Las familias qom y moqoit que habitaban la reducción chaqueña de Napalpí estaban atentas a las palabras de sus chamanes: predecían que, en caso de un conflicto armado, las balas de los blancos no penetrarían en sus cuerpos y que quienes muriesen volverían en el acto a engrosar las filas de la huelga con la que resistían a las inhumanas condiciones laborales a la que estaban sometidos.
Poco después del amanecer del 19 de julio de 1924, un avión sobrevoló la reducción dejando caer mercadería. Quienes salieron a buscarla fueron acribillados. Una partida de más de un centenar de policías, estancieros y civiles ultimó a los que quedaban vivos. Murieron entre quinientos y mil miembros de la comunidad.
Quienes cayeron no resucitaron; sin embargo, el testimonio de sobrevivientes, la historia oral y la tradición de estos pueblos hoy se desentierran de un silencio sobre el que pesan casi cien años de olvido voluntario por parte de la Justicia y serán elementos que contribuyan a reconstruir los hechos en el Juicio por la Verdad de la Masacre de Napalpí, cuya primera audiencia fue el martes 19 de abril.
Desde el ámbito universitario, las investigadoras Teresa Artieda y Mariana Giordano, de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), tuvieron un rol clave en la documentación histórica del sojuzgamiento de las familias y testimoniarán en el proceso. También lo hará Nicolás Iñigo Carrera, historiador del Instituto Ravignani, dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Silvana Turner, docente de la UBA e integrante del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), trabaja en la búsqueda de los cuerpos en la actual Colonia Aborigen Chaco.
La continuidad de la violencia
Enrique Lynch Arribálzaga fue el director de la reducción de Napalpí, fundada en 1911, un establecimiento agrícola-industrial asentado sobre un espacio sagrado para la comunidad ubicada en el centro del antiguo territorio nacional. Su objetivo, como pudo demostrar la investigación de Artieda, era “la incorporación de los miembros de esa comunidad a los estratos más bajos de la estructura de un capitalismo en expansión”.
Artieda es profesora de la UNNE y se especializa en historia de la educación argentina y, dentro de esa área, pone la lupa sobre los pueblos originarios. Ella y su equipo investigaron los registros y documentos de Lynch Arribálzaga y los informes posteriores de la Comisión Honoraria de Reducciones Indígenas, que era el organismo estatal a cargo de esas poblaciones. Sus trabajos agregan una dimensión simbólica a los estudios en torno a la masacre, cuya profundidad es imprescindible para comprender los diferentes matices de violencia ejercida contra las comunidades.
“Pudimos comprobar que la reducción en sí misma funcionó como una institución de educación total: su objetivo es la transformación de los sujetos, no sólo dentro de la escuela y en la infancia, sino de todos los sujetos”, sintetiza Artieda.
La investigadora subraya que se trató de un “proyecto de regeneración”, corrosivo para todos los órdenes de la vida de los individuos y cuyo propósito era dinamitar sus sistemas de pensamiento y de religiosidad, su relación con la naturaleza y sus concepciones de la libertad, la salud y la vida.
El escenario de la matanza había sido antes un territorio de encuentro político y religioso para los pobladores de la región. Sobre él se había instalado un fortín. Encima de este, en 1911, se enclavó la reducción. En ese sentido, Artieda habla de capas de “violencia sobre violencia”: “Sobre esa especie de templo se irán instalando esos espacios de intervención en el territorio originario de los indígenas. En sí mismos, esos edificios rudimentarios son modos de educar. Quiebran el territorio natural y varias cuestiones relativas a la relación centenaria con el terreno, por ejemplo, el paso sin obstáculos”.
Ese es el telón de fondo sobre el que se despliega el intento de exterminio de 1924; ante la resistencia y la impermeabilidad frente a estos embates culturales, y dada la huelga contra las condiciones esclavistas que pretendían imponerles, se pasa a otra forma de violencia. “La destrucción de los cuerpos puede pensarse como un continuum de la destrucción simbólica; son matices de un tratamiento a estas poblaciones”, explica Artieda.
El vuelo de la muerte
La desestimación de la voz originaria, sostenida hasta hace poco por parte de la Justicia, llegaba al punto de negar la existencia del avión que sobrevoló la reducción, un común denominador en el relato de varios sobrevivientes. Gracias al trabajo de Mariana Giordano, investigadora del CONICET y docente de la UNNE, esa voz tiene algo más que la memoria sobre lo que apoyarse: fotos.
Hacia finales de los años noventa del siglo pasado, Giordano trabajaba en su tesis doctoral acerca del discurso y la imagen sobre el indígena chaqueño. Fue durante ese período que tuvo sus primeros acercamientos al tratamiento periodístico de la masacre. A partir de allí, se dedicó al registro fotográfico, con la mira puesta en el cruce entre la historia del arte y la antropología visual. “En ese contexto, trabajé mucho con fotografías de antropólogos que habían estado en el Chaco”, señala.
A lo largo del extenso corpus de artículos e imágenes que revisó, se repetía un nombre: Robert Lehmann Nitsche, un médico y etnólogo alemán, que permaneció en Argentina durante más de cuarenta años. Giordano sabía que Lehmann Nitsche había sido testigo de la masacre. Sabía, también, que el médico viajaba siempre con una cámara. Sin embargo, las fotos de ese día no aparecían.
La investigadora intentó sin éxito acceder al archivo del Museo de La Plata y recurrió a una amiga que viajaba al Instituto Ibero-Americano de Berlín para que preguntase allí si existía alguna foto registrada con la palabra “Napalpí”. Ese intento sí prosperó. Tras varias gestiones, le enviaron una serie de fotos, entre ellas, una de un avión biplano. Una referencia en la imagen, manuscrita en alemán, despejaba toda duda: “Avión contra levantamiento indígena en Napalpí”. Había otras que retrataban a indígenas con un pañuelo blanco atado al brazo.
La investigadora le mostró las fotos inéditas a dos referentes indígenas que habían llegado a su oficina del CONICET, a raíz de sus trabajos anteriores. “Les mostré esas catorce fotos que había recibido. Fue una experiencia muy fuerte. Juan Chico –un activista qom, principal impulsor del juicio– reconoce el pañuelo blanco como un signo indicado por su abuela, sobreviviente de la tragedia, que distinguía a quienes estaban con la administración de los que estaban por fuera”, recuerda Giordano.
A partir de ahí, las fotos comenzaron a tener otra vida. Se hicieron muestras en la comunidad y se trabajó en el fortalecimiento y la reconstrucción del relato oral de los sobrevivientes. Se dictaron conversatorios y seminarios. Al inició la investigación llevada por el Juzgado Federal N°1 de Resistencia, tanto las fotografías como el extenso material de archivo recopilado por Giordano y otras investigadoras fueron entregados como prueba y serán tenidos en cuenta en el proceso judicial.
Otras líneas de investigación
Cuando Nicolás Iñigo Carrera visitó lo que hoy se conoce como Colonia Aborigen Chaco, hace casi medio siglo, eran muy pocos los habitantes que se atrevían a mencionar la matanza: “Era muy notable que nadie quería hablar de ese hecho. Todavía en aquel momento había varios sobrevivientes de la masacre. Era como un hecho maldito, que no se podía nombrar”, subraya.
El historiador, integrante del Instituto Ravignani, había viajado para analizar las formas de coacción del capitalismo sobre las culturas originarias de aquella zona. Sus estudios desembocaron en el libro La violencia como potencia económica, editado en 1973.
Carrera detectó varios mecanismos puestos en marcha tanto por el Estado como por el empresariado, para integrar a los qom y moqoit a los engranajes del capitalismo: “Cuando el Gobierno nacional decidió impulsar la industria algodonera del Chaco, los originarios, por ese entonces, trabajan yendo a la zafra azucarera. Se les prohibió ese trabajo, dejaron de comprarles leña y anularon los campos de caza que se les habían asignado. Era como un embudo que los llevaba a trabajar en la cosecha”.
Si bien su análisis no se enfocó específicamente sobre lo sucedido en Napalpí, su libro constituye uno de los primeros acervos de datos y testimonios en torno a la masacre, y por ello será uno de los investigadores que presten testimonio durante el juicio.
A pesar de todo el trabajo de recopilación e indagación profunda y transdisciplinaria que se hizo para reconstruir la masacre, sus restos, los cuerpos de las mujeres y hombres asesinados, continúan sin aparecer. En su búsqueda, trabaja el Equipo Argentino de Antropología Forense, que por primera vez aborda una investigación sobre violaciones a los derechos humanos de una comunidad originaria en Argentina.
A partir de una convocatoria del fiscal, el EAAF se puso en contacto con los miembros de la comunidad y comenzó a excavar en los puntos del territorio donde los sobrevivientes indicaban que podrían estar los cuerpos.
“Lo que hicimos fue verificar esos posibles lugares a través de la exploración manual. Cubrimos las áreas donde se presumía, en base a testimonios, que podían ser zonas de entierro”, detalla Turner, integrante del EAAF y profesora de la Facultad de Medicina de la UBA.
El equipo pudo hallar parte de un cuerpo, cuya asociación genética coincide con otros restos recogidos por excavaciones de investigadores locales, pero continúa en la búsqueda de una fosa común.
“Habiendo agotado las fuentes testimoniales, ahora hay que implementar otro tipo de estrategias; más en extenso, con otras técnicas arqueológicas y geofísicas, para continuar con la tarea. Esto no quiere decir que la fosa no esté”, explica la antropóloga.
Carrera y Turner coinciden en la importancia de estos trabajos y en su dimensión reparadora para la comunidad: “La academia tiene que insertarse en los problemas de la sociedad”, subraya Carrera, al tiempo en que Turner enfatiza en el valor de “recuperar la verdad, la memoria y hacer que estos casos se conozcan, a pesar de que no haya personas para procesar”.
El juicio
El 24 de febrero de este año, la jueza federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, fijó las pautas para este debate histórico, en línea con los requerimientos de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de esa jurisdicción: los delitos serán juzgados como crímenes de lesa humanidad y se desarrollarán dos audiencias semanales, a realizarse con público en un auditorio de la capital chaqueña, Asu vez, serán transmitidas por medios digitales para garantizar el acceso remoto desde todo el país. La fecha de inicio --19 de abril-- coincidió con el Día del Aborigen Americano.
El proceso se desarrolla luego de una extensa etapa de investigación, comenzada en 2014, en la que se recogieron las voces de los sobrevivientes y se reunió el extenso cúmulo de documentación histórica al que se suman las investigaciones de los distintos sectores de la academia.
Mariana Giordano presentará su testimonio el 26 de abril, Teresa Artieda lo hará un día después y Nicolás Iñigo Carrera expondrá el 10 de mayo.
