Además de emprender "todas las medidas políticas y legales" para esclarecer un supuesto caso de espionaje a decenas de independentistas, el gobierno de Cataluña acudirá a la Unión Europea (UE) y a la ONU para "analizar la vulneración de derechos fundamentales". Así lo afirmó este miércoles la consejera de Acción Exterior de Cataluña, Victòria Alsina, en una rueda de prensa en Viena. Más tarde el presidente regional catalán y uno de los dirigentes presuntamente espiados, Pere Aragonès, amenazó con retirarle su apoyo al gobierno de Pedro Sánchez. El movimiento independentista catalán acusa al Estado español de haber espiado a más de 60 de sus líderes mediante el software israelí Pegasus, que solo puede ser adquirido por Estados o gobiernos, luego de que ese esquema fuera dado a conocer en un informe del centro de investigación canadiense Citizen Lab.
"La UE no puede permitir ningún doble rasero"
"No nos basta con un 'no sabemos nada' o 'no tenemos constancia'. Aquí hay personas detrás y se tiene que investigar", remarcó Alsina. "Estamos frente al caso de espionaje masivo más importante que se ha certificado alrededor del mundo en conexión a Pegasus y en Europa en todas estas últimas décadas", declaró la consejera catalana, quien resaltó que esta práctica afecta a ciudadanos catalanes en un periodo que "comenzó con el gobierno de Mariano Rajoy y continuó con Pedro Sánchez".
Para Alsina se trata de la vulneración de los derechos de ciudadanos europeos, por lo que "no sólo el gobierno catalán necesita una respuesta, también las instituciones de la UE". "Si el gobierno español no la tiene" se debe investigar lo sucedido "hasta las últimas consecuencias", subrayó Alsina, quien dijo considerar que, por su relevancia, ese "reclamo también debería provenir de la comunidad internacional".
"Pensamos que la UE no puede permitir ningún doble rasero aquí", resaltó Alsina al pedir que para cada Estado miembro valgan los mismos principios que se aplican cuando Europa critica a Rusia o China por espiar a sus ciudadanos. "A nivel internacional, acudiremos a todos los mecanismos que existen de Naciones Unidas, el Consejo de Europa y las instituciones europeas para que esto realmente sea analizado, estudiado y forme parte de una conversación más global en la medida en la que estamos hablando de derechos fundamentales", prometió la funcionaria catalana.
La defensa del Estado español
El gobierno de España había negado tajantemente haber espiado a decenas de líderes independentistas catalanes, quienes acusan al Estado de haber sido vigilados a través del software Pegasus. "Este es un país democrático y de derecho; aquí no se espía, no se intervienen conversaciones, no se intervienen informaciones si no es al amparo de la ley, del derecho", afirmó el martes la vocera del Gobierno, Isabel Rodríguez, en conferencia de prensa en Madrid.
Casi todos los incidentes con ese programa informático israelí, que permite leer mensajes y activar de manera remota la cámara y el micrófono de los teléfonos, ocurrieron entre 2017 y 2020. Entre los afectados figuran Pere Aragonès, por entonces vicepresidente y actual presidente de la región de Cataluña; los expresidentes catalanes Quim Torra y Artur Mas; eurodiputados, diputados del Parlamento regional catalán y miembros de organizaciones civiles independentistas, según Citizen Lab.
Aragonès advirtió que la relación política del gobierno de la comunidad autónoma con el central quedó "afectada" por este presunto espionaje, y amenazó al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, con retirarle el apoyo parlamentario de su partido, el ERC. "Nosotros podemos tener mucha paciencia, pero si no hay una asunción de responsabilidades, será muy difícil que esta estabilidad parlamentaria pueda continuar", disparó el líder catalán en una entrevista con la cadena de radio RAC1.
