Mientras comenzaba el juicio de extradición del fotoperiodista argentino Facundo Molares Schoenfeld, reclamado por Colombia por haber integrado las FARC, numerosos organismos de derechos humanos le plantearon al gobierno nacional su "viva inquietud por la situación" de Molares, a quien definieron "como preso político". En tal sentido, "independientemente de lo que el Poder Judicial resuelva, aún en el caso de que éste considere a derecho la extradición", Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos solicitaron "que el Gobierno, en ejercicio de sus facultades, deniegue su entrega por razones políticas y humanitarias".

El juicio comenzó con la declaración testimonial de Hugo Molares, padre de Facundo, quien aseguró que "jamás se le anunció" a su hijo "que estuviera prófugo de algo" en Colombia y que, pese a haber "un problema" con su documento, fue inscripto como "Camilo, el argentino" en las listas que las confeccionaban con sus miembros amnistiados luego de los Acuerdos de Paz de 2016.

En ese contexto, los organismos de derechos humanos dirigieron su reclamo a la Cancillería y recordaron que "Molares estuvo preso en Bolivia durante la reciente dictadura golpista, que allí fue muy maltratado, cayó enfermo y que finalmente se logró su repatriación por gestiones del propio gobierno argentino". Y marcaron que "ahora, esta vez en su tierra, nuevamente sufre cárcel, en esta oportunidad por el requerimiento colombiano, que le imputa supuestos delitos políticos respecto de los cuales correspondería la intervención de la Jurisdicción Especial para la Paz creado especialmente para entender en esos casos; sin embargo, el pedido viene de un fiscal común, lo que de por sí expresa la clara animadversión hacia esa persona". A criterio de las Madres, las Abuelas y las demás agrupaciones, "no debe hacerse lugar a la extradición, ya que el requerimiento es por causales políticas, excluidas expresamente por la Ley de Colaboración Judicial Internacional".

La otra cuestión que invocaron son las razones humanitarias, porque "producto de torturas sufridas en Bolivia su estado de salud es muy delicado y requiere la atención constante y especializada que nos tememos con fundamento, conociendo las cárceles colombianas, no le dispensará". De hecho, la Mesa de Solidaridad de Facundo Molares insiste en que la extradición sería una "pena de muerte encubierta". 

A criterio de los organismos, "Colombia se ha ganado una triste fama como violador de los derechos humanos, no pasa día sin registrarse el asesinato de algún dirigente social o un excombatiente desmovilizado, además de las periódicas masacres colectivas perpetradas por las bandas criminales paramilitares impulsadas o al menos toleradas por el Gobierno, que invariablemente quedan en la más absoluta impunidad. Es decir, terrorismo de Estado". Por eso, temen "con fundamento por la suerte de Molares si fuera entregado a quienes lo tienen como un enemigo político", dice la nota firmada también por Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Asamblea Permanente por los derechos humanos La Matanza, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y Asociación Buena Memoria.