Solo siete minutos necesitó el juez principal de la Corte de Westminster Paul Goldspring para dictar la extradición del periodista Julian Assange, tras dar credibilidad a las garantías de Estados Unidos de que el fundador de WikiLeaks "tendrá un juicio justo" en el mismo país cuyos servicios de inteligencia planificaron su asesinato en 2017.
No obstante, este no es el final de la batalla legal para revertir el statu quo del periodista, ya que aún quedan vías de acción que demorarán la solución final unos cuantos meses.
Como señala Aitor Martínez, abogado del equipo jurídico de Julian Assange y WikiLeaks, "efectivamente, aún quedan muchos elementos jurídicos de la extradición que serán apelados y dilucidados en las diferentes instancias de Reino Unido".
Las posibles apelaciones
De momento la sentencia dictada por la Corte de Londres ya ha sido enviada a la polémica ministra del Interior británica Priti Patel quien, como ya sucediera con el caso Pinochet en el 2000, deberá ser en este caso quien dicte la decisión última de extraditar o no al reo, independientemente de lo que decida la justicia británica.
Martínez, del bufete Iload que dirige Baltasar Garzón, apunta a que "la extradición pasa ahora a una fase gubernativa, en la cual el gobierno británico debe pronunciarse sobre la extradición. En esta fase pueden esgrimirse diversas causales que bloqueen la entrega, como es, por ejemplo, el principio de especialidad, es decir, el temor de que una vez fuese entregado a Estados Unidos pudiera proceder por otras causas penales que no hayan sido sometidas a extradición, algo que parece evidente".
Asimismo, señala el abogado que "al margen del elemento de la situación humanitaria y las garantías de Estados Unidos, aún quedan muchos puntos jurídicos que pueden ser apelados en lo que se conoce como cross appeal.
"Entre otros -explica el abogado-, el hecho de que se trata de una persecución que no se sostiene sobre ningún hecho delictivo, sino que se trata de una mera persecución política; o la vulneración que la persecución supone para el legítimo derecho a la libertad de prensa, ya que la acción de publicar información veraz sobre crímenes de guerra no puede ser considerada penalmente".
Por otra parte, el abogado de Julian Assange señala que hay más elementos objeto de apelación, como "lo relativo al principio de proporcionalidad, atendiendo a que se dilucidan potenciales penas de 175 años de cárcel bajo la Ley de Espionaje contra un periodista que simplemente desplegó su labor como tal; o el abuso de la extraterritorialidad penal, ya que la jurisdicción norteamericana persigue a un ciudadano extranjero, por publicar en el extranjero; o diversos aspectos relacionados con el despliegue de herramientas brutales de espionaje contra Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, planeando incluso su asesinato, como ha sido revelado en la prensa norteamericana por la confesión de los propios agentes de la CIA".
Priti Patel, una ministra de Interior inquietante
El perfil de la ministra del Interior del Gobierno de Boris Johnson, en cuyas manos está el futuro del periodista y fundador de WikiLeaks Julian Assange, reúne todos los elementos para generar preocupación.
Los orígenes humildes de Priti Patel, como hija de inmigrantes hindúes que llegaron al Reino Unido a finales de la década de 1960, tras un largo y duro periplo pasando por Uganda, no solo no dejaron en esa niña nacida en Londres un mínimo de simpatía y solidaridad con los menos favorecidos, sino que se ha convertido en el azote de la inmigración y los pobres.
Pero además no descarta la pena de muerte como arma disuasoria contra el crimen, aunque mantiene un perfil bajo en esta materia porque es consciente de que la pena capital es "políticamente incorrecta".
En 2019, coincidiendo con su entrada en el Gobierno británico, se recuperó la polémica cuando al recuperarse sus declaraciones en el programa 'Question Time' de la BBC en 2014, en las que apoyaba la reinstauración de la pena de muerte, cuando acababa de tomar posesión del cargo de Exchequer Secretary to the Treasury (Secretaria de Hacienda del Tesoro) en el gobierno de David Cameron.
Las palabras de Priti Patel fueron: "Los asesinos y violadores son enviados a prisión, solo para reincidir después de ser liberados". Y añadió: "Basándonos solo en eso, en realidad apoyaría la reintroducción de la pena capital para que sirva como elemento disuasorio".
Tiempo después aceptó una entrevista SKY News en 2015 donde Priti Patel muestra su incomodidad ante las preguntas de la periodista, negándose a dar una respuesta taxativa acerca de su posicionamiento ante la pena de muerte. No lo consigue. Esta es la transcripción de la entrevista:
-Ayer surgió cómo usted, ministra de Trabajo y Hacienda, y Michael Gove, ministro de Justicia, abogaron por recuperar la pena de muerte. ¿Es eso algo que mantendría ahora?
-Mira, quiero decir, me han preguntado sobre esto anteriormente en varias ocasiones también. Hice un comentario hace mucho tiempo y dije que sí. Solo sé que era apropiado en ese entonces, pero no ahora, sino en ese entonces, cuándo tuvimos los crímenes más horrendos y atroces.
Esto no es algo que sea relevante para el debate político o el discurso de hoy en absoluto. Estoy muy centrada en mi trabajo como ministra de Trabajo. Ya sabes, apoyar lo que hacemos, continuar lo que hacemos cuando se trata de hacer crecer nuestra economía y lograr que más personas vuelvan a trabajar…
-Puede que no piense que es apropiado preguntarlo, pero es apropiado preguntar si todavía lo cree o no.
-Ya te lo he dicho exactamente: ese comentario es de hace mucho tiempo. Fue en el turno de preguntas, lo digo de nuevo, eso se dijo hace mucho tiempo y no es relevante para el debate de hoy.
Admiradora de Margaret Thatcher, Priti Patel apoyó firmemente el Brexit, y mantiene unas muy estrechas relaciones con altos dirigentes israelíes, tanto de los servicios de inteligencia, como empresarios y también con el expresidente Benjamín Netanyahu.
De hecho, ha mantenido encuentros y reuniones no autorizadas por el Reino Unido de manera habitual. En 2017 la perseverancia de Priti Patel en estos contactos no oficiales con ministros israelíes, empresarios y lobistas de alto nivel, según acreditó The Guardian, le obligó a renunciar a su cargo en el Gobierno de Theresa May. Fue precisamente Boris Johnson quien en 2019 "rescataría" a Patel convirtiéndola en ministra del Interior.
Su perfil ultraconservador incluye, además, un profundo carácter racista, impulsando la ley por la que se expulsa a todos los inmigrantes llegados de Europa a través del Canal de la Mancha, a los que enviará automáticamente por avión a Ruanda, país con el que Reino Unido ha firmado un acuerdo con su presidente.
