Desde Río de Janeiro

Desde la redemocratización de Brasil, en 1985, luego de 21 años de rigurosa dictadura militar apoyada por amplios sectores del empresariado y de los medios de comunicación, la imagen de las Fuerzas Armadas fue siendo reconstruida de manera lenta pero constante y firme.

Hubo un solo momento en que esa imagen sufrió un desgaste específico. Fue en 2018, cuando el entonces comandante en jefe del Ejército, general Eduardo Villas-Boas, presionó de manera clara y contundente a los integrantes del Supremo Tribunal Federal, en vísperas de la votación de un pedido de hábeas corpus por parte de la defensa del expresidente Lula da Silva, quien se encontraba preso.

La manifestación de un jefe militar sobre cuestiones que deberían ser restringidas a la Justicia es algo inadmisible en una democracia. Las palabras del general Villas-Boas causaron impacto en la sociedad, ya entonces dividida entre los derechistas, que apoyaban al actual presidente Jair Bolsonaro, y los demócratas, tanto progresistas como conservadores.

Fue, vale reiterar, un acontecimiento aislado, y muchos analistas y observadores entendieron el mensaje del militar como una especie de venganza contra Lula y el Partido de los Trabajadores, a raíz de la instalación, durante  la presidencia de Dilma Rousseff, de la “Comisión de la Verdad”, que denunció un aluvión de casos de tortura, violación, asesinatos y “desapariciones” durante la dictadura.

Al omitirse y mantener a Lula en la cárcel, los integrantes de la corte suprema de Justicia colaboraron para la victoria de Bolsonaro.

Ya en la campaña electoral de 2018 el claro respaldo de militares retirados y algunos en activo a Bolsonaro llamó la atención. En ninguna de las elecciones anteriores las casernas se manifestaron.

Una vez iniciado su mandato, el primer día de 2019, el nuevo presidente esparció militares activos y retirados por todo el gobierno. Además de ministerios importantes, varios fueron nombrados para presidir estatales o integrar sus consejos de administración.

En total, existen hoy unos ocho mil militares distribuidos por la estructura del gobierno. Ni siquiera en la dictadura fueron tantos.

El discurso agresivo de Bolsonaro, cuyo blanco principal suelen ser las instituciones, primero alejó a varios de los generales que, teóricamente, deberían funcionar como frenos para su desequilibrio irremediable. Y luego empezó a promover, en sectores muy amplios de la opinión pública, un severo desgaste en la imagen de las Fuerzas Armadas.

Los tres generales que lo rodean y que tienen poder efectivo en el gobierno son oriundos de su mismo grupo de formación en el Ejército. Es decir, formados bajo el periodo más sangriento de la dictadura.

Tienen algún peso en la tropa activa, y peso especial entre los sectores más radicales de seguidores el ultraderechista.

Por esos días Bolsonaro reitera con insistencia cada vez más intensa su plena confianza en las Fuerzas Armadas, “que saben lo que es lo mejor para el país”, mientras destila su desconfianza al sector judicial, en especial a la Justicia Electoral.

Son evidencias de un cambio drástico en la postura de los militares a partir de la llegada de Bolsonaro al poder. Y con eso crece, en varios sectores de la sociedad y con especial énfasis en partidos políticos no alineados con el extremismo del presidente y sus secuaces, el temor a lo que podrá ocurrir cuando se confirme la derrota del actual mandatario en las elecciones de octubre.

Para enturbiar aún más el ambiente, y acelerar el desgaste de la imagen de las Fuerzas Armadas, fueron difundidas, el pasado fin de semana, grabaciones realizadas entre 1975 y 1985 en sesiones del Supremo Tribunal Militar. Lo que se oye son críticas a la práctica de tortura en cuarteles, bien como de asesinatos.

Causó especial impacto la admisión, por parte de un alto general de la dictadura, de la muerte de una muchacha embarazada de tres meses luego de recibir descargas eléctricas en sus genitales.

Al ser preguntado sobre el material divulgado, el vicepresidente, general retirado Hamilton Mourão, optó por reírse.

Y ayer el presidente del Supremo Tribunal Militar, Luis Carlos Gomes Mattos, dijo que la divulgación de las grabaciones fue una iniciativa “tendenciosa” que no “estropeó mi domingo de Pascua”.

La diferencia entre los dos es que Gomes Mattos, gran defensor de Bolsonaro, es un general en actividad. Se trata de otro claro indicio de hasta qué punto el Ejército está contaminado por la política.