Hace un mes que el Partido Popular se llevó puesto a su presidente (hoy ex) Pablo Casado, que nació como niño mimado de los barones y adalid de los postulados de la derecha más furibunda en España. No tuvo mejor idea que acusar de corrupción a su contrincante más dura a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid por el PP. Una acusación con fundamentos, pero que terminó siendo un bumerán, ya que los barones del P.P. le pidieron la renuncia a Pablo Casado, acto que realizó.

Lo que llama la atención es que una vez que se eligió nuevo presidente del PP, se retomaron las acusaciones de corrupción contra Isabel Díaz Ayuso, acusaciones que le imputaban compras con sobreprecio (por familiares y/o conocidos de ella) de elementos indispensables durante la pandemia, compras que, presuntamente, se habían realizado por supuestos proveedores de la Comunidad de Madrid, con el sugestivo detalle de que ninguno de dichos “proveedores” lo había sido nunca, y menos de la comunidad madrileña.

Entonces, ¿por qué lograron la destitución de Casado? Claramente para disciplinarlo, pues no podían permitir que ninguno de ellos, y menos un presidente, exhibiera públicamente la corrupción del Partido Popular.

El 48,8% de todos los casos de corrupción de la política española son del PP (web Casos aislados). Una vez eliminado Pablo Casado, dejaron que la prensa continuara con su tarea informativa sobre Isabel Díaz Ayuso e instalaron en la presidencia del partido a un gran barón, Alberto Nuñez Feijóo, que en su historial tiene relación con Marcial Dorado, contrabandista de tabaco, hoy preso por narcotráfico y uno de los responsables de la droga en Galicia.

Luego de semejante cimbronazo, salieron a luz los casos de ciberespionaje utilizando el sistema Pegasus de alta tecnología realizado en Israel y que sólo se puede vender a Estados. Sin embargo, hasta el día de la fecha se sabe de su uso para investigar la vida privada de 60 políticos independentistas catalanes, situación que se ha llamado 'Catalangate'.

La posición que asuma el PSOE sobre esta comisión de investigación sobre el uso de Pegasus marcará definitivamente las relaciones de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) con el Gobierno de Madrid. Si los socialistas bloquean la constitución de la comisión sobre el 'Catalangate' haciendo la pinza con los partidos de la derecha, ello podría causar una implosión de la mayoría de la investidura y quizás de la legislatura. El Govern catalán no puede pasar por alto semejante situación y no puede no exigir la clarificación de dicho espionaje, ya que Pegasus no sólo es, como digo más arriba, un sistema que sólo lo pueden usar los Estados, sino que, mediante el uso de esa tecnología, fueron investigados políticos catalanes por el simple hecho de ser independentistas y sin la pertinente orden judicial.

En suma, castigar al que denuncia la corrupción (Casado) y no hacer nada frente al escándalo que significa espiar la vida privada de los adversarios, constituyen un flaco favor que se le hace a la democracia. El fruto regio de tales extravíos no puede, así, ser otro que el desánimo y el descrédito de las instituciones. Fresco está aún un tema que se suma a las actuales aberraciones: el de las libretas de Bárcenas, en las que consta, por escrito, el pago trucho a Mariano Rajoy (que los jueces todavía no saben quién es). Eso se llama corrupción y si, luego de varios años, los jueces no han castigado a nadie, después nadie puede sorprenderse que todo esto tenga implicaciones sociales desestabilizadoras. Las extremas derechas medran en este fango que, para ellas, es tierra fértil.

Josep Puig Bóo es President Mutual Catalana