El Congreso de El Salvador, a pedido del presidente Nayib Bukele, prorrogó por un mes el régimen de excepción decretado el 27 de marzo con el objetivo de contener la violencia homicida de las pandillas. Amnistía Internacional calificó la situación como una "tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos" y pidió la intervención de la comunidad internacional.
El nuevo decreto legislativo consigna que "persisten las condiciones de seguridad que demandan de manera urgente la prolongación del régimen de excepción por continuar las circunstancias que lo motivaron". El primer mes del régimen de excepción, que vence el lunes, le permitió a las autoridades detener sin orden judicial a 16 mil pandilleros.
La medida restringe también la libertad de asociación, el derecho a la defensa, amplía el plazo de las detenciones mientras se investiga y faculta intervenir las comunicaciones. Una vez que Bukele sancione el nuevo decreto, la prórroga se iniciará este martes.
También el domingo, el Parlamento aprobó una ley que contiene un régimen especial transitorio para "simplificar y facilitar" la adquisición de bienes y servicios libres de impuestos por parte del Estado para atender la emergencia. Las autoridades se proponen construir nuevas cárceles para recluir a los miles de pandilleros que detienen.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló en un comunicado de la organización que "en los últimos 30 días el gobierno de Bukele ha pisoteado todos los derechos del pueblo salvadoreño". Guevara-Rosas indicó que "las autoridades salvadoreñas han creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos" y llamó a tomar conciencia y acciones "a la comunidad internacional y a las autoridades del país para que cesen los abusos".
