Desde el primero de enero de este año, el uruguayo Ricardo Pérez Manrique ocupa el cargo más alto al que un juez puede acceder en América latina: el de presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). De visita en Buenos Aires, Pérez Manrique se reunió con los miembros de la Corte Suprema argentina y participó de un seminario destinado a destacar la labor de los defensores públicos en los casos de la Corte IDH. En el medio hizo una pausa para conversar con Página/12 sobre las complejidades de las "democracias imperfectas" en la región y la postura de la Corte frente a la situación en Nicaragua y Venezuela. A sus 74 años, el juez compara la respuesta de su país con la de Argentina frente a delitos de lesa humanidad y destaca la fuerte presencia femenina en la Corte.

- ¿Cuál es el rol principal que ocupa la Corte IDH actualmente?

- Es importante que en la región y en el mundo existan este tipo de tribunales que permiten a una persona cuyos derechos humanos han sido amenazados o vulnerados en el ámbito interno de su país y la jurisdicción doméstica no ha podido superar, pueda haber una instancia internacional que revea los casos y permita hacer justicia por lo menos a ese nivel. Cuando le preguntamos a las víctimas qué es lo que esperan de este tribunal, dicen: -Por primera vez veo jueces que me escuchan, que me atienden, que tienen en cuenta lo que digo y lo que vengo a buscar en la justicia que no encontré en mi país-. Entonces ese es esencialmente el rol que cumple la Corte IDH, como garante del Estado de derecho y la democracia.

- Al igual que en otros ámbitos, se menciona en el ámbito judicial de la necesidad de cumplir con la paridad de género. ¿Ustedes en la Corte IDH están trabajando sobre eso?

- Mire, sobran los dedos de una mano para contar las juezas que habían habido hasta ahora en la Corte IDH. Dos fueron presidentas, la doctora Cecilia Medina de Chile y la doctora Elizabeth Odio de Costa Rica. Y la Corte frente al proceso de designación de cuatro nuevos jueces que se produjo el año pasado tuvo un rol muy importante en cuanto a marcar la necesidad de ir hacia la paridad de género. Y en esta Corte por primera vez hay tres mujeres. O sea, somos cuatro hombres y tres mujeres, lo que es un avance muy importante hacia la paridad y yo vislumbro en el futuro mesas de la Corte, es decir presidencia y vicepresidencia que puedan ser exclusivamente femeninas.

- En una entrevista en noviembre, usted se mostraba preocupado por el crecimiento de las "democracias imperfectas". ¿A qué se refería puntualmente?

- Lo que apreciamos en la región son cambios bruscos en las reglas del juego, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el funcionamiento de los poderes del Estado, en este estilo que tiene que ver con la perpetuación de mandatos, por ejemplo, y un tema que aparece como muy importante en la región desde el punto de vista político tiene que ver con la claridad de los procesos electorales y la igualdad de acceso a los medios de comunicación, y sobre todo la posibilidad de la existencia de un debate realmente libre de ideas. Si a todo eso agregamos una situación económica, financiera y social que es complicada de por sí pero que se ha complicado muchísimo por la pandemia y sus efectos, vemos que hay una fuerte tensión sobre el sistema democrático. Hemos visto protestas masivas en varios países de la región, de gente que entiende que no se encuentra contemplada en la forma como se gestiona la cosa pública. Entonces creo que hay debates no resueltos, por ejemplo, en lo que se denomina la crisis del sistema de representatividad tradicional. Es decir, yo elijo a mis representantes y espero cuatro o cinco años y puedo cambiarlos si no me gustaron. Pero hoy la gente requiere respuestas inmediatas y el debate ha adquirido otras características, y esas son tensiones para la democracia.

- Quería preguntarle por algunos casos puntuales como el de Nicaragua, que hoy es noticia por retirarse de la OEA. ¿Qué opina sobre esto y sobre lo que viene sucediendo en ese país en los últimos años?

- Cuando empezó el encarcelamiento de líderes opositores, a la Corte IDH le pidieron medidas provisionales para primero exigirle al gobierno de Nicaragua que preservara la libertad y la integridad física de las personas que iban siendo detenidas, y el acceso de familiares y abogados a estas personas. Además la Corte le plantea a Nicaragua que está dispuesta a enviar una delegación de jueces a los efectos de verificar cuál era el estado real de estas personas detenidas, y el estado de Nicaragua ha contestado que no va a acatar las decisiones de la Corte, que entiende que ha aplicado su orden jurídico interno para proteger la soberanía del Estado y evitar actitudes de subversión de parte de alianzas internacionales y ONGs. Consecuentemente a partir de ahí tenemos una actitud del Estado que ante cada comunicación de la Corte dice que ésta es parte de una suerte de conspiración internacional contra el gobierno nicaragüense. Frente a eso, la Corte lo que hizo fue aplicar la Convención Interamericana que en su artículo 65 determina que cuando un estado incumple las decisiones de la Corte y es contumaz en su incumplimiento, hay que derivar el asunto a la Asamblea General de la OEA para que a nivel político se adopten las decisiones correspondientes. La Corte dio este paso, que está en trámite, pero parecería que los acontecimientos se precipitan, de manera que el problema de Nicaragua con la Corte es parte de un problema político más general que es el desconocimiento y pretensión de abandono del sistema.

- Venezuela se retiró de la Corte IDH en 2013. ¿Ustedes igualmente siguen emitiendo sentencias ante el Estado venezolano?

- La Corte no puede dictar medidas provisionales ni sentencias en casos sucedidos después de 2013, pero sigue interviniendo en casos de Venezuela en asuntos sucedidos con anterioridad, y de hecho hay unos cuantos casos en trámite y hasta ahora el estado de Venezuela ha presentado su defensa y ha litigado ante la Corte en esos casos. Sabemos que es muy controvertida la situación interna en cuanto a los derechos humanos. Primero hay una situación que resulta evidente a simple vista, que tiene que ver con los millones de personas que tuvieron que emigrar, y con la cantidad de cuestionamientos de derechos humanos ante la propia Corte y ante el sistema universal. Pero segundo, cualquier devolución debería ser parte de un proceso de monitoreo internacional independiente y autónomo. Parecería que serían las condiciones necesarias para evaluar realmente cuál es la situación interna en Venezuela, independientemente de la política o del pensamiento político de cada Estado o gobierno.

- La Corte IDH reiteró su pedido para que no se libere al expresidente peruano Alberto Fujimori, pese al fallo a su favor. ¿En qué basa la Corte ese pedido?

- En el año 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski resolvió aplicar una figura propia del Perú que se denomina indulto humanitario al expresidente Fujimori. Ese indulto humanitario estaba basado en la situación de salud del señor Fujimori. La Corte IDH señala que en este tipo de casos, de graves violaciones a los derechos humanos, hay que buscar fórmulas que puedan por una parte preservar la salud de la persona, y por otra parte considerar la naturaleza de los delitos que se han cometido. En marzo de este año el Tribunal Constitucional peruano resuelve revivir aquel indulto del año 2017 y conceder la libertad al señor Fujimori. Entonces convocamos a una audiencia para escuchar al Estado, a las víctimas y a la Comisión Interamericana. El día anterior a la audiencia la Corte IDH recibe una nota dirigida a mí, en la cual el actual presidente de Perú, el señor Pedro Castillo, dice que sea cual sea la resolución, el gobierno de Perú se compromete a acatar lo que la Corte resuelva. Al día siguiente realizamos la audiencia y tomamos la decisión de declarar que ese indulto era contrario a las reglas que la Corte había señalado. Que se dejaba sin efecto la medida provisoria que se había adoptado. Esto motivó un gran debate en Perú, pero lo cierto es que no se ha hecho efectiva la libertad y la Corte en esa resolución deja abierta la posibilidad de que obviamente, si hay situaciones del punto de vista de la salud que ameriten y se dan otra serie de requisitos, Perú en su fuero interno resolverá qué hacer con este caso.

- En Uruguay la llamada Ley de Caducidad ha sido un verdadero obstáculo en el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad. Usted fue protagonista de ese proceso en su paso por la Suprema Corte de Justicia.

- Uruguay ha desarrollado un largo proceso que viene desde la vuelta a la institucionalidad democrática, en la cual se aprueba una ley que es la denominada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que establece que en casos de presuntos delitos cometidos por militares o por policías durante el periodo de dictadura, no se podrán procesar estos casos directamente hasta el sistema de justicia, sino que previamente tiene que haber un pronunciamiento del poder ejecutivo. Esta ley se aprueba paralelamente a una de las primeras leyes de la democracia, la 15737, que por una parte ratifica y adhiere a Uruguay a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, y por otro lado establece un sistema que prácticamente amnistía a los considerados presos políticos en ese momento. En este largo proceso hay una sentencia de la Corte uruguaya en 2009, por el caso Sabalsagaray, en el que decreta la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley de Caducidad, y hay un proceso durante el cual se activan las investigaciones. En ese proceso aparece la sentencia del caso Gelman, y la ley 18831 que determina la derogación de la Ley de Caducidad, y establece que los delitos cometidos durante la dictadura por militares o policías en ejercicio de su cargo son delitos imprescriptibles y que por tanto está intacta la posibilidad de persecución penal. Esta ley es impugnada por abogados de militares y personas que estaban implicadas en los casos. Y esa ley es declarada inconstitucional por la Corte por cuatro votos y con mi único voto negativo, desatendiendo lo que la Corte IDH dijo en el caso Gelman. Este proceso continúa en la actualidad, se han anotado procesos como la creación de una Fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad y se han generado interpretaciones flexibles de la prescripción de delitos.

- ¿El caso de Argentina es muy diferente?

- Creo que Argentina ha sido en muchos aspectos un ejemplo desde el Juicio a las Juntas, que fue un hecho simbólico y memorable con unas consecuencias impresionantes en la región. Yo veo que hay una actitud proactiva del Estado en todo este proceso que comienza con el presidente Raúl Alfonsín. Con avances y retrocesos como en todos los procesos políticos complejos, la Argentina ha demostrado una justicia de transición que ha actuado de manera eficaz.