El miércoles último por la mañana ocurrió un nuevo intento de avance de parte del gobierno provincial de Gerardo Morales sobre el territorio ancestral de la comunidad Querusiyal, de la localidad de Tilcara. Desde 2016 familias de la comunidad sufren el hostigamiento y la persecución de parte del Ejecutivo jujeño debido a la construcción de un "corredor educativo, turístico y productivo", que involucraría obras para conectar la ruta provincial 18 con distintos parajes. 

Recientemente se retomó la obra de este corredor, y provocó que se origine un nuevo enfrentamiento con familias que viven en dirección al paraje Molulo, dado que sólo resta la construcción de unos kilómetros que pasan por esas parcelas. 

Una de las personas más afectadas es María Quispe, mujer de 80 años que, según denunció su familila, sufrió en los últimos días la presencia intimidante del actual director de Vialidad, Marcelo Jorge, y del diputado Humberto López, quienes junto a efectivos de la División de Infantería de la Policía de Jujuy, quisieron obligarla a firmar un papel en el que se consignaba su autorización para la obra. En esos momentos María sólo estaba acompañada por su hijo con discapacidad. 

Su hija Azucena aseguró a Salta/12 que su madre pasó un momento emocional "tremendo" por el avasallamiento que sufrió en su domicilio. Contó que esta situación se viene repitiendo desde que se anunció, en 2016, un supuesto proyecto de "camino rutero", que facilitaría accesos directos a varias escuelas de la zona. 

La familia Quispe no se opone a la construcción de un camino, sino que pide que sea reglamentado. Es decir, que se elabore un proyecto claro con el que puedan tener la seguridad de que todos los animales que allí viven no corran peligro. "Sabemos de las consecuencias de nuevos caminos, nosotros decíamos que sea más alejado, pero no aceptaron y desde allí viene la persecución constante", manifestó Azucena. 

La familia Quispe, María en el medio.

El cuestionamiento de la familia también se debe a que todo el proyecto se está realizando en una zona minera. La familia considera que bajo la excusa del "corredor hacia las escuelas" se está facilitando el ingreso a las empresas mineras. Sus integrantes asentaron esta suposición en que el pretendido camino a la escuela de Lomalarga y de Montercarlo de Yala quedó casi a unos 8 kilómetros de distancia de estas instituciones educativas.

"Entonces, si hacen el camino, que lo hagan de manera reglamentada, que nos muestren los proyectos porque nunca lo hicieron. Ya nos cansamos de mandar notas, no nos responden y sólo recibimos violencia", denunció Azucena Quispe. 

Desde 2018 se hicieron presentaciones formales ante los organismos locales, como Vialidad y la Secretaría de Pueblos Originarios. Allí la comunidad dejó acentado que no se cumplió con el derecho a la consulta previa, libre e informada, en este caso, a las principales familias afectadas por el proyecto rutero. Y subrayaron que con esto se incumple el Convenio 169 de la OIT y la Constitución de la Nación Argentina. 

Por su parte, el presidente de la comunidad Querusiyal, Carlos Colque, ratificó que el miércoles el presidente de Vialidad de la Provincia, Marcelo Jorge, se presentó con efectivos de la División de Infantería y distintas maquinarias. "Derribaron el salón comunitario, la waca (donde se hacen las ceremonias a la Pachamama), y el oratorio. Rompieron paredes y tiraron todo", acusó. 

En Querusiyal viven 30 familias, de las cuales cinco serían las más afectadas por el proyecto provincial. 

"Hace tres años les pedimos que cumplan con el derecho de consulta previa, libre e informada, pero no lo hacen", sostuvo Colque. Recordó que en cada una de las presentaciones que realizaron, pidieron que se les permita ver el proyecto, ya que esperan conocer su diseño. "No cumplen y sabemos que ese camino no tiene la documentación correspondiente para ser una obra vial", denunció. 

Ante la reciente situación, manifestaron que están asustados por las constantes amenazas que reciben. "Estamos sufriendo mucha persecución y hostigamiento", dijo Azucena, y adelantó que hacen responsables al gobierno provincial si es que les sucede algo, porque "no hacen más que ponernos unos contra otros", en relación a una disputa con otras autoridades comunitarias que acompañan el proyecto de Morales. 

En tanto, el diputado Humberto López, uno de los señalados por la comunidad Querusiyal, dijo a Salta/12 que en realidad el conflicto es únicamente con una familia, la de María Quispe, y no de toda la comunidad. Reconoció que esta familia está tramitando la personería jurídica, buscando que le sea consignado formalmente el territorio que habita desde hace décadas. Aún así, dijo que "están mal asesorados" en relación al proyecto rutero. 

El legislador afirmó que sí se realizaron los procesos de consulta previa, libre e informada; y dijo que cuentan "con actas" y "documentos que apoyan la construcción  de este camino". Indicó que se hizo el señalamiento hacia Molulo porque fue un pedido de las comunidades. 

En el mismo sentido, dijo que el accionar de esta semana fue porque "las denuncias que hizo esta familia, que se denominan de la comunidad, no prosperaron". "La Justicia no hizo lugar y la provincia sigue con la obra porque está programada", expresó, asegurando que bajo ninguna circunstancia se produjo algún tipo de atropello a la familia Quispe, porque no pueden montar, insistió, "una obra de tal magnitud sin haber consultado". 

"Hay un mal asesoramiento, pero bueno, estamos abiertos al diálogo, como lo hicimos siempre", dijo el legislador. Reiteró que han dialogado "las veces que quisieran hacerlo" las familias de la comunidad Querusiyal.

Una continua persecución

La familia Quispe aseguró que desde que se anunció este proyecto, en 2016, lo único que supo es que la iniciativa se hacía "para que ninguna escuela se quede sin camino". Y ya en esos momentos tuvieron el primer enfrentamiento con la dirección de Vialidad local, dado que se sorprendieron cuando vieron a trabajadores colocando los "puntos" del camino en su predio. Los integrantes de la familia reclamaron que formalmente jamás les presentaron papeles que convaliden la decisión del Ejecutivo provincial.

Al no contar con ningún tipo de aviso, la familia Quispe dijo que no iban a dar su permiso hasta tanto no supieran cómo se iba a realizar el proyecto, porque tenían información de que el camino pasaría por el área de pastoreo de esta familia. "Les dije que no iban a pasar porque me iban a tirar los corrales", recordó la hija de María.

"Desde ahí empezó la batalla y hemos sido la piedra en el zapato de Morales", consideró la mujer. Para ese momento, se anunciaba desde el gobierno la obra que uniría Huacalera desde la ruta nacional 9 hasta Alonso. La primera etapa de ese proyecto concluyó a mitad de 2018, faltanto unos 25 kilómetros para extender la ruta provincial 18 con la escuela Nº 76 “Juan Ambrosetti”, de Molulo. 

La mujer sostuvo que la única respuesta que obtienen es a través de la violencia. "Nunca quisieron reunirse con nosotros", denunció. Contó que ya para 2019, autoridades provinciales se hicieron presentes en el predio de la familia Quispe junto a más de 100 comuneros que los amenazaron para que autoricen la construcción del camino. Nuevamente se negaron y, en consecuencia, se les prohibió usar el reciente camino que se hizo por Huacalera. 

En 2020, y en medio de las medidas restrictivas de la pandemia, llegó a la parcela de la familia,el intendente tilcareño Ricardo Romero junto al diputado provincial Humberto López, y algunos ediles. Se hizo una asamblea y los Quispe reiteraron que no estaban disconformes con la continuidad del proyecto, pero que todo su desarrollo se haciera en el marco de los tratados internacionales y leyes nacionales y provinciales. 

Durante ese encuentro, las familias de Querusiyal se sintieron permanentemente hostigadas y amenazadas, y la comunidad radicó una denuncia en la comisaría de Tilcara contra el Estado provincial. Las acusaciones iban desde que se rompieron las medidas de Aislamiento Social, hasta amenazas y extorsión. "No nos respondieron nunca", expresó Colque.

Azucena sostuvo que su familia no es la única afectada, ya que hay quienes sufrirían el corte de la provisión de agua que les llega desde pequeños círculos de agua cercanos a sus casas. Esto porque no tienen un acceso directo al río, y de construirse el camino, verían afectado el consumo diario de este recurso. Por eso, Azucena dijo que el accionar del gobierno de Morales no hace más que "quitarnos toda una vida", dado que "nos obligan a hacer el despojo" de nuestras tierras. 

Antes del hecho del miércoles último, ya se había producido una nueva disputa, el 26 de marzo de este año, en la que "otra vez se hacen presentes Marcelo Jorge y Humberto López, junto a 80 personas", dijo Colque. Señaló que cada vez que los funcionarios llegan al lugar buscan la oportunidad de encontrar solas a las familias. En esa visita se rompieron estructuras edilicias de la comunidad, y originaron una nueva acusación ante la Policía por vandalismo y robo, porque "algunas personas también perdieron algunas cosas".