“Hay una persecución sobre Cristina que aumenta a medida que ella aumenta en las encuestas”, advirtió el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Héctor Recalde al presentar en rueda de prensa el pedido de juicio político de los camaristas de la Sala II Eduardo Farah y Martín Irurzun. Junto a la diputada Teresa García, fundamentó el planteo ante el Consejo de la Magistratura en "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones" tras haber confirmado el procesamiento de la expresidenta Cristina Kirchner en la causa por la venta del dólar futuro.
La presentación fue impulsada por el diputado y consejero de la Magistratura Rodolfo Tailhade porque los camaristas obraron de manera contraria en una denuncia similar, pero con Lebacs, que involucraba al presidente Mauricio Macri, al ex ministro Alfonso Prat Gay y al titular del Banco Central, Federico Sturzenegger. En el caso de los actuales funcionarios directamente desestimaron la denuncia.
Los diputados consideraron que "hay una evidente persercución contra la expresidenta". Criticaron al juez Claudio Bonadio que dictó el procesamiento de CFK en la causa por dólar futuro y explicaron que desde 2014 acumula “61 denuncias” en el Consejo de la Magistratura.
Por otra parte, criticaron a Macri por sus últimas declaraciones en un encuentro del Colegio de Abogados de la Ciudad en la Bolsa de Comercio, en el que acusó a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, de haber creado “cortinas de humo” para ocultar “delitos que se cometieron en la época del kirchnerismo”.
“Hay un ataque furibundo a la procuradora y una subestimación de los principios republicanos de gobierno”, alertó Recalde, y pidió respetar “la división de poderes”, al calificar como “lamentables” los dichos del periodista Jorge Lanata sobre la charla que habría tenido con Macri en la que le dijo que tenía que "meter presa" a Cristina Kirchner.
En la misma línea, el jefe del bloque K cuestionó que el ministro de Justicia, Germán Garavano, “esté empecinado en acordar con una empresa coimera”, en alusión a Odebrecht y el envío de información de la Procuración brasilera sobre el destino de los 35 millones de dólares pagados a modo de soborno en Argentina.
