El diputado con mandato cumplido Andrés Suriani, junto a Tomás Morando, fueron denunciados el 30 de marzo pasado por ejercer violencia de género mediática y simbólica contra una médica del Hospital Materno Infantil, a quien atacaron por garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
El 14 de abril pasado Suriani arremetió nuevamente en su programa de televisión contra quienes garantizan las interrupciones voluntarias de embarazos IVE, que son legales, tratándolos de homicidas. Fue recién entonces que la jueza a cargo de la causa convocó a dos audiencias. Una se hará este martes con la denunciante, y el miércoles, otra con Suriani. Mientras, la viralización de las publicaciones, y el mensaje por televisión subido a las redes sociales continúan revictimizando a la profesional de la Salud Pública de Salta.
Ese es en resumen la situación que explicó la abogada María Laura Torrez, quien representa a la médica M.S. (de quien se reservará identidad para evitar mayores consecuencias de las ya acaecidas en su contra). Torrez añadió que la jueza a cargo de la causa es Alejandra Diez Barrantes, quien el 16 de marzo pasado, luego de una presentación que hasta donde se pudo conocer se hizo el 9 de marzo, intimó al periodista y empresario Mario Peña a dejar de ejercer actos de violencia simbólica o mediática en medios de comunicación masiva o redes sociales, contra la intendenta de Salta Capital, Bettina Romero.
En su fallo de la demanda contra Peña, la jueza indicó que "como ya lo señalara, dada la naturaleza cautelar del presente proceso no corresponde el análisis exhaustivo de la prueba ofrecida por la denunciante, dado que conforme a la normativa en materia de género, basta con la sola declaración de la víctima". Idéntico argumento usó Torrez al ampliar la denuncia contra Suriani el 14 de abril pasado, en la que solicitó a la magistrada una efectiva protección de la víctima dado que en esos 15 días en los que la denuncia estuvo a la espera de una resolución preventiva, Suriani ejerció "un nuevo hecho de violencia de genero mediática, simbólica y psicológica contra mi representada", dijo la letrada.
Las denuncias
El 23 de marzo pasado el diputado con mandato cumplido, y conocido por sus discursos contrarios a las leyes que garantizan derechos al colectivo de la diversidad sexual y de género, además de la que legaliza el aborto, usó sus redes para viralizar la imagen de la médica que se desempeña en el Hospital Materno Infantil. La viralización vía redes sociales contaba con un escrito debajo que trataba a quienes garantizan las IVE como "sicarios".
Morando, en tanto, también subió una foto de M.S. a sus redes sindicando a la médica como "Buscada" por "asesinar bebés". Además de otros epítetos, este hombre promovía que si alguien conocía el paradero de la médica, "comunicarlo a instituciones Pro Vida". Morando compartió "sistemáticamente" la publicación en más de un grupo de la red social Facebook, indicó Torrez.
Ya en esa primera denuncia, la abogada había señalado que las actitudes de Suriani y Morando amedrentaban a quienes garantizan un derecho enmarcado legalmente. Recordó a la jueza que "la tarea que desempeñan estas profesionales de la salud debe darse en un marco de seguridad y libre de presiones y estereotipos". Y es que este tipo de expresiones contra quienes garantizan derechos generan en la población la idea de que se comete un delito cuando en realidad se está cumpliendo con lo que manda la ley. Esto, añadió la abogada, también pone "en jaque una política pública sanitaria".
Ya en esa primera denuncia se solicitaba a Barrantes conminar a los denunciados a "abstenerse de ejercer actos de violencia verbal, difusión de la imagen, datos personales y el cese de actos de intimidación" contra la médica, además de obligarlos a capacitarse a través del Programa de Intervención para los Hombres (PRIHO). La abogada también solicitó que se los obligue a "suprimir inmediatamente en todo medio masivo a saber: facebook, whatsapp y/o cualquier otra red social, streaming, cualquier tipo de información, imágenes, expresiones descalificantes y contenido que vulneren los derechos" de su clienta.
El 14 de abril, sin resolución judicial a la vista, Torrez amplió su denuncia, dado que el 11 de abril pasado, en su programa de TV por cable, frente al apoyo dado a la médica por el gerente del Materno Infantil, Federico Mangione, Suriani respondió al funcionario que: “Los cobardes son aquellos que hoy usan eufemismos y se escudan detrás de una ley como es la ley del aborto para tapar algo que realmente es condenable (…) Si hay médicos que llevan adelante esta práctica, por más que esté legalizada, no deja de ser un homicidio, no dejan de ser aquellas que por una paga quitan la vida de una persona por nacer, parte de ese sistema perverso".
Mientras, la demora judicial podría ser interpretada también como "violencia institucional", afirmó Torrez ante Salta/12. En este sentido citó en la ampliación de denuncia a una jurista que afirma que en estos casos se requiere "la toma de decisiones urgentes y no admiten demora o dilación alguna". "Si hubiese sido una chica que denunció violencia y estaba en situación de vulnerabilidad, ya habría estado muerta", indicó la letrada al referirse a las consecuencias de estas demoras.
Carta documento y apoyo del Colegio Médico
El gerente del Materno Infantil, Federico Mangione, confirmó a este medio que ya se envió a Suriani una carta documento por los dichos emitidos en su programa de televisión. Si hasta el lunes no hay respuestas, afirmó que se continuará con otros pasos legales que correspondan.
Torrez, en tanto, añadió que los asesores legales del Colegio Médico de Salta ya manifestaron su apoyo a la profesional de la salud y este viernes se presentaron en calidad de Amicus Curiae en la causa que se sigue contra Suriani y Morando.
