Por fuera del concurso de acreedores que abrió hace dos años luego de apurar su vaciamiento, ayer 16 ejecutivos del grupo Vicentin entraron en silencioso tropel al Centro de Justicia Penal, y salieron imputados por administración fraudulenta en perjuicio de una cerealera por haberle "perdido" 55 mil toneladas de soja (casi 24 millones de dólares a valor oficial), y multimillonarios fraudes contra distintos bancos por créditos solicitados con documentación trampeada y a sabiendas de que poco después se declararían en default y recaerían en concurso preventivo de acreedores. Los directivos –14 de Vicentin, y 2 de Renova– salieron en silencio pero molestos con los ojos que los escrutaban. Conservan la libertad, pero el juez Román Lanzón les prohibió salir del país.
La acusación partió de los fiscales de Delitos Económicos Sebastián Narvaja y Mariano Ríos Artacho. Enfocan en ese volumen de granos que el corre acopio Commodities entregó a Renova entre 2018 y 2019, y que esta transfirió sin autorización a Vicentin para luego nunca recuperarlo. La empresa demandante comercializaba granos con Vicentin y Renova de manera habitual. En ese período le entregó 500 mil toneladas del poroto a granel, y Vicentin llegó a vender con el permiso del corre acopio 445 mil toneladas. Pero la rueda se trancó y cuando Commodities SA reclamó la devolución de las 55 mil toneladas de soja entregadas en guarda y almacenaje, se quedó esperando. Era el equivalente a la carga de 13 mil camiones cerealeros, unos 24 millones de dólares a cotización oficial.
Por otra parte, el fiscal Narvaja se explayó sobre otro aspecto de la imputación: maniobras de fraude contra bancos internacionales que le facilitaron créditos al grupo Vicentin, mientras sus responsables ocultaban el vaciamiento deliberado que se estaba ejecutando y que derivó en el "stress financiero" con el que se justificó en 2019 el mayor default empresario de la historia argentina. Por caso, el banco ING le otorgó dos créditos abiertos entre 2016 y 2020 que sumaron 78 millones dólares para prefinanciación de exportaciones. Uno de los desembolsos fue por 10 millones como soporte de un contrato de exportación de Vicentin con Cargill. Cuando la entidad crediticia intimó al grupo de Avellaneda para cobrar, recibió 2 millones como pago parcial, y cuando fue por Cargill, ING descubrió que los directivos de Vicentin, a sus espaldas, habían introducido en la operación a otro beneficiario, BAF Latam Trade Finance Fund. Es un banco de negocios con base en Amsterdam que se hizo acreedor de la operación con Cargill. El banco ING quedó mirando de afuera.
La imputación expuesta por Narvaja ayer dejó a la vista el talento de los imputados en ingeniería financiera, al punto de jorobar a un banco multinacional.
Otro fraude endilgado a los 16 jerárquicos fueron los dos préstamos que Vicentin tomó del Banco Macro con 5 días de diferencia, al final de setiembre de 2019: 280 millones de pesos primero, $228 millones después. Y dos meses más tarde, ya se declaró en bancarrota, y otros dos meses después, febrero de 2020, abrió el concurso de acreedores. Un pagadios de $508 millones en perjuicio del banco de la familia Brito.
La imputación fiscal los acusó a todos de usar los estados contables cerrados al 31 de octubre de 2018, que aparentaban superavit y solvencia económica en el grupo Vicentin, para obtener de los bancos todos los créditos que luego no pagaron.
"Las maniobras de los directores de Vicentín, de entregar documentación con información contable falsa, ocultando la realidad económica de la empresa se repiten, nuevamente con el fin de obtener asistencia crediticia bajo engaño, a sabiendas de que no iba a ser posible cumplir con los compromisos asumidos dada la real situación económica y financiera”, puntualizó la acusación de Narvaja y Ríos Artacho.
El juez Román Lanzón, a instancias de los fiscales, aceptó imputar a los siguientes ejecutivos que ayer escucharon el veredicto en el Centro de Justicia Penal, cerca de donde se desarrolla el juicio al narco Esteban Alvarado: Miguel Vallazza y Alberto Julián Macua, imputados por el delito de "desbaratamiento de derechos acordados y estafa. También Javier Gazze quedó imputado de estafa con los dos anteriores. Y el delito de administración fraudulenta les cupo a Eduardo Gancberg, Diego Mejuto y Daniel Pájaro (Renova), y los vicentines Daniel Buyatti (presidente), el mencionado Macua (vicepresidente), Roberto Alejandro Gazze (director), Máximo Padoán, Cristian Padoán, Martín Colombo, Yanina Colomba Boschi, Sergio Vicentin, Pedro Vicentin, Roberto Vicentin y Omar Scarel.
A la salida de la audiencia, algunos rostros de los 16 lucían hostiles para con los periodistas que cubrían el suceso. Uno de ellos, ante un reportero que los fotografiaba, le espetó: "¿Por qué no le sacás foto a la concha de tu hermana?".
El diputado provincial Carlos Del Frade siguió la audiencia de principio a fin. Luego reflexionó: "Es hora de terminar con tanta impunidad y mostrar voluntad política para recuperar la principal empresa exportadora argentina. Asistimos a desmantelamientos de derechos adquiridos, a ventas simuladas, a la circulación de dinero y de bienes entre los mismos accionistas que se repiten en los directorios de cada empresa del grupo; estafas reiteradas, fuga millonaria en dólares, y otras tantas maniobras", dijo. Y se preguntó si acaso son legales o no las exportaciones que hoy opera Viterra (ex Glencore) como socio aportante en la concursada.
La audiencia terminó con la ratificación de las medidas cautelares que se le habían aplicado a los imputados en octubre pasado, y cauciones por U$D 10 millones para los ejecutivos de Vicentin, y U$S 421.000 para los directivos de Renova.
El abogado de Commodities SA, Gustavo Feldman, señaló que ha quedado abierta para "una posible imputación por lavado de dinero".
