El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) sigue en el ojo de la tormenta. La Asamblea Abierta de la Comunidad Audiovisual emitió ayer un comunicado en el que asegura que actualmente hay “26 largometrajes con gravísimos retrasos en sus créditos, 12 de ellos en situación muy crítica y riesgo concreto de cancelarse” debido a demoras en los pagos, y que “en los últimos días se ha informado a los productores con preproducción agendada para junio que hasta julio/agosto no habrá partidas presupuestarias”. La denuncia se da tres días después de que cuatro trabajadores del organismo fueran despedidos, un mes antes de que venzan más de 300 contratos y en medio de la polémica por las vías de financiación que tendría la industria audiovisual en general, y el Fondo de Fomento Cinematográfico en particular, en caso de sancionarse una Ley de Comunicaciones Convergentes.

Fue una semana cargada de novedades en el conflicto del Incaa, desatado hace ya casi dos meses a raíz del desplazamiento de Alejandro Cacetta de la Presidencia por denuncias de supuestos casos de corrupción y desvío de fondos. El ministro de Cultura Pablo Avelluto pasó el martes por el Congreso para dar las explicaciones pertinentes ante la Comisión de Educación y Cultura del Senado. Allí aseguró que la continuidad del Fondo de Fomento Cinematográfico y de los puestos laborales “estaba garantizada”. No parece ser así: “Tenemos conocimiento de cuatro despidos, y entendemos que habría tres o cuatro más”, dice el Delegado de ATE en el Instituto, Camilo Moreira Biurra, y agrega: “Es difícil de saber porque no existe un registro de trabajadores ya que muchos están en condiciones irregulares. No están contratados, sino que facturan como proveedores externos”.

Los trabajadores del Instituto realizaron el jueves una Asamblea General en la sede de Lima 319. Esa tarde un grupo de ellos fue recibido por el actual Presidente, Ralph Haiek, y el Gerente General, Juan García Aramburu. El resultado del encuentro de dos horas fue un impasse de diez días. “La gestión se comprometió a revisar los casos de esos trabajadores y evaluar que puedan seguir en funciones. Nosotros garantizamos que son personas que cumplen tareas específicas y son idóneas para hacerlas. La respuesta tiene que ser que continúan absorbidos como empleados de planta”, dice el Delegado. Los trabajadores decidieron que realizarán otra Asamblea el martes y mantendrán el estado de alerta, dado que a fines de junio vencen más de 300 contratos que aún no tienen continuidad confirmada.

Los temores dentro del INCAA se replican en quienes están a la espera de fondos para filmar. La Asamblea Abierta de la Comunidad Audiovisual, conformada por las entidades de directores, productores, distribuidores, técnicos, trabajadores del Instituto y estudiantes, emitió un comunicado en el que asegura que hay un mínimo de “26 largometrajes con gravísimos retrasos en sus créditos, 12 de ellos en situación muy crítica y riesgo concreto de cancelarse”. Según la Asamblea, en los últimos días los responsables de varios proyectos con inicio de preproducción pautado para este mes fueron notificados desde el Instituto con que no habrá partidas presupuestarias hasta julio o agosto, y ya hay varias productoras que han suspendido rodajes hasta que la situación se normalice y se tengan certezas de plazos de pagos y liberación de cuotas. Tanto Haiek como Avelluto reconocieron en el Congreso las demoras e incluso la subejecución del presupuesto.

La Asamblea también sostiene que en las últimas semanas hubo cambios de facto en los requisitos para la presentación de proyectos, etapa en la que deben detallarse, entre otras cosas, cuál es el monto presupuestado y de qué forma se financiaría. “No están aceptando como parte del plan económico el pedido del crédito al INCAA”, se lee. “Hace dos semanas están solicitando a proyectos de audiencia media a que vuelvan a presentar su plan económico. No hay explicaciones concretas de esto (incluso hubo información interna cruzada). El temor es que si no se permite presentar dentro del plan económico al crédito, dé motivos a futuro a que el comité de crédito lo rechace. También es una nueva traba a los productores pequeños y medianos para acceder a la preclasificación de proyectos”.

El Fondo de Fomento Cinematográfico es la principal herramienta de financiación del cine argentino y se compone, principalmente, con el 10 por ciento del valor de todas las entradas de cine cortadas en el país y de alquileres de video, más allá de que se trate de una producción argentina o no, y con el 25 por ciento de lo recaudado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) en concepto de gravámenes a la TV, el cable y la radio. La pregunta que sobrevuela  es si esos canales se mantendrán de sancionarse una Ley de Comunicaciones Convergentes. El proyecto del Poder Ejecutivo es prácticamente un secreto de estado y pocos han visto qué dice (ni siquiera Avelluto, como reconoció en el Congreso). El 15 de mayo ingresó a la Cámara de Diputados uno realizado por el Partido Socialista (PS) y la polémica, claro, no tardó en estallar.

El diputado Julio Raffo escribió una columna para el sitio Otroscines.com. Según el abogado, muy relacionado con el ámbito audiovisual gracias a su trabajo como asesor jurídico, el proyecto se “propone reducir los recursos que la ley vigente destina al Fondo de Fomento Cinematográfico para financiar la producción del cine nacional”. Raffo se basa en el Artículo 147, que prevé que el 15 por ciento -contra el 25 por ciento de la actual normativa- de los gravámanes recaudados por los servicios de comunicación audiovisual irán a parar al INCAA.

Martín Becerra, uno de coautores del proyecto del PS, respondió con un texto publicado en el mismo sitio en el que asegura que “se prevé integrar en la regulación a los sectores audiovisual (televisión abierta y de pago, radio AM y FM), de telecomunicaciones fijas y móviles y de conectividad a Internet”, y que por lo tanto “se contempla la participación de tasas y gravámenes de todas estas actividades que, sumadas, conformarán un fondo mucho mayor que el del sector audiovisual que hoy tiene, entre otras finalidades, el aliento a la producción cinematográfica nacional”. Según Becerra, “debe considerarse el aporte del 0,5 por ciento de la facturación de las telecomunicaciones, así como el de las tasas radioeléctricas”. Esto elevaría los recursos del Fondo de “los cerca de 31 millones de dólares actuales a más de 50 millones de dólares, sin considerar multas y sanciones ni los formatos de consumo como Netflix o la comercialización del pay per view del fútbol por fuera de los circuitos actuales de TV paga”.