Desde Santa Fe

La diputada peronista Matilde Bruera advirtió sobre la decisión del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Horacio Rosatti de “tomar por asalto” el Consejo de la Magistratura. Un juez que aceptó ser designado por decreto por Mauricio Macri, que se “autoeligió” presidente del máximo tribunal de la Argentina, que votó el fallo del 2x1 para indultar genocidas, que exhumó una ley derogada por el Congreso hace 16 años, “ahora acaba de tomar por asalto el Consejo de la Magistratura” y genera “una crisis institucional gravísima, sin precedentes en nuestro país”. “Rosatti y la Corte han puesto en riesgo el sistema republicano y democrático”, al avasallar "funciones de otro poder, que es el Legislativo”. “Si esto no es un escándalo institucional, ¿qué es un escándalo?, se preguntó la legisladora.

El repudio de Bruera se escuchó en soledad en la Legislatura. Desde su banca, la diputada del PJ fue la única que levantó su voz ante el plan Rosatti, que consideró “gravísimo” y el detonante de una “crisis institucional sin precedentes en el país, perpetrada por la Corte, que acaba de tomar por asalto el Consejo de la Magistratura. Y digo que lo tomó por asalto porque lo hace a partir de un fallo propio que dicta en diciembre de 2021 donde reflotó una ley derogada por el Congreso”, hace 16 años.

Rosatti y la Corte asumieron “funciones y competencias que no les corresponden de ninguna manera”. El ex intendente de Santa Fe se “autoeligió presidente de la Corte, al votarse a sí mismo” para el cargo. Y ahora “reflota una ley derogada por el Congreso” hace 16 años “para asumir la presidencia del Consejo de la Magistratura. Una operación que “pone en riesgo el sistema republicano y democrático de nuestro país” y “avasalla funciones de otro poder”, que es el Congreso. “Si esto no es un escándalo institucional, ¿qué es un escándalo?”, interpeló.

Bruera repasó los fallos más “escandalosos” que votó Rosatti, el del 2x1 para indultar genocidas, “el de los trabajadores municipales de Festram que pretende vincular la autonomía de los municipios con la alteración de las paritarias por actividad que es una tradición en Argentina. Y éste último fallo que el más escandaloso porque pretende poner en vigencia una ley derogada por el Congreso, que es el único poder del Estado que puede derogar las leyes”.

“El ingreso de Rosatti a la Corte ya era espúreo porque fue designado por un decreto (de Macri) en comisión”. “El Congreso no debía haber avalado ese nombramiento”, criticó. Bruera no lo dijo, pero es público que el mentor del operativo para nombrar a Rosatti y Carlos Rosenkrantz en la Corte por decreto fue el ex asesor de Macri, Fabián Rodríguez Simón (“Pepín”), que está prófugo de la justicia argentina desde el 8 de diciembre de 2020, hace 502 días.

“La toma por asalto del Consejo de la Magistratura” -siguió Bruera- tiene otros dos objetivos: “administrar la caja del Poder Judicial que es un presupuesto enorme” y “disciplinar a todos los jueces federales del país”. “Es la asunción de la suma del poder para disciplinar a los jueces. Y la prueba de eso” es lo que sucedió con el juez federal de Paraná Daniel Alonso, quien admitió “un amparo para que el Congreso no eligiera a los consejeros que debían integrar el Consejo de la Magistratura porque no correspondía obedecer ese fallo espúreo de la Corte”. ¿Qué hizo la Corte? “Dejó sin efecto –en un per saltum- la resolución del juez fundada en derecho”, pero además le pidió al Consejo de la Magistratura que “evalúe la conducta del magistrado”.

En síntesis, "Rosatti, que se autoeligió presidente de la Corte le manda a decir a Rosatti, que asumió en forma espúrea la presidencia del Consejo de la Magistratura” con una ley derogada hace 16 años, que juzgue al juez Alonso. “Es absolutamente escandaloso”, planteó Bruera al denunciar la incompatibilidad de Rosatti, que opera en los dos lados del mostrador.

El plan –agregó- “es disciplinar a los jueces” para que “no traten los derechos de los trabajadores, no dejen pasar los impuestos a las grandes fortunas ni las retenciones” y “la deuda con el FMI no la paguen los que la fugaron”. Es un plan que “pone en riesgo los derechos de los sectores más vulnerables ante una situación económica y política como las que nos toca atravesar en este momento”, concluyó.