“Yo tenía como doce años, diez, en la Reducción Napalpí. Había muchos ricos nuevos. Estaban explotando el monte. Cortaban madera. Y a los moqoit los mataban. Les disparaban... Les dispararon y los mataron. Y es nuestra gente que los policías los mataron... Pero nosotros no queríamos pelear, solo veníamos a trabajar”. Así habló Pedro Valquinta, indígena moqoit de 105 o 107 años, sobreviviente de la matanza de Napalpí, en el primer testimonio visualizado durante la audiencia de apertura del Juicio por la Verdad sobre lo ocurrido el 19 de julio de 1924, en la zona de Aguará, en el Chaco, hoy conocida como Napalpí.

Valquinta vivía en el paraje Las Tolderías. Y en lengua moqoit mezclada con castellano explica: “Mataron gente ahí, por eso le dicen ‘Napalí’”. Lugar de muertos significa, cementerio. Su habla es demorada pero expresa precisión. Busca palabras que den cuenta de aquellos recuerdos, para el registro audiovisual hoy presentado como parte probatoria de un nuevo Juicio por la Verdad. El primero en procura de una reparación histórica ante el silencio sistemático con que el Estado ocultó por casi cien años el genocidio indígena, cuyo objetivo fue expandir el latifundio.

En Patagonia se llamó “Conquista del Desierto”. En el “desierto verde” del Gran Chaco, Napalpí fue el epicentro del horror que aportó mano de obra en condiciones de semi esclavitud para las explotaciones algodoneras y la tala del quebracho. Allí fueron asesinados al menos 400 indígenas de los pueblos qom y moqoit. También peones rurales correntinos que trabajaban en la zona. Todos bajo las balas de metralla de fuerzas estatales y colonos armados, guiados por un avión que sobrevoló el lugar para identificar el sitio de reunión de las comunidades.

Esta primera audiencia del juicio a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia fue transmitida por el canal de streaming del Poder Judicial de la Nación, desde la Casa de las Culturas de la ciudad de Resistencia. Allí se expuso el objetivo del proceso que busca evidenciar la verdad de lo ocurrido en 1924. E identificar a los responsables y a sus beneficiarios directos e indirectos. Para eso se escucharon, antes del testimonio de Valquinta, los alegatos de apertura que contextualizan el proceso que se inicia justamente en el Día de los derechos de los Pueblos Originarios de América.

El alegato de la fiscalía, a cargo del Ministerio Público Fiscal fue cursada desde la Unidad Federal de Derechos Humanos, integrada por los fiscales Diego Vigay y Federico Carniel, quien expuso la teoría que intentarán probar en este juicio. “Porque demostrar la responsabilidad de personas físicas o jurídicas sobre estos hechos, busca el reconocimiento de la verdad y que las víctimas puedan tener una reparación social a través de una sentencia penal”, sostuvo Carniel sobre este proceso que no tendrá imputados ya que todos sus responsables fallecieron antes del inicio.

“No hay intención punitiva, es un proceso declarativo”, detalló el fiscal. Pero se trata de “ejercer la memoria” como valor social, sostuvo. Y de aportar a “la dignidad sobre la propia historia” en relación a estas comunidades. Así explicó el fundamento de un Juicio por la Verdad para un crimen de lesa humanidad, ocultado por el Estado. “Hubo una estrategia estatal para negar y encubrir la matanza”, afirmó Carniel.

El marco de esta masacre y su motivación económica, con logística aérea y participación de la policía estatal y gendarmería --Chaco era entonces territorio nacional--, también con civiles armados, fue aportado por la exposición de las dos querellas: Duilio Ramírez por la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco y Miguel Núñez por el Instituto del Aborigen Chaqueño. 

La masacre del 19 de julio “no fue un hecho aislado, sino uno de los episodios más visibles de violencia sufrida por los pueblos originarios. Esto tuvo su punto más oprobioso en la Campaña al desierto y el episodio en Chaco tuvo como objetivo desapoderar a los pueblos de sus tierras y hacerse de brazos baratos para producir”, detalló Ramírez. También recordó que el proceso de reconocimiento por esta masacre "comenzó en esta provincia cuando el gobernador (Jorge Capitanich) en 2008 pidió perdón en nombre del Estado, a las víctimas, en el lugar de los hechos".

“Las tierras arrebatadas al indio fueron entregadas a personas ligadas al exterminio, empresarios y colonos nacionales y extranjeros –añadió el abogado de la Secretaría provincial de Derechos Humanos --, para plantar algodón y talar quebracho”. En eso trabajaron quienes fueron expulsados de sus tierras y encerrados en la Reducción de Napalpí, explicó. Para luego repasar las condiciones de semi esclavitud en que vivían y por las que reclamaron al entonces gobernador del territorio Fernando Centeno. La respuesta oficial fue la represión de aquel sábado 19 de julio, cuando las familias se encontraban reunidas en una asamblea ceremonial, en un descampado.

El segundo video de esta audiencia mostró el relato de otra sobreviviente, Rosa Grilo, de 114 años, quien testimonió de esa manera ante la fiscalía. Se decidió emitirlo en esta audiencia ya que “quizá Rosa por su edad, no esté en condiciones de dar testimonio presencial, cuando el 3 de mayo se lleve a cabo la audiencia en Machagai”, explicó el fiscal Vigay a la jueza Zunilda Niremperger que preside el proceso. Rosa recordaba la tragedia, y al avión que sobrevoló la zona tirando “bolsa de caramelos” para que los más chicos se dispersaran por el monte. Había niños, mujeres embarazadas, ancianos, en esa reunión, esa mañana. Luego de una hora de metralla cerrada, quienes pudieron huir al monte fueron perseguidos y ultimados. Se cumplía la consigna que traían las fuerzas represivas: identificarlos, perseguirlos, matarlos.

Para concluir la audiencia se eligió emitir una instructiva entrevista de una hora a Juan Chico. “Fue el historiador qom más importante en cuanto a la reconstrucción de la Masare de Napalpí –indicó el fiscal Vigay— y tiene dos libros escritos sobre los relatos que hoy son elementos de prueba”. Los testimonios que recolectó reconstruyen en gran parte lo que fue la masacre. Pueden leerse en sus libros: “La voz de la sangre” y “Las voces del Napalpí". De hecho, Chico iba a ser uno de los testigos de este juicio, pero falleció el año pasado por coronavirus.

Al finalizar, la jueza Nieremperger indicó el cuarto intermedio hasta el martes 26. Ese día declararán seis testigos. Y se verán las entrevistas a Melitona Enrique y Rosa Chará que integran la lista de cincuenta testimonios entre familiares, sobrevivientes y académicos.