Un arquitecto ducho y conocedor de las vueltas del mercado consolaba recientemente a un cliente amigo, que se había puesto nervioso después de comprar una casa. El arquitecto le explicó a su amigo que había hecho una buena inversión porque había comprado la tierra, porque el terreno era suyo y porque no importaba qué hubiera ahí, lo que importaba era tener el lote. La ciudad es limitada y finita, explicó el arquitecto, los terrenos se acaban, la lógica del mercado indica que cada vez subirán más de valor porque cada vez serán más escasos los disponibles.

El profesional mostraba un realismo notable y tenía razón. De paso, explicaba en lenguaje sencillo el por qué del constante rondar de los especuladores por cada pedazo de tierra grande que le quede a nuestra Buenos Aires. El macrismo es orgánicamente parte de la industria de la especulación inmobiliaria, comulga con sus intereses y prioridades, y por eso vive metiéndose en problemas de todo tipo para habilitar espacios nuevos y rentables.

Este mes, la juez Andrea Danas, a cargo del juzgado 9 contencioso, administrativo y tributario porteño, acaba de pararle la chata al macrismo en una habilitación de negocios masiva que se estaba saltando a los vecinos. El proyecto toma un terreno de siete hectáreas en Colegiales -un barrio que, parece, ya no existe para el gobierno porteño, que ahora dice que es Palermo- donde se abrirían, en condicional, espacios verdes pero se construirán, sin condicional, cien mil metros cuadrados de vivienda y locales. El ejecutivo de la Ciudad envió este curretón a la Legislatura en diciembre pasado con el número 3884, y se “olvidó” de que hacía falta llamar a audiencias públicas. La juez Dantas no se olvidó, porque está en el artículo 63 de la constitución porteña, donde dice que “antes del tratamiento legislativo de proyectos de normas de edificación, planeamiento urbano, emplazamientos industriales o comerciales, o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos” hay que escuchar a los vecinos.

Dantas tomó el tema por un amparo presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el Movimiento Comunero, alarmados por la masividad del proyecto para el llamado Distrito de Zonificación U Estación Colegiales. El Ejecutivo quiere llamar a un concurso público de iniciativas para crear un master plan, pero ya decidió la superficie a construir y la altura de los edificios, de 25 metros u ocho pisos, y con el nefasto detalle de que la “superficie absorbente” -el verde, la tierrita- no puede ser menor que el 45 por ciento. Esto de llamar a concursos y hacer master planes es una manera de disimular que más de la mitad de la tierra se va a construir y también de dejar todo en manos de expertos, lejos de todo debate público.

El amparo recuerda que la comuna 13 es de las que menos espacio verde tiene, apenas 0,7 metro cuadrado por persona, unas veinte veces menos que lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Un gobierno responsable estaría ansioso por corregir esto creando un parque de 70.000 metros cuadrados, pero el macrismo en funciones sólo ve la posibilidad de habilitarle un terrenazo a sus socios naturales. De hecho, hay otros dos proyectos legislativos para el lugar, ambos construyendo un mínimo de infraestructura pública, creando verde accesible y espacios para actividades comunitarias y culturales.

No extraña que estos terrenos, de propiedad de la Nación, sean traspasados a la Ciudad para su privatización por ese otro profesional de la industria, Mauricio Macri. No es por nada que IRSA, la monopolista de los shopping argentinos, puede insistir desde 2008 en quedarse con los terrenos ferroviarios de Caballito para hacer un inmenso centro comercial. Ya se presentaron cuatro proyectos buscando esto, todos presentados por el Ejecutivo, que ya parece el abogado y gestor de la empresa, no un árbitro de la cosa pública. Cuatro veces fue rechazado el tema, cuatro veces volvió a la carga nuestro gobierno en nombre de IRSA. 

Y quien crea en las promesas de este gobierno, puede recordar un caso mucho más chiquitito y barato que los terrenos ferroviarios. La ex legisladora porteña María José Lubertino acaba de denunciar penalmente a Rodríguez Larreta, a su ex ministro de Cultura Hernán Lombardi, al todavía director de Museos, Patrimonio y Casco Histórico Guillermo Alonso y a los dueños de la ex confitería Richmond por haberse pasado por las partes el modesto compromiso de permitir una zapatillería en el histórico local a cambio de mantener un rincón que recordara cómo fue el lugar. 

Cuando cerró la Richmond, en 2011, fue como una huida de los dueños, con mozos en la calle y demás irregularidades. Lubertino hizo la denuncia y en 2012 la justicia decidió que la confitería sólo podía reabrirse en otro rubro bajo tutela de Lombardi. El fallo de junio de ese año hasta avisaba que toda “vía de hecho” -en criollo, galerazo- abría la vía penal. La confitería fue destruida, con sus mesas de billar perdidas, sus boisseries arrancadas y sus arañas esfumadas, excepto por un patético rincón con una araña y una cafetera. Ahora, ni eso quedó. Una pregunta que hace la denuncia presentada en el juzgado Criminal y Correccional 42, de la juez María Lanzó, es si el rincón fue desaparecido con permiso municipal o de facto nomás. 

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