El gobierno porteño pidió la "revocatoria" del fallo que ordenó suspender el sistema del reconocimiento facial callejero de prófugos y sostuvo que los daños que provoca ese tipo de seguimientos son meras “hipótesis” y “conjeturas”.
La presentación fue hecha contra la decisión que había declarado “irregular” esa medida que incluyó en una lista negra a políticos, jueces, dirigentes sociales y periodistas. El fallo del juez Roberto Gallardo determinó que la administración de Horacio Rodríguez Larreta accedió irregularmente a los datos biométricos de millones de personas y realizó casi 10 millones de búsquedas.
Ahora, el jefe de gobierno intenta revertir esa decisión judicial. Mediante un escrito de 33 páginas, planteó subsidiariamente que, para el caso de que no sea revocada directamente la decisión de Gallardo, se conceda una apelación con "carácter suspensivo". Es decir, que mientras se tramita el recurso el sistema de reconocimiento facial vuelva a cobrar vigencia.
En el listado de 10 millones de personas sobre las que se aplicó irregularmente esa medida se encuentran el presidente Alberto Fernández, la vice Cristina Kirchner, la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y hasta la actriz Esmeralda Mitre.
El escrito de la administración macrista sostuvo que "de tener sospechas de alguna irregularidad acerca de la razón por la cual se habrían encontrado datos biométricos de personas que no se encontraban prófugos, debió dar intervención a la justicia penal".
Intenta explicar también por qué fueron recolectados más de 9 millones de datos biométricos cuando la cantidad de prófugos no supera los 40 mil.
Los argumentos del PRO para espiar
Para el gobierno porteño, el daño del espionaje ilegal son meras “conjeturas” de un juez que "no explica de qué forma la implementación del Servicio de Reconocimiento Facial de Prófugos incida de forma suficientemente directa o sustancial sobre ciudadano alguno".
"Los supuestos perjuicios que se invocan son meramente hipotéticos y conjeturales", sostuvo la presentación hecha por el apoderado del gobierno porteño, Diego Sebastián Farjat.
El texto denunció una supuesta "violación al debido proceso legal" y reclamó la "nulidad de los allanamientos llevados a cabo en el Ministerio de Justicia y Seguridad y en el Centro de Monitoreo Urbano".
"El magistrado ha decidido suplir la actividad que le compete a los litigantes, confundiendo su rol de director del proceso con el de parte", añadió.
Agregó también que el ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo D´Alessandro, "explicó pormenorizadamente el funcionamiento del servicio" y Gallardo "pudo haber requerido las explicaciones que considerase pertinentes sobre las eventuales inconsistencias o errores en la utilización del sistema".
