La "enfermedad inflacionaria" es un tema de compleja solución en el caso argentino. Los placebos aplicados no resultan ser efectivos y aquellos que perciben salarios formales e ingresos informales sufren el deterioro de su poder adquisitivo.

La Argentina es una formación económica social compleja, con algunas particularidades que dificultan sortear el problema de precios. Especialistas en la materia centran sus recomendaciones en "recetas técnicas" que contemplan uno o varios aspectos macro y microeconómicos de la problemática inflacionaria, olvidando que la economía es una ciencia social que involucra cuestiones cualitativas de índole estructural, social, histórico y político que escapan a la exactitud cuantitivista.

Esto quedó demostrado con el rotundo fracaso de las "soluciones monetarias" impuestas durante la etapa neoliberal. La aplicación de programas de "metas de inflación" y "base monetaria cero" trajo resultados negativos en materia de precios. La inflación llegó en el año 2019 al 54 por ciento, el pico más alto de los últimos 15 años. Si bien la emisión monetaria es una de las fuentes de aumento de los precios, la misma no debe ni puede considerarse como única y excluyente. Señalar que la inflación es el resultado de la "maquinita" para reducir el déficit fiscal es partir de un yerro. Existen otras fuentes inflacionarias que no tienen relación directa con causales internas.

Inflación importada

La Argentina forma parte del mercado mundial. Cualquier suceso económico distorsivo que se genere a escala internacional repercute en la economía local. Los últimos acontecimientos de mayor trascendencia fueron la pandemia y el actual conflicto bélico entre la Federación Rusa y Ucrania. Ambos sucesos han traído aparejadas consecuencias económicas globales.

La pandemia provocó un párate económico que ha marcado a fuego la historia de la humanidad. La falta de demanda mundial generó una disminución de precios en los bienes y servicios transables en el mercado internacional. A modo de ejemplo extremo, a mediados del año 2020 el petróleo llegó a tener un precio negativo, es decir se pagaba para que se consuma. La economía argentina no se mantuvo al margen, la inflación de ese año fue del 42 por ciento, es decir, un 11 por ciento menos que el año previo.

A partir del 2021, los indicadores macroeconómicos internacionales comenzaron a mejorar. El intercambio internacional cobró un paulatino dinamismo y ello se reflejó en el alza de los precios de los commodities. La inflación argentina escaló nueve puntos, finalizando el año con un índice del cercano al 51 por ciento.

Cuando el mundo avizoraba el fin de la pandemia, emergió en Europa del Este un conflicto geopolítico que terminó en una contienda entre Rusia y Ucrania. Esto provocó alzas en los precios mundiales de alimentos y combustibles y de las tasas de interés. 

En febrero del presente año, el precio del trigo era de 282 dólares por tonelada y en marzo la cotización alcanzaba los 368 dólares. El maíz pasó de 249 dólares a 291 dólares por tonelada y el aceite de soja, de 1433 dólares a 1693 dólares por tonelada. A su vez, el precio del millón de BTU de gas pasó de 23,7 dólares a 27,95 dólares y el barril de petróleo, de 90,4 dólares a 107,4 dólares. Los bancos centrales aumentaron la tasa de interés con el objetivo de paliar la escalada alcista de precios. Es decir, existe un problema de inflación importada, que, en un principio, no tiene un vínculo directo ni con la maquinita y tampoco con el déficit fiscal.

Política económica

Las autoridades nacionales pusieron en marcha medidas para contener el shock inflacionario externo. La intención es frenar la caída del poder adquisitivo, menguado por la inflación interna que en lo que va del año acumula un 16,1 por ciento.

Los instrumentos de política económica relacionados al sector externo estuvieron centrados en intentar desvincular el precio internacional del precio interno de ciertos bienes que forman parte de la canasta básica alimentaria. 

Se creó un fideicomiso para subsidiar las ventas internas de harina y fideos, constituido por 25 millones de dólares provenientes de las exportaciones de trigo, maíz y sus derivados. Asimismo, aumentaron los derechos de exportación para la harina y el aceite de soja del 31 al 33 por ciento y se incrementaron en un punto para el biodiesel. Lo recaudado tiene como destino un “Fondo Estabilizador del trigo argentino”, un fideicomiso que tiene como la meta disminuir el costo de la tonelada del cereal a nivel nacional.

Puja distributiva

La intransigencia del sector social "afectado" por las medidas políticas no se hizo esperar. Entidades del agro señalaron a los fideicomisos como "retenciones encubiertas" que afectarían a la producción por falta de previsibilidad. Respecto al aumento de retenciones y la creación del fondo estabilizador, advirtieron que no traería aparejado una baja en el precio del pan puesto que la incidencia del trigo y el molino en el valor final al consumidor no es significativa.

También se presentaron amparos judiciales para dejar de tributar derechos de exportación. Fueron una infinidad de argumentaciones que pueden contemplarse al momento de estudiar el fenómeno, pero que escamotea la verdadera batalla que es por el ingreso sectorial, es decir, por la renta. Efectivamente, el todo social no implica homogeneidad, igualdad y fraternidad. Todo lo contrario, las clases sociales se encuentran en una puja constante por la apropiación del ingreso.

Actualmente, los productos primarios y derivados cotizan a precios récords. El campo representa uno de los primeros eslabones productivos en la cadena de generación de valor. Negar su influencia inflacionaria significa contrariar una realidad objetiva. La formación de precios esta correlacionada con las condiciones distributivas del ingreso. El aumento de la renta vía inflación internacional implica la disminución de otros ingresos como son la ganancia y el salario.

La economía es política, en consecuencia es una ciencia social que contempla cuestiones cualitativas como son los intereses sectoriales de diferentes estamentos sociales y pujas de poder por la captación del ingreso. Es decir, la economía política pondera entre sus variables el conflicto existente en las relaciones sociales.

Existen causas internacionales y macro y microeconómicas internas por la cuales los precios aumentan. Pero también, los precios pasaron a ser un instrumento político que media en la beligerancia por el poder político y económico. Las acciones de política económica deben reparar en estas cuestiones. De no ser así, los resultados están a la vista: mayor concentración del ingreso, deterioro del salario formal y percepciones informales, pobreza e indigencia. En resumidas cuentas, perdida de bienestar social. Resulta necesario la adopción de medidas económicas ofensivas y no defensivas en función del resguardo del poder adquisitivo de las mayorías.

*Miembro del Observatorio de Comercio Internacional. Departamento de Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Luján.