El movimiento desestabilizador que impulsan dos entidades de productores agropecuarios identificadas con el PRO y Juntos por el Cambio, mediante el tractorazo de este sábado a la Ciudad de Buenos Aires, contrasta con la política del gobierno nacional hacia la actividad y, sobre todo, con las ganancias extraordinarias que embolsan a partir de la guerra en Europa.

“Nunca en la vida sembraron trigo con un precio de 300 dólares la tonelada. El precio histórico está en torno a los 160 dólares. El Ministerio de Agricultura abrió de manera anticipada el registro de exportaciones para permitirles captar el precio actual. A esta altura todos los años se registraban un millón de toneladas. Ahora van seis millones”, explica un especialista del sector. El cupo habilitado por el Ministerio de Agricultura, de 10 millones de toneladas, se completará en los próximos días.

Desde que gobierna Alberto Fernández se tomaron múltiples medidas de estímulo a la producción rural, como la quita de retenciones a numerosas economías regionales, el lanzamiento del plan ganadero, con créditos subsidiados por 100 mil millones de pesos, asistencia creciente por emergencias climáticas, aportes especiales para la actividad caprina y ovina, derechos de exportación diferenciados para sectores que aportan valor agregado y un abanico de programas específicos para producciones de distintas provincias. También aguarda tratamiento en el Congreso un proyecto de ley del Poder Ejecutivo para la agroindustria, pactado con el Consejo Agroindustrial, el mismo que ahora se opone al cobro de un impuesto por las rentas extraordinarias.

Los piquetes de la abundancia contrastan especialmente con la realidad de las mayorías populares, sacudidas por la estampida inflacionaria, el atraso de los salarios y la incertidumbre por la evolución de sus ingresos, con mucha menos espalda para aguantar que sectores empresarios del campo que disfrutan de ganancias record.

"Beneficios caídos del cielo"

La excusa para la protesta de hoy es el intento del Gobierno de tomar una porción de esas rentas imprevistas, surgidas del aumento de los precios internacionales de las materias primas, con una sobretasa del impuesto a las Ganancias. Será para aquellos que ganaron más de 1000 millones de pesos en 2021, sobre la diferencia arriba de ese volumen. Es una acción que encuentra experiencias similares en distintos países, desde el impuesto a los "beneficios caídos del cielo" en España; los proyectos de gravámenes especiales a multimillonarios en Estados Unidos, para terminar con "la avaricia corporativa"; un nuevo tributo a las petroleras en el Reino Unido, y un gravamen a las "rentas aleatorias e inesperadas" sobre empresas alimenticias y energéticas en Portugal.

Sin embargo, el ex ministro de Agricultura del gobierno de Juntos por el Cambio, Luis Miguel Etchevehere, intentó comparar la situación actual con el conflicto agropecuario de 2008. "Esto se parece muchísimo a la 125", aseguró. La referencia fue por la intervención del Estado en ambos casos frente a la escalada de los precios de los alimentos, buscando amortiguar el impacto en la mesa de los argentinos. La 125 lo hacía con las retenciones móviles. Ahora no hay nada de eso. Incluso el oficialismo se desangra en peleas internas entre quienes consideran imperioso avanzar con medidas de ese tipo y quienes lo rechazan, como finalmente se impuso.

Las crisis económicas del macrismo y la pandemia dejaron un tendal de sectores castigados que todavía intentan recuperarse. Entre 2016 y 2019 la industria padeció un ataque violento de apertura de importaciones, achicamiento del mercado interno, escalada de las tasas de interés y quita de financiamiento estatal, entre otros factores, que provocó el cierre de miles y miles de empresas. Se perdieron puestos de trabajo fabriles en 46 de los 48 meses que gobernó Macri. Pese a ello, nunca hubo una protesta como la que se convocó para este sábado, con la prepotencia de tractores entrando a las calles de la ciudad, pasando por arriba de todos.

Tractorazo en medio del boom de ventas de maquinaria agrícola

El mensaje del ministro de Producción de Juntos por el Cambio, Francisco Cabrera, cuando la industria se caída a pedazos era que se tenían que "reconvertir" y dedicarse a importar. Hubo represión en distintas fábricas donde los trabajadores reclamaban por sus derechos. Ahora la acción de los ruralistas se produce cuando el conjunto de indicadores estadísticos reflejan la pujanza sectorial. La producción y las ventas de maquinaria agrícola, por ejemplo, no paran de crecer. Las de cosechadoras escalaron 37 por ciento en marzo en relación a igual mes de 2021. Pero no serán esas máquinas último modelo las que irrumpan en las calles porteñas, sino tractores viejos traídos para la ocasión.

La Bolsa de Comercio de Rosario estimó que las exportaciones de 13 productos derivados de cinco cultivos, soja, maíz, trigo, cebada y girasol, anotarán este año un salto hasta 41.053 millones de dólares, unos 3000 millones más que el año pasado, cuando totalizaron 38.049 millones.

Son datos que dejan de lado los organizadores del tractorazo, ofuscados por el proyecto de impuesto a la renta inesperada, el gasto público en general y la carga tributaria sobre el sector. Un actor preponderante es Etchevehere. La agrupación Campo Más Ciudad, que lo tiene como uno de sus referentes, fue clave en la organización y la logística de la protesta. Es una entidad vinculada al PRO que viene militando para la oposición desde hace años, bajo el supuesto cartel de ser productores "autoconvocados". Algo similar ocurre con una entidad más nueva, la Asociación Argentina de Productores Agropecuarios (AAPA), bajo la conducción de Pedro Zabala, de la zona núcleo.

Muchos de los manifestantes vienen de Córdoba. La provincia fue la principal beneficiada por la eliminación de retenciones a la producción de maní, con ventas al exterior por más de 1000 millones de dólares al año. La quita y rebaja de derechos de exportación alcanzó a muchos otros cultivos, desde un máximo de 12 por ciento a 0. Por ejemplo, el maíz pisingallo, grasas y aceites de ricino, uva y cera de abejas; productos de molinería como harina de avena, centeno, garbanzo, lentejas, porotos y copos de papa; también para preparaciones de pepinos, hongos, arvejas, maíz dulce, espárragos, alcauciles, palmitos, entre otros, y jaleas, mermeladas y purés de membrillo, peras, manzanas, entre otros. Bajaron a 0 las retenciones de las semillas para siembra de distintas especies hortícolas, para siembra de lino, nabo o colza, algodón, ricino, mostaza, cártamo, cáñamo, amapola, pino, eucalipto, melón, alfalfa, trébol blanco y rojo, entro otros. También, de plantas aromáticas o medicinales, como la manzanilla. La lista es más larga e incluye otros productos de economías regionales.

Un argumento repetido por los ruralistas es que el Estado toma una parte de la renta del sector cuando los precios suben, pero no está cuando hay crisis. Sin embargo, este año lleva desembolsados 4000 millones de pesos en asistencia por emergencias climáticas, como los graves incendios en Corrientes durante el verano, la misma cifra que el Ministerio de Agricultura desembolsó en todo 2021, dando muestra de una rápida reacción en auxilio de los productores.

El movimiento desestabilizador de entidades agropecuarias vinculadas al PRO y Juntos por el Cambio reafirma la necesidad del Frente de Todos de fortalecerse para sostener la agenda que interesa a las mayorías populares. Para que las botas y los tractores no les pasen por encima.