Flavia tenía miedo porque un violador estaba suelto en su barrio, la hostigaba constantemente, temía por su propia integridad y la de sus hijxs y por eso decidió hacer pública la denuncia en redes sociales donde expuso al violador ante la inacción judicial. Unas semanas después familiares de Flavia atacaron físicamente a Fernandez sin que ella lo sepa y éste la denunció como autora intelectual del hecho.

En 2019 la justicia actuó rápidamente cuando en lugar de protegerla a ella y a sus hijxs la criminalizó y la condenó por “instigar” los golpes que recibió el violador en un caso flagrante de violencia judicial. “Flavia es inocente, quedó demostrado que no dirigió ningún ‘plan predeterminado de ajusticiamiento por mano propia contra el abusador de su hija’. Sin embargo fue condenada a 23 años de prisión sin pruebas. Los jueces aún sabiendo que Flavia tenía cinco hijxs menores ordenaron su inmediata detención y la retiraron esposada de la sala mientra gritaba ‘con quien se van a quedar mis hijos. Por favor que nadie se lleve a mis hijos’ y lloraba desesperada produciendo el estupor de propios y extraños en la sala de audiencia”, relató su abogado Carlos Gonzalez Quintana en noviembre de ese año cuando fue condenada.

Flavia permaneció siete meses privada de su libertad en la cárcel de Bouwer, hasta que le otorgaron la prisión domiciliaria y pudo reencontrarse con sus hijxs en Capilla del Monte, mientras que Fernandez continúa libre al día de hoy. La condenaron aun cuando sus hijxs están amparadxs por la ley que prevé prisión domiciliaria a las madres de menores.

“Afortunadamente estoy muy acompañada, tengo mucha ayuda de vecinas, vecinos, amigas y amigos, soy una eterna agradecida porque soy consciente que mi realidad no es como la de la mayoría de las mujeres que están con prisiones domiciliarias”, cuenta Flavia desde Córdoba en comunicación con Las 12. Se organizó junto a otras madres que se encontraban viviendo situaciones similares para exigir justicia y comenzó a formar parte de una Red nacional contra los abusos sexuales en la infancia.

“Desde el día que hice la denuncia nuestras vidas entraron en un proceso destructivo, no solo la mía, sino también las de mis cinco hijos, no solo en lo emocional y en lo económico, en todas las esferas, es un proceso destructivo y desgastante. Tuve que dejar mi casa de la cual soy propietaria porque vivía en un lugar muy alejado del pueblo, era una casa poco segura y el abusador de mi hija no paraba de hostigarnos, nos mudamos a un lugar bien céntrico para resguardarnos, a pesar de eso, él continuó el hostigamiento”, asegura.

En octubre del año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba rechazó el recurso de casación que presentó la defensa de Saganías en mayo del 2020 para que se revea la condena. El Tribunal tardó más de un año en responder y volvió a criminalizarla. Hoy Flavia solicitó a la justicia de Cruz del Eje, donde reside la causa, la extensión de la prisión domiciliaria que viene cumpliendo para poder hacerse cargo de la crianza de sus hijxs más pequeñxs, quienes ya cumplieron cinco años de edad y la justicia pondría fin a este “beneficio” que caduca.

“La justicia comparó a Flavia con una persona vengativa cuando solamente lo que estaba haciendo era proteger a su hija, a su familia y a ella misma, además de alertar al resto de la comunidad sobre el peligro que significa un violador suelto. Eso no fue admitido ni observado en el juicio y por hay una ausencia total de perspectiva de género. Nunca puso la mirada en la mujer y la niña que son víctimas en este caso. En ningún momento del posteo que hace en redes Flavia convoca públicamente a violentar a esa persona y está disponible en el expediente. No hay ningún elemento de convicción suficiente que de manera certera pruebe que Flavia fue la autora intelectual del ataque que sufrió este hombre”, explica el abogado.

¿Dónde está la justicia con perspectiva de género? ¿Qué avances hubo? ¿Por qué continúa sin aplicarse la ley Micaela? ¿Quién controla a jueces y juezas que no la cumplen? ¿Quién protege a las niñeces y a sus madres cuando la justicia no les cree?

“Una vez más nos encontramos con la violencia de género institucional a la que las madres protectoras son expuestas por acompañar a sus hijas en el resguardo de sus derechos. Vuelve a quedar en evidencia el accionar por fuera del debido proceso que es habitual en el que se incumple con las convenciones y normativas nacionales e internacionales en materia de género e infancia a las que el Estado argentino ha suscrito y el incumplimiento de la Ley Micaela. Es indignante que Flavia haya sido condenada a 23 años por lesiones graves, mientras que la pena recibida por genocidas es mucho menor”, reflexiona Alejandra Glatzel, integrante de la Asamblea por la absolución de Higui que acompaña a Flavia en la difusión de su causa.

Con respecto a la causa por la denuncia de violación que se encuentra en los tribunales de Cosquín, la defensa de Flavia tuvo que recurrirla tres veces para lograr que sea desarchivada, y aunque lo haya logrado al día de hoy no tuvo ningún movimiento, está totalmente parada. Lo paradójico es que cuando logró desarchivarla fue citada a declarar el 28 de noviembre del 2019 en lo que iba a ser el primer movimiento del expediente y un día antes la encerraron en la cárcel de Bouwer por considerarla autora intelectual del ataque a Fernández.

Ahora la condena que recibió Flavia llegó a la Corte Suprema. Esta madre protectora pone todas sus expectativas en que, por primera vez, la justicia la escuche: “Desde el 2017 cuando conté los abusos que padeció mi hija, ni ella ni yo fuimos escuchadas, espero que mi causa sea revisada con perspectiva de género algo que en la provincia tampoco sucedió, lamentablemente no soy la única en esta situación, esto es lo que pasamos la mayoría de las mujeres cuando denunciamos abusos.”

“La cantidad de años con que se castigó a Flavia en ese juicio no tiene precedente porque si nos ponemos a estudiar casos criminales en la Justicia argentina, como violaciones gravísimas incluso seguidas de muerte difícilmente alcancen una escala penal como ésta. Evidentemente el mensaje que ha enviado la Justicia cordobesa, en este caso es que no va a tolerar y va a ser extremadamente dura con aquellas personas que interpelen públicamente el accionar del poder judicial, porque lo que Flavia hizo no fue otra cosa que alertar a la sociedad que había un violador suelto en un pequeño pueblo del norte de Córdoba y que la justicia no hacía absolutamente nada frente a las denuncias que ella había formulado al respecto del abuso sexual de su hija. Cuando Flavia públicamente expone la inacción de la Justicia genera una reacción por parte del Poder Judicial que es extremadamente sádica como castigar a una persona con 23 años de prisión por haber hecho un posteo en Facebook donde escracha al abusador de su hija”, detalla el abogado Quintana.