Tras el freno, dispuesto por dos jueces federales, al decreto que prohibía el ingreso a territorio norteamericano, por noventa días, de ciudadanos provenientes de Yemen, Libia, Irán, Somalía, Sudán y Siria, el presidente Donald Trump decidió jugar su última carta para restablecer la vigencia de medida y le pidió a la Corte que se pronunciara sobre el caso.
"Hemos pedido al Tribunal Supremo que tome este importante caso y estamos confiados en que el decreto del Presidente se encuadra dentro de sus atribuciones legales para mantener la seguridad de la Nación y proteger a nuestras comunidades del terrorismo", anunció el portavoz del Departamento de Justicia.
En su momento, la Casa Blanca había defendido la iniciativa oficial por el "contexto de intolerancia, animosidad y discriminación” imperante en el mundo. Ahora, la administración Trump precisa que al menos cinco de los nueve jueces de la Corte, que no tienen un plazo para pronunciarse, voten a su favor.
