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Desde Santa Fe
La fiscal del Ministerio Público de la Acusación Cristina Ferraro será indagada el 17 de mayo próximo por supuesto “encubrimiento agravado” en la modalidad de “hacer desaparecer pruebas” en una causa que investiga el destino de 1.100.000 dólares y 3.050.000 pesos descubiertos en la agencia de turismo de Hugo Oldani -horas después del asesinato del empresario, el 11 de febrero de 2020-, pero de los que sólo quedaron las fotografías de los billetes. El fiscal federal Walter Rodríguez solicitó la indagatoria de Ferraro en los primeros días de febrero y el juez de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo –que está a cargo del Juzgado Federal Nº 2 de Santa Fe- convocó la audiencia para el 17 de mayo. La investigación en el fuero federal se inició cuatro meses después del homicidio, el 1º de junio de 2020, por una denuncia del entonces ministro de Seguridad Marcelo Sain, quien reveló que el “hallazgo y posterior sustracción de la escena del crimen de una millonaria suma de dinero en moneda extranjera y nacional que no se justifica ni condice con los montos que habitualmente maneja un operador turístico” eran “elementos serios y verosímiles para inferir que en el lugar podría haber funcionado una de las denominadas ‘cuevas financieras’, sin autorización del Banco Central y Afip para realizar operaciones de cambio y/o préstamo de dinero”. A un año y diez meses de esa denuncia de Sain, el fiscal Rodríguez ya pidió el juicio oral y público a diez allegados de Oldani, entre ellos la hija del empresario, Virginia Oldani y una empleada de la agencia, María José Calle, por presunta “intermediación financiera no autorizada”. Y ahora avanza en la investigación de la “conducta” de Ferraro.
Desde que Sain denunció el caso ante la justicia federal para que se investigue la supuesta “intermediación financiera no autorizada, lavado de activos” y eventuales “infracciones a las leyes cambiaria y tributaria”, el jefe de Ferraro y fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, se convirtió en uno de los principales denunciantes del ex ministro de Seguridad. Incluso, desde ese momento se sucedieron tres operativos para sacarle la causa al fiscal Rodríguez por cuestiones de competencia y llevarla al MPA, al ámbito de Arietti, que fueron rechazados por tres jueces. El primero, el 4 de junio de 2020 –a solo 72 horas de la denuncia de Sain- por el juez Gustavo Urdiales. El segundo, el 4 de noviembre de 2020, por el juez Marcelo Bailaque (que rechazó un incidente de incompetencia que planteó la defensa de Ferraro) y el tercero, el 20 de noviembre de 2020, por el juez Luis Octavio Silva. Dos de esos planteos para apartar al fiscal federal Rodríguez fueron realizados por la fiscal del MPA Mariela Jiménez, quien hoy junto a su colega Ezequiel Hernández, investiga a Sain y a sus ex colaboradores en el Ministerio de Seguridad, entre ellas la abogada de Hijos, Nadia Schujman.
El fiscal Rodríguez denunció a Ferraro el 18 de agosto de 2020. En su dictamen, solicitó “la formación de una causa por separado a fin de investigar el delito de encubrimiento en que pudo haber incurrido la fiscal del MPA, en la modalidad de hacer desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del ilícito agravado por tratarse de una figura especialmente grave y por su calidad de funcionaria pública”. La pesquisa no sólo puso en foco “la conducta desplegada por la fiscal Cristina Ferraro”, sino también “la eventual participación de terceros”.
El gran interrogante de la causa es el destino de una “millonaria suma de dinero en moneda extranjera y nacional” -como la llamó Sain-, de la que sólo quedaron las fotos. Un estudio de las imágenes que realizó la División Scopometría de la Policía Federal dictaminó que “la suma ascendería a 3.050.000 pesos y 1.100.000 dólares”. “Un monto de dinero injustificado a la luz de la actividad general de la empresa de turismo”, advirtió el fiscal Rodríguez.
En su denuncia del 1º de junio de 2020, el ex ministro Sain informó sobre un “levantamiento indebido de la custodia” de la Policía de Santa Fe en la agencia de Oldani, “la alteración de la escena del crimen” y “la sustracción de una millonaria suma de dinero encontrada en el lugar del hecho”. La fiscal Ferraro estaba a cargo de la investigación del homicidio de Oldani hasta que Arietti la desplazó del caso varios meses después.
“En el lugar donde se produjo el homicidio de Oldani” –reveló Sain- operaba una agencia de turismo “de modo que el hallazgo y posterior sustracción de la escena del crimen de una millonaria suma de dinero en moneda extranjera y nacional, no se justifica ni se condice con los montos que habitualmente maneja un operador turístico local. Por lo que en el caso existen elementos serios y verosímiles para inferir que en lugar podría haber funcionado una de las denominadas ‘cuevas financieras’”, sin autorización del Banco Central y la Afip para “realizar operaciones de cambio y/o préstamos de dinero”. “Tales circunstancias ameritan que se lleve a cabo una profunda y exhaustiva investigación de naturaleza patrimonial” en la justicia federal, planteó. Una parte de la causa ya fue elevada a juicio con diez imputados y ahora, el fiscal Rodríguez pidió la indagatoria de Ferrero, que está prevista para el 17 de mayo.
