Producción: Valentina Castro y Javier Lewkowicz

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Jerarquiza la política social

Por Sol Minoldo (*) y Nicolás Dvoskin (**)

El 2022 ha comenzado en Argentina con una aceleración del aumento de precios, en el contexto de una guerra en Europa del este con consecuencias económicas de alcance mundial. Así, parecen diluirse las expectativas de mejorar los ingresos reales de las mayorías y, de hecho, el riesgo inmediato es que vuelvan a empeorar.

Quienes hoy están mal son quienes peor se lo llevan: incluso si el deterioro de los ingresos afectara de manera idéntica en todos los estratos, las consecuencias serían más graves para los sectores de menos ingresos porque, cuando no hay margen, la pérdida en la capacidad de consumo impacta sobre las necesidades más básicas. Pero, para colmo de males, el deterioro en este caso es mayor para esos grupos: los bienes de la canasta básica, que componen mayor parte del consumo de quienes menos tienen, han tenido aumentos por encima de los del conjunto de bienes.

Las complicaciones se producen en un contexto ya crítico a nivel social. La mejora en los datos de pobreza y otros indicadores socio-laborales de 2021 da cuenta de que se había conseguido retrotraer buena parte de las consecuencias de la crisis provocada por la pandemia de la Covid-19. Sin embargo, el escenario pre-pandemia distaba de ser idílico: con la crisis de 2018 y 2019 se había incrementado enormemente la pobreza y, antes de 2020, el gobierno declaraba la emergencia económica, social y sanitaria.

En semejante panorama, resulta urgente la implementación de políticas sociales que puedan mitigar las consecuencias sociales y económicas de la crisis en puerta. Por ello, son más que oportunas las diversas medidas anunciadas por el gobierno para compensar la pérdida de ingresos reales de los sectores más desfavorecidos. Se trata, además, de un esquema que contempla, como pocas veces se hace, el efecto redistributivo ya no sólo de las políticas sociales implementadas, sino también de su financiamiento. En este caso, se trata de un intento por transferir, hacia los sectores damnificados por la crisis, los ingresos adicionales obtenidos por otros sectores a causa de la misma crisis.

En lo inmediato, las políticas anunciadas tienen potencial para mitigar las dramáticas consecuencias sociales en sectores que no disponen de otros mecanismos, como las negociaciones paritarias. Además, un programa de transferencias masivas como este puede contribuir a debilitar la perniciosa dinámica circular de las crisis, donde el deterioro de los ingresos reduce el consumo y ello, a su vez, impacta sobre los sectores productivos orientados a la demanda interna, agravando la crisis, o al menos dificultando las condiciones para una salida sobre la base del crecimiento de la actividad y el empleo.

Sin embargo, no todo es optimismo. En el caso de los bonos destinados a trabajadores informales, las circunstancias difieren de aquellas en las que se implementó la primera versión del IFE, cuando casi todos los ingresos informales estaban directamente interrumpidos. Por ejemplo, no sería demasiado sorprendente que empleadores de trabajadores no registrados, que ya se encuentran incumpliendo todos los derechos laborales, ante la certeza de esta transferencia se negaran a realizar recomposiciones o incluso redujeran los pagos salariales, apropiándose de una parte o el total del subsidio.

Por otra parte, aunque sea clara la necesidad y oportunidad de estas medidas para afrontar lo urgente, es necesario tomar con cautela las expectativas de recurrir a este modelo de política social, en el mediano y largo plazo, para encontrar soluciones a problemas estructurales.

Al poner como condición de acceso no tener un trabajo registrado, una implementación recurrente de estas transferencias podría terminar estimulando la informalidad laboral. Además, aunque la focalización busca concentrar los recursos en quienes más los necesitan, y tiene sentido pensar estrategias para quienes no pueden ser protegidos mediante la regulación laboral, existe el riesgo de que este diseño genere inequidades, aún cuando lo que busca es precisamente lo contrario: muchas personas que trabajan en el mercado formal lo hacen por bajas remuneraciones y se encuentran debajo de la línea de pobreza, pero quedarían excluidas de estas ayudas. Así, a menos que se aplicaran en simultáneo con medidas para trabajadores formales de bajos ingresos, el resultado podría ser que se ayudara a personas en mejor situación que otras que quedarían excluidas de las transferencias.

Estos reparos no implican que estemos apenas frente a una intervención puntual, sin capacidad de aportar nada más allá de la coyuntura. Por el contrario, puede cumplir un papel clave en la orientación de disputas sociales y políticas de largo plazo en torno al problema de la pobreza y la desigualdad. En un contexto de crisis, que nos sensibiliza masivamente frente a la crudeza del mercado, la implementación de una política social de tan enorme alcance contribuye a jerarquizar el papel de la política social y del Estado en su conjunto para generar una redistribución más justa de la riqueza.

(*) Socióloga y Dra. en ciencias sociales, investigadora de Conicet.

(**) Economista y Dr. en ciencias sociales, investigador de Conicet.

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La situación es apremiante

Por Mariana L. González (***)

La aceleración de la inflación desde fines de 2021, que se volvió más fuerte aún desde febrero de este año, supone un duro golpe a los ingresos familiares. El ingreso de los hogares, que había tenido una gran caída en su poder adquisitivo durante la administración de Mauricio Macri, no sólo no logró recuperarse en el tiempo transcurrido del gobierno de Alberto Fernández sino que tuvo incluso una disminución adicional. Así, el ingreso per cápita familiar en el cuarto trimestre de 2021 resulta 5,5 por ciento inferior en términos reales en relación con el mismo trimestre de 2019, y es 21,1 por ciento más bajo cuando la comparación se hace respecto del cuarto trimestre de 2017.

Resultaba urgente y necesaria alguna acción estatal para contribuir al sostenimiento de los ingresos. El gobierno anunció a inicios de abril el pago de un bono de 6000 pesos para las y los jubilados y pensionados de menores ingresos y el incremento de un 50 por ciento en el Programa Alimentar. Si bien acertada, la medida parecía insuficiente frente a una situación generalizada de erosión de ingresos.

Recientemente, se anunció el llamado “Refuerzo de ingresos”. Se trata de un bono por 18.000 pesos -que se cobrará en dos cuotas- destinado a trabajadoras y trabajadores informales, monotributistas de las categorías más bajas, monotributistas sociales y trabajadoras del régimen de casas particulares. Para el acceso al bono se establece un tope de ingresos equivalente a dos salarios mínimos (77.780 pesos) y se afirma que se realizarán cruces de información para inferir la situación socioeconómica y patrimonial de quienes se inscriban. A su vez, existirá un bono de 12.000 pesos para jubilados y pensionados que cobren hasta el monto de dos jubilaciones mínimas (65.260 pesos), de modo que se complementa el bono dispuesto previamente.

Desde algunos medios de comunicación, se comparó a esta política con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), definido en 2020 para compensar las pérdidas de ingresos familiares en el año de mayor impacto socioeconómico de la pandemia de Covid-19. La situación actual es diferente a la de entonces, fundamentalmente porque en ese momento el problema acuciante era la falta de empleo y la total ausencia de ingresos que suponía para millones de trabajadoras y trabajadores, especialmente para quienes provenían de la informalidad.

Hoy, con una economía que llegó a superar los niveles de actividad previos a la pandemia, la situación apremiante es el reducido poder de compra de los ingresos más bajos, que la aceleración inflacionaria disuelve mes a mes, en una sociedad de por sí empobrecida y con niveles acrecentados de desigualdad. La medida, que como el IFE apunta a proteger especialmente al sector informal, tiene también sus diferencias: está dirigida a personas individuales, independientemente de la situación de su hogar, y aparentemente incluye esfuerzos por ser dirigida a quienes tienen más bajos ingresos, mediante la realización de controles de información bancaria, socioeconómica y patrimonial.

En la situación actual el refuerzo de ingresos resulta acertado, tanto para la protección de las familias en situación de mayor vulnerabilidad como para contribuir al sostenimiento del consumo y de la actividad económica. Cabe señalar, sin embargo, que es preciso complementar esta política con medidas que apunten también a la mejora de los salarios formales. Los salarios registrados exhibieron en enero de este año el mismo poder adquisitivo que en enero de 2020, de modo que no lograron recuperar la pérdida ocurrida durante el gobierno de Macri. La actividad continua de la negociación paritaria no implicó que en promedio los salarios negociados hayan podido ganarle a la inflación. En un contexto difícil como el actual se requiere de un empuje adicional que podría estar dado, por ejemplo, por la determinación de aumentos salariales por decreto, que tendrían además la ventaja de impactar con mayor fuerza entre quienes más lo necesitan.

La necesidad de un aumento salarial real es manifiesta si se considera además que el proceso de recuperación económica pospandemia se dio con un crecimiento de las ganancias empresarias, pero no alcanzó a los salarios.

(***) Flacso-Conicet y Cifra-Cta.