Los senadores del Frente de Todos vuelven a sacudir la modorra parlamentaria y esta semana abrirán el debate en la Cámara alta para ampliar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La comisión de Asuntos Constitucionales convocaría a sus miembros, en principio, este miércoles al mediodía para arrancar la discusión sobre la reforma del Máximo Tribunal. Allí se presentará formalmente el proyecto que impulsa el senador oficialista puntano Adolfo Rodríguez Saá que eleva de cinco a nueve los integrantes de la Corte, y el de la riojana Clara Vega que propone paridad de género. También se sumó este lunes el proyecto del rionegrino Alberto Weretilneck, que propone una integración de 16 jueces, con composición federal y dividida en salas. “El problema de una Corte ‘partidizada’, sea a favor o en contra del poder político de turno, esto es, adicta o en riña con dicho poder, es la politización en el mal sentido con la que pretendemos terminar a través del presente proyecto de ley”, dice en sus fundamentos la iniciativa del exgobernador de Río Negro. El oficialismo se propone analizar todas las propuestas en busca de un texto que alcance el mayor consenso posible.
La decisión del ahora interbloque oficialista en el Senado (compuesto por las bancadas del Frente Nacional y Popular y de Unidad Ciudadana) se adoptó la semana pasada en un encuentro en el que fijaron las prioridades de su agenda parlamentaria, entre las que incluyen también la creación de un "Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI". Pero la disputa con la CSJ, tras la decisión de los supremos de declarar “inconstitucional” la composición del Consejo de la Magistratura –vigente por ley hace 16 años— y emplazar al resto de los poderes del Estado para regresar a su vieja composición en manos del presidente de la Corte, terminó de acelerar los tiempos de un debate –que se daba en ámbitos políticos y académicos-- pero que no había abordado el Congreso.
La comisión que preside el jujeño Guillermo Snopek (Unidad Ciudadana) se reunirá el miércoles al mediodía. Aunque la convocatoria no se había oficializado, quienes defenderán sus iniciativas este lunes por la tarde ya tenían agendado el encuentro y lo confirmaron a PáginaI12.
La reunión abordará en principio los tres proyectos presentados. El del puntano Rodríguez Saá que amplía de cinco a nueve los integrantes del Máximo Tribunal también contempla cuestiones de paridad. “A efectos de asegurar la diversidad de género, la CSJ no podrá integrarse por más de cinco (5) jueces del mismo género”, dice el texto y agrega: “con el objeto de salvaguardar la diversidad en especialidades la composición de la CSJ deberá incluir representantes de las siguientes áreas del derecho: civil, comercial, penal, trabajo, seguridad social, constitucional, contencioso administrativo y cualquier otra rama del derecho público y/o privado”. Y para “garantizar la procedencia regional”, estará “compuesta por integrantes de las distintas regiones del país: la región Patagónica, la región Cuyo, la región Centro, la región Norte Grande Argentino”.
El proyecto de la senadora riojana Vega propone que la CSJ “deberá reflejar en su integración la paridad de género entre hombres y mujeres, diferentes especialidades de sus miembros y distinta procedencia geográfica en el marco de un país federal”.
La propuesta más reciente del rionegrino Weretilneck señala entre sus puntos principales: “Hay un poder del Estado que es el Poder Judicial de la Nación que hoy está siendo mirado y observado no sólo por un sector de la política o por todos, sino también por el periodismo y por todos los argentinos”. El texto propone llevar de 5 a 16 los miembros de la CSJ, con paridad de género y un cupo federal, donde como mínimo deberá haber tres magistrados por cada una de las 5 regiones del país que se establecen: CABA, Buenos Aires, Norte, Centro y Sur.
“La Corte actuará en plenario en los asuntos en que tiene competencia originaria”, mientras que “para el resto de los casos, la Corte funcionará en 5 salas integradas por 3 magistrados, elegidos por sorteo para resolver cada caso que llegue a conocimiento de la Corte, no pudiendo el presidente integrar ninguna de las mismas”, dice el texto del proyecto. Esta división con la exclusión del presidente de la Corte es para “en cada caso evitar concentración de poder”.
El proyecto también sostiene que “el presidente de la Corte será designado por el voto mayoritario de la totalidad de los magistrados que la integran”. También establece que “la presidencia será ejercida por un período de un año” y “no podrá elegirse un presidente de la misma región en forma consecutiva”.
Un debate que recién comienza.