Integrantes de las comunidades educativas y el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) siguen recolectando firmas para apoyar la "Campaña por una alimentación de calidad y gratuita para todxs", que propone modificar el actual sistema de comedores y viandas de todas las escuelas dependientes del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. En consonancia con el proyecto de "Ley integral del derecho a la alimentación adecuada en las instituciones educativas", recientemente presentado por los legisladores porteños del Frente de Todos (FdT), Ofelia Fernández y Matías Barroetaveña, la iniciativa busca que las y los estudiantes tengan garantizado el acceso a alimentos sanos, seguros y soberanos.
“Comer es un acto pedagógico”, advirtió el secretario de Condiciones y Medioambiente de Trabajo de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Pablo Francisco. El dirigente señaló que hace años llevan adelante una "lucha por el derecho fundamental al acceso a la alimentación digna en las escuelas”. “En el actual sistema les pibes en lugar de ser sujetos de derecho, son sujetos del mercado”, añadió, al tiempo que indicó que es preciso "poner esta problemática en la agenda política”.
"No se puede garantizar la educación si les pibes no pueden comer sin intoxicarse. Debemos abordar la alimentación desde el paradigma de la soberanía alimentaria y desde la descentralización de las redes de producción y comercialización de los alimentos”, advirtió la vicepresidenta de la Comisión Educación, Ciencia y Tecnología, Maru Bielli.
Un reclamo que lleva años
Bajo las consignas "¡Si la educación pública es gratuita para todxs, la comida también debería serlo!", "¿Nuestrxs hijxs reciben una alimentación saludable?", "Terminemos con el sistema burocrático de becas" y "Ningún estudiante sin su plato de comida", estudiantes, familiares y docentes se concentraron este viernes en la puerta de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. "Estamos hartas de que a nuestros chicos les den comida chatarra y, a veces, hasta con hongos", contó a Página/12 Carmen, abuela de una nena de nivel inicial.
Ante la Legislatura, la comunidad educativa exhibió viandas que reciben diariamente jardines, primarias y secundarias de la Ciudad. Cerca de la mesa, familiares mostraban carteles con algunas de las situaciones que, según las y los estudiantes, se viven cotidianamente en los comedores: “Amigas que comían el sanguche de medallón 'pollopescado', después vomitaban”, “Hace poco dieron sanguches de jamón y queso y estaban todos verdes”, “Varias veces me pasó de ver las galletitas y las vainillas con hongos”.
"Venimos denunciando hace años que las comidas tienen plástico y hongos. Nos dan sanguches casi todos los días. Hay compañeres con Transtornos de la Conducta Alimentaria (TCA) por esos motivos", denunció Florencia, integrante de uno de los centros estudiantiles que participó del encuentro. "Pasamos 11 horas en la escuela, pero nos mandan alimentos poco saludables y en mal estado", contaron a este diario tres alumnas de un secundario con orientación artística.
La legisladora porteña del FdT, Ofelia Fernández, manifestó que "hay pibas y pibes que prefieren no comer por el mal estado de los alimentos, o que terminan comiendo con asco porque sólo tienen la posibilidad de hacerlo en la escuela". "Por eso proponemos que las y los estudiantes tengan garantizadas comidas seguras, saludables y ricas, y que el servicio sea universal y gratuito, para que todos puedan acceder sin pasar por el engorroso y excluyente actual sistema de becas", añadió.
"Anualmente, se destinan más de 12.600 millones de pesos para el servicio alimentario escolar y, desde hace muchos años, apenas un pequeño grupo de empresas tercerizadas brindan las viandas de miles de niñas, niños y adolescentes", detalló el legislador Matías Barroetaveña.
"La licitación pública convocada por el Gobierno porteño para definir quiénes van a gestionar el servicio de alimentación en las escuelas desde 2022 y hasta finales de 2025 tuvo un presupuesto superior a los 50.000 millones de pesos. Las empresas interesadas debían abonar más de 700 mil pesos por el valor del pliego en menos de un mes", sostuvo Alejandro Volkind, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), que este lunes, anticipó, presentará una acción de amparo ante la Justicia.
Informe: Karla Góngora.
