La Convención Constitucional de Chile aprobó el derecho a todas las personas a una muerte digna, por lo que la iniciativa pasará a formar parte del borrador de la nueva Constitución. Sin embargo, la versión avalada no incluye un inciso que se podía considerar puerta de entrada para la eutanasia.

El derecho a una muerte digna logró el respaldo de 116 votos (necesitaba 103), mientas que recibió 24 en contra y 11 abstenciones. El segundo inciso de la norma establece que el Estado deberá garantizar el acceso a tratamientos o cuidados paliativos a “todas las personas portadoras de enfermedades crónicas avanzadas, progresivas y limitantes de la vida”.

De los cuatro incisos referidos a la muerte digna, dos fueron rechazados por el plenario, por lo que deberán ser revisados y modificados en su respectiva comisión para, luego, volver a ser considerados por la Convención.

Entre los incisos no aprobados, generó debate el que señalaba que “la Constitución asegura el derecho de las personas a tomar decisiones libres y autónomas sobre su vida, sus cuidados y tratamientos, con pleno respeto a su cultura, creencias y espiritualidad”. El texto recibió críticas del sector más conservador, que lo interpretó como una posibilidad de acceder a la eutanasia.

“Muerte digna es el nombre que se le da a la propuesta de eutanasia”, aseveró Ruth Alvarado, convencional de Vamos por Chile. Según la legisladora, el texto que elabora la la Convención “se está convirtiendo en una verdadera Constitución de la soberbia”.

Por su parte, la convencional Carolina Videla, de Chile Digno, subrayó la importancia de avanzar en medidas referidas a las decisiones sobre la propia muerte. La dignidad es “algo de lo que esta Convención tiene que hacerse cargo, para que quede establecido en la nueva Constitución”, declaró.

En la misma línea que Videla, la convencional Carolina Sepúlveda (Independientes No Neutrales) sostuvo que las personas merecen morir dignamente “sabiendo que ya cumplió una etapa de su vida y no ver cómo la persona se marchita”.

Hasta el momento, son dos los incisos que ya pasaron al borrador de la Nueva Constitución, cuyo plazo de entrega fue establecido para el 4 de julio. Luego, tendrá que ser aprobado en un plebiscito de salida obligatorio, que se realizará el 4 de septiembre de este mismo año. Si el texto es aprobado, dejará finalmente atrás a la actual Constitución, redactada en 1980, durante la dictadura de Pinochet (1973-1999).

Este inédito proceso constitucional, democrático, paritario y con la participación de los pueblos originarios, fue posible tras las movilizaciones y masivas manifestaciones del denominado estallido social de octubre de 2019, que llevaron a un acuerdo con la mayoría de los partidos del oficialismo y oposición para redactar una nueva carta magna.