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Las listas de Estados Unidos son una especialidad de la casa. Las promueve para encasillar a gobiernos que no se disciplinen a su política global. Son conocidas las que armó con países que considera patrocinadores del terrorismo (Cuba, Irán, Corea del Norte y ahora impulsa el mismo status para Rusia) y aquellas donde incluyó a los que llama narco-estados (Venezuela es su blanco principal). Pero además mantiene otras para regiones específicas. Cuando se creó la llamada lista Engel el 27 de diciembre de 2020 – en rigor, una ley que toma su nombre del excongresista demócrata Eliot Engel – apuntó al llamado Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador. Funcionarios de esas tres nacionalidades que hubieran participado de prácticas corruptas o antidemocráticas según la mirada de EE.UU, serían sancionados de varias formas diferentes.
El caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández entregado a Washington el jueves pasado, bajo acusaciones de narcotráfico, reactualiza esta temática. ¿Hasta dónde puede imponer la principal potencia mundial la extraterritorialidad de sus propias leyes? ¿Hasta dónde llega el poder coercitivo de las listas que elabora con países soberanos y los personajes que considera extraditables?
Triángulo Norte
La lista Engel no es otra herramienta que la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte votada por el Congreso de Estados Unidos. Su autor tuvo una trayectoria de 32 años en el Parlamento y al momento de su salida – perdió las Primarias de su partido en 2020 – logró la aprobación de la norma. Su proyecto no era nuevo. Lo había presentado sin éxito en mayo de 2019.
La ley es prima hermana de la estrategia omnipresente del Comando Sur que se define como “Promesa duradera para las Américas”. Esa doctrina coloca la corrupción a un mismo nivel que otras amenazas para la seguridad nacional de EE.UU: el narcotráfico, las migraciones, los crímenes violentos y la influencia nociva de los estados. Siempre según el prisma de la Casa Blanca.
Una interpretación posible de la aplicación de esta norma -que ya lleva sancionados a varios funcionarios o ex funcionarios de los tres países centroamericanos-, es que sirva como disuasivo para las naciones del Triángulo Norte. Se buscaría su compromiso para evitar la inmigración masiva hacia Estados Unidos. Un problema derivado del deterioro de la situación socio-económica y la violencia que trae aparejada.
El caso del expresidente Hernández es paradigmático. Hasta el 1° de julio de 2021 no había sido incluido en la lista Engel cuando ya pesaban sobre él acusaciones por narcotráfico. Su hermano Juan Antonio “Tony” Hernández cumplía condena a cadena perpetua en EE.UU desde marzo del año último por el mismo delito. Se cerraba entonces el círculo sobre el político ahora extraditado. Había gobernado Honduras durante dos períodos (2014-2022) con el apoyo de Washington que buscará condenarlo en sus tribunales.
La inclusión en la lista Engel de Hernández y otros funcionarios actuales de El Salvador y Guatemala encuadra en los fundamentos de la ley de 2020. Existen tres causas por las cuales pueden ingresar en ella: ciudadanos extranjeros que, con conocimiento de causa, son partícipes de acciones que socavan procesos democráticos; los que intencionalmente participen en casos de “corrupción significativa” y los que obstruyan investigaciones de lavado de activos, soborno, corrupción y extorsión, entre otros delitos.
La embajada de Estados Unidos en El Salvador publicó en su página oficial que “para ser incluida cada persona nombrada en la lista debe ser identificada bajo uno o más de estos criterios específicos y debe estar vinculada a un acto que esté documentado por al menos dos fuentes creíbles”. Además, recordó: “El Presidente debe imponer restricciones obligatorias de visas a todas las personas incluidas en esta lista, lo que cancelará cualquier visa existente y hará que las personas incluidas en la lista no sean elegibles para visas o cualquier otro beneficio de inmigración durante tres años”.
A noviembre de 2021, había 62 personas de las tres nacionalidades que alcanzaba el extenso brazo del sistema penal estadounidense. La mayoría ocupaba cargos públicos a esa fecha en los tres poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. El caso más notorio es el de la familia completa del expresidente hondureño Porfirio Lobo. A su esposa Rosa Elena Bonilla y los tres hijos de ambos se les prohibió el ingreso a EE.UU el año pasado. La mujer fue condenada en Honduras por corrupción y Fabio Porfirio, uno de los hijos, tiene un largo historial vinculado al mundo narco. En 2016 se declaró culpable de introducir cocaína ante un tribunal de EE.UU.
Cuando el clan Lobo fue incluido en la lista Engel por Estados Unidos en julio del 2021, les sucedió otro tanto a 55 funcionarios y exfuncionarios. Fueron 21 de Honduras, 20 de Guatemala y 14 de El Salvador. La nómina de personajes indeseables para EE.UU la aportó el secretario de Estado Antony Blinken y además de la familia Lobo, mencionaba a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras y al secretario general del Ministerio Público de ese país, Angel Pineda. La lista también alcanzaba a cinco jueces de la Corte salvadoreña que asumió con su nueva composición el 1° de mayo del año pasado después de que el presidente Nayib Bukele descabezara a la anterior y echara al fiscal general Raúl Melara.
La declamada preocupación de Washington por la situación en los tres países de Centroamérica deviene de un memorando firmado por el presidente Joe Biden. El 3 de junio del 2021 ese texto señalaba que la corrupción es “un interés central de la seguridad nacional de los Estados Unidos” y ordenaba “reforzar significativamente la capacidad del gobierno de los EE.UU” para combatirla.
Su argumento era que “contribuye al extremismo y la migración y proporciona los medios necesarios para que los líderes autoritarios socaven las democracias y amenacen el estado de derecho”. La vicepresidenta de Biden, Kamala Harris, en su primer viaje a México y Guatemala se encargó sobre el terreno de llevar una prédica a tono con el objetivo central de su gobierno: ponerle un freno a la inmigración hacia sus fronteras.
La Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte es una de las tantas herramientas que tiene a mano la Casa Blanca para lograr sus objetivos en la región más castigada de América Central. Le confiere poder de policía para vetar el ingreso de funcionarios y exfuncionarios, pero no modifica la matriz del problema. La hegemonía de Estados Unidos nunca resolvió la pobreza en los tres países, con o sin listas.
