Las familias de los tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017, pidieron a los integrantes de la Cámara Federal porteña que confirmen el procesamiento contra el expresidente Mauricio Macri por la vigilancia ilegal que se realizó desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre ellas mismas mientras el buque estaba desaparecido. “Hubo espionaje ilegal y el beneficiario fue Mauricio Macri”, dijo la abogada querellante Valeria Carreras durante la audiencia que se celebró este martes por la mañana. La defensa del expresidente insistió en atacar a Martín Bava, el juez que procesó a Macri, y presentó al líder del PRO como víctima de una persecución política.

La defensa de Macri –encabezada por Pablo Lanusse– no participó de la audiencia que se realizó por Zoom, pero sí presentó un largo escrito pidiendo que se desvincule al exmandatario de la causa. Entre otras cosas, volvió a cargar contra Bava –el deporte favorito de Macri y de sus asesores legales desde que el 1 de octubre pasado fue llamado a indagatoria. El abogado del expresidente caracterizó a Bava como “parcial, incompetente y carente de independencia”.

Lanusse insistió con que la convocatoria a indagatoria de Macri obedeció a cuestiones electorales, ya que su citación se conoció días después de las primarias del año pasado. Ese argumento fue empleado una y otra vez por Macri, que decía que Bava iba a procesarlo antes de las elecciones generales para lograr un golpe de efecto. El presagio no se cumplió porque el juez tomó las testimoniales que el expresidente pidió y recién dictó el procesamiento el 1 de diciembre pasado.

La defensa de Macri también apuntó contra la actual intervención de la AFI –ya que fue Cristina Caamaño quien presentó la denuncia sobre el espionaje a las familias– y dijo que funcionaba como una usina de denuncias contra el expresidente. Según Lanusse, la intención es comparar a la gestión Cambiemos con la “maquinaria satánica” de la dictadura.

“Es evidente que el Señor Juez Federal subrogante, producto de su parcialidad, dependencia y prejuzgamiento en perjuicio del caso concreto y del Señor Mauricio Macri, intenta construir el relato falso desde un también inexistente esquema sistemático de espionaje ilícito, que supone y construye forzada y fantasiosamente”, escribió Lanusse.

El abogado de Macri ancló parte de su presentación para negar la existencia de espionaje durante el gobierno de Cambiemos en el fallo que la propia Cámara firmó en diciembre pasado. Con esa resolución, la Cámara convalidó la teoría del “cuentapropismo” que salió desde las usinas macristas. Es decir, no niegan que se haya espiado pero dicen que los entonces agentes lo hicieron para sacar rédito propio y no porque obedecían órdenes de sus superiores. Esa teoría quedó bastante maltrecha después de que apareciera un video en el que se veía a tres jerarcas de la AFI coordinando cómo armarle causas a un sindicalista.

Dos de los jueces que ahora tienen que revisar la situación de Macri –Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens– firmaron el fallo del cuentapropismo. El tercero es Leopoldo Bruglia. A los tres los recusó la abogada querellante, Carreras. “Espero haberme equivocado”, les dijo al comenzar la audiencia y les pidió que estén a la altura.

Carreras pidió que confirmen el procesamiento de Bava y reclamó que descarten los argumentos con los que Macri negó que haya existido espionaje ilegal durante su gobierno. Entre otras cosas, Macri sostuvo que la AFI hacía tareas –que incluían a los familiares de los tripulantes– para colaborar con la Casa Militar, encargada de la seguridad del presidente. Eso, a su entender, explicaría los partes de inteligencia que halló Caamaño y denunció ante la Justicia.

Carreras también descartó que la AFI pudiera hacerle una “avanzada” de agenda antes de las reuniones porque los informes, por ejemplo, incorporaban datos personales de los parientes y sus posiciones frente a la búsqueda del submarino. La abogada, por el contrario, insistió en que la exSIDE se infiltró entre las familias.

La Cámara Federal no sólo debe revisar la situación procesal de Macri, sino también de los otros once procesados. Están en esa condición el exdirector de la AFI, Gustavo Arribas y la cúpula, entre otros los exdirectores operacionales de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, el exdirector de Reunión Eduardo Winkler, el exjefe de la base Mar del Plata Nicolás Iuspa Benítez y los cinco agentes que reportaban en esa delegación –desde donde se hizo la vigilancia sobre las familias de los submarinistas.