Desde Santa Fe
Los fiscales Ezquiel Hernández y Mariela Jiménez que investigan al ex ministro Marcelo Sain y a su equipo ya sumaron el cuarto fallo judicial en contra por retacear a las defensas el “acceso total” a la causa, sin restricciones. El juez de la Cámara Penal de de Santa Fe Jorge Andrés resolvió en la misma línea que ya lo había hecho su colega del tribunal, Sebastián Creus, quien levantó el “secreto del sumario” y ordenó a Hernández y Jiménez entregar a los abogados defensores “todos los documentos”, “constancias del legajo” y “toda la información que hayan reunido” en un plazo de cinco días hábiles que ya se cumplió. Así, ya son cuatro los magistrados que ordenaron a los fiscales exhibir las supuestas pruebas, si es que las tienen, para que sus investigados sepan por qué los investigan: el juez Jorge Patrizi (que levantó el secreto de la causa, el 10 de febrero), su colega de primera instancia Pablo Busaniche (que resolvió lo mismo, el 21 de febrero) y los camaristas Sebastián Creus (que confirmó la resolución de Patrizi, el 30 de marzo) y Jorge Andrés (que convalidó el fallo Busaniche al considerar que el incidente ya estaba resuelto, por lo tanto, la queja de los fiscales era una “cuestión abstracta”, y así lo declaró).
El cuatro a cero en contra de los fiscales se explica por uno de sus últimos operativos. Cuando Creus decidió unificar el tratamiento de tres recursos que estaban en trámite en la Cámara –entre ellos la apelación fiscal al fallo Patrizi-, Hernández y Jiménez impulsaron un cuarto planteo en primera instancia para mantener la “reserva total” de la causa Sain. Pero el intento fracasó porque Busaniche resolvió lo mismo que ya había dispuesto Patrizi diez días antes: rechazó “el pedido fiscal de reserva total del legajo de investigación” y ordenó a Hernández y Jiménez “seguir las actuaciones según su estado”.
Los fiscales apelaron la resolución de Busaniche, pero como el recurso ya no se podía unificar con los que consideraba Creus, se tramitó por separado, en el despacho del juez Andrés. El 30 de marzo, Creus confirmó la resolución de Patrizi y ordenó que las defensas tengan el “acceso total” a la causa, “sin restricciones” y les dio a los fiscales Hernández y Jiménez un plazo de cinco días hábiles para que cumplieran la orden.
Ante esa situación, en el otro recurso, el juez Andrés consideró que el pedido de Hernández y Jiménez de mantener la “reserva total” de la causa era una “cuestión abstracta” porque Patrizi ya había levantado el “secreto" el 10 de febrero y Creus lo confirmó el 30 de marzo.
Incluso, Andrés advirtió que en la apelación, Hernández y Jiménez no pudieron probar la existencia de “motivos excepcionales” o “nuevos” que justificaran mantener la “reserva total” de la causa, como pedían. Por lo tanto, al “no existir materia nueva a resolver” en la Cámara, “se torna inoficioso el tratamiento del recurso”.
“No corresponde al Tribunal emitir pronunciamientos inoficiosos, inútiles o abstractos”, dijo Andrés y al “no haber materia a resolver”, declaró “abstracta la cuestión planteada” por Hernández y Jiménez.
Esta semana, los fiscales recurrieron fallo Creus con un “recurso de inconstitucionalidad” que si el juez lo rechaza los obligará a apelar ante la Corte Suprema de la provincia en queja. Entre otras cosas, Creus dijo que asociar la pesquisa de Hernández y Jiménez con un supuesto “espionaje ilegal” es una “exageración”. “No hay información brindada” por los fiscales que “permita siquiera afirmar con algo de suficiencia la tipicidad de estas conductas en los términos de la ley 25.520 de Inteligencia Nacional” y si eso fuera así, “se debería poner en cuestión la competencia de la justicia ordinaria” porque la causa debería tramitar en el fuero federal. “En este sentido, aún cuando se comprenda la utilización publicitaria de términos como ‘espionaje’, en el contexto de intereses particulares proselitistas, no cabe duda que resulta una exageración”, sentenció el magistrado.
