El Senado salteño prestó ayer su visto bueno definitivo para que la Ley de Consenso Fiscal 2021 sea promulgada. Lo hizo tras recibir hace unas semanas el proyecto, que llegaba con media sanción de la Cámara de Diputados, y unos días más tarde de que el ministro de Economía y al secretario de Ingresos Públicos dieran detalles del Consenso Fiscal que firmó Gustavo Sáenz junto a otros 23 gobernadores (Solo Ciudad Autónoma de Buenos Aires se negó a hacerlo) a fines de 2021, y hablaran de las ventajas que le da a la provincia y cómo se está implementando internamente.

Marcelo García, como presidente de la Comisión de Economía, Finanzas Públicas, Hacienda y Presupuesto, explicó que ese acuerdo nacional ya se venía practicando a través de un decreto del gobernador días después de haber firmado el Consenso junto al Presidente, pero que necesitaba la ratificación por parte de la Legislatura.

En su alocución, repasó rápidamente otros consensos, como el de 2017, durante la gestión Cambiemos, en la que se eliminó el impuesto a las Cooperadoras Asistenciales, medida que tanto dolor de cabeza le generó a los municipios por haber perdido ese ítem que se destinaba a los sectores más vulnerabilizados de la sociedad: “obviamente que benefició a los comerciantes con más de dos empleados, pero perjudicó a los vecinos que recibían esa ayuda de parte de los ejecutivos municipales”.

Recordó que el de 2020 “se adecuaba a los tiempos que corrían debido a la crisis que desató la pandemia. Mientras que el último Consenso firmado “traerá algunas ventajas para el gobierno de Salta”, entre los que destacó que impide que se sumen nuevos impuestos y que pone un tope a las alícuotas de estas tasas “para otorgar seguridad jurídica y la oportunidad de generar nuevos empleos”.

Luego de recibir el visto bueno de la Cámara Baja, el titular de la cartera de Economía, Roberto Dib Ashur, acompañado del secretario de Ingresos Públicos, Diego Dorigato, asistieron a una reunión con los senadores para dar detalles del proyecto y pedir su acompañamiento.

Los funcionarios explicaron que tras la firma del primero de ellos en 2017, cuando el gobierno de Mauricio Macri prometía un aumento de la actividad económica y por ende decidió bajar los cánones a las actividades económicas y sellos, se firmaron otros en 2018, 2019 y 2020, suspendiendo esa reducción ante la imposibilidad de cumplir tales metas de disminución de la presión fiscal.

Ante esta perspectiva, el Consenso firmado en 2021 eliminó el cuadro de reducción de alícuotas, para no tener que suspender todos los años. Pero se puso un tope en todas las provincias, y la reducción tributaria quedó para más adelante.

El acuerdo también habla sobre responsabilidad en materia fiscal y de endeudamiento; y lucha contra la evasión, lo que se suma a otras medidas, como la adhesión de Salta al Monotributo unificado; el trabajo para establecer una base uniforme en materia de valuación de inmuebles y los avances que se gestan en materia de coparticipación.

Pero para otorgar un marco de seguridad, Dib Ashur y Dorigato aseguraron que este Consenso Fiscal no implica para la provincia aumento de impuestos ni alícuotas, ni crea nuevos tributos, “ya que se siguen aplicando las vigentes desde 2021”.

Para incluir a la discapacidad

También se sancionó un proyecto que llegaba de Diputados y que tiene por objeto establecer la formación y capacitación obligatoria, continua y permanente en la temática de discapacidad para las personas que se desempeñen en todos los niveles y jerarquías de la Administración Pública Provincial, centralizada o descentralizada y organismos autárquicos, empresas y sociedades del Estado y sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. Así como en el Poder Legislativo, Judicial y el Ministerio Público de la provincia de Salta.

El presidente de la comisión de Salud, Manuel Pailler, celebró su sanción y destacó la importancia de una normativa “que busca eliminar las barreras que sufren las personas con discapacidad”, entre las que destacó las físicas, “cuando no pueden ingresar a un edificio público”, pero también por el trato que muchas veces reciben por parte de los agentes públicos.

Las capacitaciones serán para todos aquellas personas que tienen trato con el público y para los cargos de mayor jerarquía “para la creación de políticas públicas que contemplen las distintas situaciones”. La ley también invita a los municipios a adherir para avanzar en la inclusión en cada localidad.