El 12 de abril pasado el gobierno provincial anunció la firma de un convenio con el Ministerio de Ambiente de la Nación para impulsar el reparto de casi cinco millones de dólares de fondos (específicamente UDS4.951.690), que provienen de las Naciones Unidas y la FAO, y que tienen por objetivo la conservación de los bosques nativos. Sin embargo, los fondos serán obstruidos para aquellos territorios que se encuentran judicializados y que en la provincia no son pocos. Según datos que se recabaron en un libro editado en 2013, entre 2004 y 2010 había unas 273 mil hectáreas judicializadas solamente en el área que quedaba en la jurisdicción judicial de Tartagal.

El secretario de Ambiente de la provincia, José Aldazábal, indicó a Salta/12 que la judicialización de un territorio será condición excluyente para poder ingresar a alguno de los 14 planes, que, se estima, serán beneficiarios del dinero para proyectos integrales comunitarios, de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI), cuenca forestal y fortalecimiento institucional. Los planes, que serán a su vez elegidos por un Consejo Consultivo, se enmarcan en el proyecto Pagos Basados en Resultados REDD+ del Fondo Verde del Clima.

De los 14 proyectos que se tienen previstos aprobar, dependiendo de cuales se presenten, 12 serán destinados a Santa Victoria Este (SVE), municipio del departamento Rivadavia. “La idea es que esa zona necesita un impulso para la recomposición de bosques”, sostuvo Aldazábal. Al ser consultado sobre si esa preeminencia del territorio tenía que ver con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que manda un ordenamiento del territorio entre las comunidades originarias y las criollas, entendió que es “para dar apoyo” a esa disposición internacional.

Respecto de las acciones que tienen que ver con la tala de madera, afirmó que se apunta a dar un agregado de valor a los productos que se extraen de los bosques.

La complejidad que particulariza a este territorio es la disputa entre poseedores (quienes viven y trabajan en el lugar) y titulares registrales (quienes aparecen en los papeles), que en ocasiones coinciden y en otras, no. La situación viene de larga data dado que no se logra regularizar a las poblaciones que viven, en algunos casos, desde hace al menos medio siglo en estas regiones sin haber accedido a la legalización de su posesión. 

Cuando se otorgaron fondos de la Ley de Bosques para “conservar”, durante 2010, hubo empresas que desmontaban o tenían juicios contra los poseedores, que terminaron siendo acreedoras de este dinero.

“Es para quienes se encuentren dentro de un registro en los organismos (estatales), más allá de que estén regularizados o no”, sostuvo Aldazábal al indicar que algunos podrán beneficiarse con los fondos sean o no titulares registrales, aunque sí deben ser poseedores. Sin embargo, fue contundente al sostener que “si hay conflictos judiciales no van a poder beneficiarse con estos fondos”.

“Más dudas que certezas”

Hay quienes entendieron que con el anuncio de estos fondos surgieron “más dudas que certezas”. Así lo indicó Ana Alvarez, coordinadora de Asociana (una de las organizaciones civiles que actúa en el Chaco salteño), e integrante de la Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF) al entender que se debería observar cómo se instrumentará la consulta previa, libre e informada para cada proyecto a presentar, dado que es un proceso que rige para las comunidades originarias. Respecto a este particular, Aldazábal aseguró que cada proyecto a presentar deberá garantizar esa instancia.

Alvarez añadió la necesidad del apoyo técnico a las familias campesinas, dado que precisan de alguien que pueda guiarlas en la gestión los proyectos, ante las distancias que los separan de los ámbitos en donde debe presentarse la documentación, además de los pasos burocráticos.

En cuanto a los fondos de la Ley de Bosques, entendió que la experiencia debe ser tomada como referencia. Es que aquel dinero llegó pese a que hubo desmontes ilegales y maniobras que terminaron por transformar áreas amarillas y rojas (que se debían conservar) en verdes (para desmontar) con las llamadas “recategorizaciones”. En este punto consideró que se debería generar un fortalecimiento en el monitoreo de desmontes ilegales, y los planes de recomposición obligatoria para quienes son titulares de las tierras.

En cuanto al MGBI, afirmó que es un sistema de manejo que “está en ensayo”, sin tener conocimiento cierto de si asegura el sostén de una matriz de bosque. Pues hay experiencias en las que “terminan quedando algunos árboles que no tienen renovales”. Ello sin dejar de lado la necesidad de apuntar a la conservación de la masa boscosa en la región chaqueña (que excede a la provincia de Salta) y en el país.

“No se tiene claro cómo se va a implementar esto”, dijo por su parte Silvia Molina de Bertea, de Tepeyac, otra organización civil que actúa en esta región. Como Álvarez, puso en consideración la instrumentación de la consulta previa, libre e informada.

Sostuvo también que es preciso contar con una “distribución equitativa” de los fondos no solo en SVE, sino también en Rivadavia Banda Sur y Banda Norte, además de Orán y San Martín. “Es necesario partir de propuestas que sean desde el territorio”, afirmó.

Añadió que es “posible plantear modelos distintos e innovadores más amigables con la biodiversidad y con el cambio climático y emisión de carbono”. Consideró que, pese a los desmontes que se hicieron, aún en Salta “tenemos el privilegio de contar con pueblos que tienen conocimientos ancestrales y un acervo cultural actual muy cercano con el monte”.

La judicialización

Uno de los problemas que se presentarán al momento de evaluar los proyectos, que Aldazábal sostuvo se prevén iniciar en un año tras el proceso de selección, es la judicialización de los territorios.

Según la sistematización que se expuso en el libro “Tierra Sin Mal”, de Walter Mioni, Gastón Godoy Garraza y Laura Alcoba, editado en 2013 por el INTA, la superficie afectada por diversos juicios al menos hasta 2010 era de un total de “273.108,5 Has (hectáreas) e involucra a 372 inmuebles”, concentrados en manos de titulares registrales según las cédulas, pero disputadas por poblaciones campesinas. 

Estas superficies surgen de un cruce de datos de juicios de desalojo, reivindicación y prescripción adquisitiva del Centro Judicial Norte de Tartagal (que en general incluían casos de los departamentos San Martín y Rivadavia), en causas radicadas entre 2004 y 2010.

Queda por saber qué sucederá con el avance de la regularización de las tierras que enmarca la Ley provincial N° 7658, que incluye al Programa de Regularización Dominial y que es prorrogada desde hace 12 años para evitar desalojos de familias criollas. El nuevo vencimiento de la prórroga del artículo 9 que permite suspender los desalojos opera en diciembre de 2023.