Todavía es un misterio si podrán jurar y cuándo la diputada radical Roxana Reyes y el senador Martín Doñate, de Unidad Ciudadana, como integrantes del nuevo Consejo de la Magistratura de 20 miembros presidido por el supremo Horacio Rosatti. Tanto en algunos despachos del alto tribunal como en el cuerpo de consejeros apuestan a que la asunción sería esta semana. Los supremos tienen acuerdo este martes y el asunto será uno de los ejes del encuentro, aunque no necesariamente se resuelva ahí. Son ellos los que deben definir que se concrete o no ese acto, como ocurrió la semana pasada con cuatro nuevas consejeras. En este caso, el panorama de demandas judiciales e impugnaciones es cada vez más complejo. Tres jueces del fuero contencioso administrativo tienen planteos, al menos uno contra Reyes y dos contra Doñate. En el cuerpo de consejeros consideran que esos expedientes no pueden ser obstáculos para su juramento. A última hora de este lunes, el juez Martín Cormick rechazó la medida precautelar pedida por el jefe del bloque del Frente de Todos de Diputados, Germán Martínez, contra el nombramiento de Reyes. Pero a la vez le pidió un informe al presidente de la Cámara, Sergio Massa, para que explique la razones por las que envió la nota con la designación de la radical. 

Expedientes 

La decisión de Cormick no frena el trámite del amparo presentado por Martínez, pero le resta extrema urgencia. Le pone un plazo de tres días a Massa, eso sí, para que explique antecedentes y el criterio utilizado al convalidar el nombre de Reyes a quien postuló el radicalismo. La presentación del diputado del FdT señalaba que no se había establecido un criterio claro sobre a qué fuerza le correspondería la "segunda minoría" y advertía que el espacio político al que pertenece Reyes quedaría representado como primera minoría y como segunda minoría a la vez. Se habilitaría, decía, que un bloque minoritario, JxC, tenga más representantes por Diputados (tendría a Pablo Tonelli y a Reyes) que el bloque mayoritario, el Frente de Todos (que tiene a Vanesa Siley).  Su pedido de máxima es que se declare la nulidad, ilegalidad e inconstitucionalidad de la desginación. Es claro que su presentación judicial fue en defensa del bloque y como respuesta a las demandas judiciales con las que también fue al ataque el senador de JxC Luis Juez cuando se quedó afuera a raíz de la estratégica división bloque oficialista en el Senado, que le permitió a Cristina Fernández de Kirchner enviar el nombre de Doñate. 

El senador juez se presentó en dos juzgados. Primero fue al de Santiago Carrillo, que es el que se ocupa de ejecutar la sentencia de la Corte donde dictó la inconstitucionalidad del Consejo de 13 miembros y puso la famosa dead line de 120 días que ya se cumplió:  como no se aprobó una nueva ley en el Congreso, comenzó regir una ley derogada de 1997 que establecía el esquema de 20 consejeros y Rosatti en la presidencia del Consejo. El viernes último Juez presentó un amparo ante el juez Pablo Cayssials. En ambos casos el eje del planteo es el mismo: que su nombre había sido enviado dentro del límite establecido por los supremos pero que el de Doñate fue girado por CFK con posterioridad, que fue extemporáneo, a lo que agrega que habría sido fruto de una maniobra política, argumento difícil de sostener porque los acuerdos entre fuerzas y bloques no son novedad para nombrar consejeros. 

En tribunales todo el mundo apuesta a que estos reclamos podrían terminar rechazados por tratarse de cuestiones donde no debería intervenir el Poder Judicial. Un antecedente al respecto fue muy mencionado en los últimos días, y alude a la judicialización de la designación del diputado Tonelli a fines de 2015 para terminar el mandato que quedaba de dos años de Anabel Fernández Sagasti a quien se le terminaba su tiempo de diputada del FdT. La parte que más se cuenta de esta historia es la del final, cuando el juez contencioso Enrique Lavié Pico decidió en 2017 convalidar la designación de Tonelli. El magistrado dijo, entre otras cosas, que "las decisiones que se adoptan dentro de la esfera de competencia propia de otro poder no admiten revisión judicial". Sostuvo que el Poder Judicial no puede opinar sobre "actos llevados a cabo por otros poderes del Estado referidos a la consideración de las impugnaciones que se formularen en cuanto a la validez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros".

A esa altura, Tonelli llevaba ya un buen rato sentado en una banca en el Consejo.  El asunto es ¿Cómo estaba Tonelli ocupando ya ese lugar? Y este es un punto que por estas horas repasan en la Corte Suprema. Fue porque el propio Consejo lo aprobó con los votos del oficialismo de entonces, de Cambiemos, y porque la Corte refrendó esa decisión una vez adoptada y en cuestión de horas le tomó juramento. Como es obvio, fue una cadena de decisiones pautada de esa manera. Lo que no está claro es si ahora el devenir de los acontecimientos podría darse igual. 

Decisión suprema

Está claro, como sucedió la semana pasada con las nuevas consejeras, que la Corte decide la toma de juramento, de la que el propio tribunal se ocupa. En esa ocasión se incluyó entre las elegidas a la representante académica Pamela Tolosa, decana de la Universidad Nacional del Sur, de Bahía Blanca, a pesar de que se judicializó el método de elección que había sido modificado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y no es una causa terminada. Es decir, los expedientes judiciales no tienen por qué frenar la asunción de nuevos/as consejeros/as. Pero ha habido otro tipo de presentaciones, algunas ante la Corte y otras ante el Consejo. En el organismo pasa algo curioso: por lo menos cuatro de sus integrantes dijeron a este diario que se presentaron impugnaciones pero "no se circularizaron" entre los integrantes del cuerpo. El hermetismo es muy grande. Se sabe que Juez y Martínez presentaron notas replicando sus argumentos judiciales. La chicana del exconsejero Alejandro Fargosi, quien denunció que Doñate no tenía ocho años de ejercicio como abogado, fue refutada por la secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra, quien dejó claro que ese requisito no existe en la ley vigente. 

En la Corte, donde al parecer no habría por ahora una posición uniforme entre sus miembros sobre la jura de Doñate y Reyes, deslizan la alternativa de que el propio Consejo se expida primero sobre planteos recibidos por el organismo, como ocurrió años atrás con Tonelli. Esta opción, requeriría que el Consejo funcione incompleto, opción que el tribunal previó en su resolución de la semana pasada cuando consagró a Rosatti presidente. Ahí apuntó que podría funcionar con un quórum de 12 integrantes. Pero nada está cerrado. En el mientras tanto, y por si siguen pasando los días y las horas, en la Corte argumentan que están esperando que el Consejo les mande "los papeles"  del senador y la diputada, lo que es una paradoja obvia porque hoy la secretaría general del organismo que se encarga de esa burocracia, depende de Rosatti.