privado, obra pública".

En ese escenario, para el Gobierno es clave un factor: las reuniones que habrá con la Unión Industrial Argentina (UIA) y la CGT, para analizar y explicar los alcances. Con eso, se busca zanjar la pulsión contraria de la oposición en el Congreso. La búsqueda de un gravamen no compulsivo es parte de la estrategia comunicacional, en tiempos de delicado equilibrio de la correlación de fuerzas. Allí tendrá, a priori, resistencia empresaria. Luego de su reunión de Junta Directiva de los martes, la UIA emitió un comunicado advirtiendo su "preocupación por la posible creación de una alícuota adicional dirigida a empresas de todo el país" y adelantando que, en los próximos días, "el departamento de Política Tributaria y el CEU estudiarán los alcances de la medida y su repercusión en los diferentes sectores productivos". En realidad, en el encuentro se habló muy livianamente sobre la ley, y se sacó una comunicación más forzada por la coyuntura que por una norma que no vieron. El presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, avisó además que el próximo lunes tendrán una reunión con el Presidente Alberto Fernández en el que ese será uno de los temas de la agenda. 

La letra gruesa, la fina y el FMI

Según supo este diario, el punto central de la ley será un gravamen extra al Impuesto a las Ganancias, pero no hay aún definición sobre el número total de empresas que lo pagarán ni en qué período. Una de las alternativas que se charló el fin de semana en las reuniones de Guzmán y su equipo en Chapadmalal, fue la de gravar la actividad de este año para pagar el que viene. Pero es sólo un dato sobre la mesa. 

El mapeo fino de la ley definirá, además, situaciones que no son lineales. A priori, la norma gravará ganancias de sectores como el campo, el petróleo y la minería. En el caso del agro, por ejemplo, no es igual la situación de ganancias extra en la pampa húmeda que en otras regiones. 

En el Gobierno observan como otro dato positivo para la instalación del debate la posición clara que tomó el FMI respecto a este tipo de normas. Vía un informe técnico presentado a inicios de la semana, el organismo se manifestó a favor de "los impuestos temporales más altos" en tiempos de una pandemia o de una guerra. “El principio general de las finanzas públicas es que debes encontrar dónde están los recursos e intentar compensar a quienes más sufren”, explicó a los periodistas presentes en Washington uno de los autores de dicho texto, el economista del FMI Jean-Marc Natal.

“Al igual que debe hacerse y a veces se hace después de las guerras, donde también mientras unas empresas luchan por sobrevivir otras se vuelven más boyantes que nunca, los gobernantes pueden hacer que estas últimas compensen a las primeras con “un impuesto adicional y temporal”, concluyó Natal.