El juez federal Julio Bavio procesó al ex policía federal y ex integrante del Servicio Penitenciario de Salta Juan Carlos Alzugaray por el homicido agravado y privación ilegítima de la libertad, por la desaparición del prefecot maytor Héctor Ramón Pérez, en noviembre de 1977. 

Se trata de un delito colateral a los cometidos en el marco del plan sistemático de eliminación de personas ejecutado durante la última dictadura cívico militar. Es que, según entendieron la fiscalía y el juez, Pérez fue asesinado para evitar que siguiera hablando de la Masacre de Palomitas, como se conoció la matanza de 11 detenidos políticos cometida el 6 de julio de 1976 en el paraje Palomitas, más de 60 kilómetros al sur de la ciudad de Salta. 

"Existía una persecución por parte del aparato organizado de poder de la época en contra de Pérez, ello en virtud de sus desacuerdos con la estructura de la que había formado parte, poniendo en manifiesto las discusiones que tenía con Alzugaray, el miedo que le tenía a éste último y a la Policía Federal, así como las revelaciones sobre lo que sucedía en la Unidad Carcelaria N° 1, que la víctima pretendía realizar si no le retiraban la suspensión la que consideraba que había sido puesta injustamente”. Sostuvo el juez en su resolución de procesamiento, en la que además embargó los bienes de Alzugaray por 2 millones y medio de pesos.

En julio de 1976 el director del Servicio Penitenciario de Salta era el padre de Pérez, Héctor Braulio Pérez. Cuando su padre asumió en este cargo, Héctor Pérez hijo, que había ingresado a la fuerza en 1972 y se desempeñaba en Unidad Carcelaria de Orán, vino a cumplir funciones en la cárcel de Villa Las Rosas y en esas circunstancias fue testigo de la extracción de las víctimas de Palomitas. 

En aquel tiempo Pérez hijo era prefecto mayor y era director de Seguridad de la Unidad Carcelaria N° 1, o cárcel de Villa Las Rosas, de la ciudad de Salta. De ese lugar fueron sacades, la noche del 6 de julio de 1976, les 11 detenides que más tarde fueron asesinades al costado de la ruta nacional 34. En la resolución se reseña que Pérez conocía al detalle cómo sacaron a esas personas del penal rumbo a Palomitas, donde fueron acribilladas. 

Para entonces Alzugaray era el jefe de la Guardia Externa del penal y tuvo actuación en la Masacre. El 5 de diciembre de 2011 fue condenado a 20 años de prisión como partícipe necesario de este crimen, una sentencia que dictó el mismo juez Bavio, porque la investigación de este hecho se rige por el viejo código de procedimiento, y es escrito. 

Según la resolución del procesamiento, del 13 de este mes pero que se difundió ayer, Alzugaray y Pérez hijo se hicieron amigos, aunque esa amistad se alternaba con discusiones esporádicas en la casa de Pérez. En la investigación la fiscalía, encabezada por Carlos Amad, reunió testimonios que dieron cuenta de que solían andar siempre juntos.

Discusiones internas 

Entre esas pruebas declaró un testigo de identidad reservada que contó que dos días después de la masacre de Palomitas, Pérez reunió al personal  administrativo y les dijo que eso “lo hicimos” por orden del Poder Ejecutivo Nacional. 

El testigo también contó que luego “escuchó discutir a Pérez en su oficina con Alzugaray y otros, oportunidad en las que Pérez les preguntó 'qué les iría a pasar cuando se diera vuelta la torta', refiriéndose a lo sucedido en Palomitas”. El testigo interpretó estas palabras como confirmatorias de que personal penitenciario había intervenido junto con el Ejército en la matanza. 

Con esas desavenienicas, Héctor Pérez continúo en la fuerza, hasta que en 1977 su padre se retiró del cargo de director del Servicio Penitenciario y él fue sumariado y dejado cesante. Para la fiscalía, Pérez hijo seguía en la fuerza "gracias a la cobertura de seguridad que le brindaba su padre, la que desapareció una vez que se jubiló por invalidez". 

Al parecer el prefecto Pérez no sopesó bien la grave situación en la que se encontraba y trató de revertir su cesantía buscando contactarse con las principales autoridades militares en Buenos Aires. Según algunos testigos, con la intención de revertir la acusación en su contra, anticipó que estaba dispuesto a revelar ciertos “temas” que sucedían en el penal, entre ellos lo ocurrido en Palomitas. 

En este punto el juez Bavio reseñó, por otros testimonios de familiares y amistades, se estableció que Pérez hijo se había hecho admirador del Che Guevara cuando estudiaba abogacía en La Plata, que se sabía que "estaba contra de lo que sucedía en aquella época y era identificado como simpatizante de la guerrilla", y su admiración por el Che era tal que a su primer hijo le puso de nombre Héctor Ernesto y tenía una colección completa de Ernesto Guevara, que tuvo que quemar cuando se produjo el golpe militar. 

El juez sostuvo que estos antecedentes eran conocidos por Alzugaray, dado que eran parte de los temas que hablaban cuando se reunían en la casa de la víctima, en conversaciones que estaban vedadas para el resto de la familia del prefecto. 

Héctor Ramón Pérez desapareció el 7 de noviembre de 1977, el mismo día que fue puesto a disponibilidad en el Servicio Penitenciario.

En su resolución, el juez Bavio indicó que el prefecto había sido alertado por amigos de la Federal de que corría peligro. 

En la causa declaró su esposa, quien relató que la tarde de ese día Pérez armó su valija, luego reunió a sus hijos y les recomendó que no salieran a la calle y extremaran los cuidados en materia de seguridad. Tras eso se despidió; la familia creyó que se iba a Buenos Aires para seguir intentando revertir su situación laboral, pero unas horas después una patrulla de la Policía Federal llegó a la casa buscándolo, los intrusos revolvieron todo, rompieron algunos muebles y se marcharon. Los días siguientes un Ford Falcon pasaba frente a la casa. 

Una búsqueda internacional 

Braulio Pérez denunció la desaparición de su hijo el 8 de noviembre y luego lo buscó intensamente, en el país y fuera de él. 

En el procesamiento el juez Bavio sostuvo que como la desaparición del prefecto había trascendido, el de tareas ensayó una coartada, una publicación en un medio de comunicación de la provincia en la cual se afirmó que Pérez había tomado un avión con destino a Bolivia, "con lo cual la investigación fue cerrada en menos de un mes". 

Pero su padre, conocedor del trasfondo, siguió buscándolo. Viajó a Bolivia, Brasil y Chile y a "otros destinos que fueron sembrados como posibles paraderos, sin obtener pistas de su hijo". En la resolución se señala que pese a la jerarquía que había obtenido en el Servicio Penitenciario de la provincia y su pasado militar, Braulio Pérez "siempre tuvo presente que por más que intentara, nadie del Ejército le diría nada al respecto". 

Alzugaray niega participación en la desaparición de Héctor Pérez. Para sustentar esta posición recordó que para noviembre de 1977 se desempeñaba como director de la Unidad Carcelaria de Orán. Pero el juez consideró que esta coartada no “luce convincente si se tiene presente que, de la lectura de los distintos testimonios, surge que trabajó -por unos años- junto a Pérez en la Unidad Carcelaria N° 1, al tiempo que se desarrollaron los graves sucesos conocidos como la Masacre de Palomitas”. 

“Los testigos manifestaron en sus respectivas declaraciones que ambos siempre estaban juntos”, sostuvo el magistrado. Añadió en el mismo sentido que por los dichos de la esposa de Pérez se sabe que Alzugaray visitaba a su marido en su casa, que hablaban cosas que ella no podía escuchar y que conocía todos los movimientos de la familia.

Entre las pruebas también enumeró los testimonios del padre del prefecto, de sus cuñados y hermanos, y el del testigo de identidad reservada, que afirmó haber escuchado rumores de que Pérez habría muerto porque andaba “buchoneando" lo sucedido en Palomitas.