La confirmación y ampliación de la imputación por administración fraudulenta a 14 directivos de Vicentin, más la inclusión de otros dos directivos de una firma vinculada., Renova, bajo la misma figura, refleja la diferencia entre el ritmo que sigue la causa en el juzgado penal de Rosario, frente a la pasividad de las otras investigaciones en manos de la Justicia que involucran a la misma megaestafa protagonizada por la cerealera santafesina. 

Las dos causas que se destacan por su lenta o pasiva tramitación son la comercial, que entiende en el concurso preventivo de vicentin y está a cargo del juez de los tribuinales de la ciudad de Reconquista, Santa Fe, Fabián Lorenzini. Y la causa penal que se sigue en los tribunales porteños de Comodoro Py, que tiene como juez a Julián Ercolini y como fiscal a Gerardo Pollicitas. En esta última se investiga la responsabilidad de los ex titulares del Banco Nación, Javier González Fraga y Lucas Llach, en el otorgamiento de créditos multimillonarios a Vincentin incluso cuando ya la firma tenía su calificación crediticia vencida, por deudas anteriores impagas, y había excedido largamente el margen de crédito al participar en más del 15% de la cartera total de préstamos otorgados por el mayor banco del país. 

Lo que es más grave aun, en términos de la responsabilidad de las autoridades del Banco Nación entre 2017 y 2019, es que existiendo una cuenta de garantía de Vicentin en dólares, por la cual ingresaba el resultado (los cobros) de sus exportaciones, las autoridades permitieron a los directivos de la empresa disponer de los fondos y retirarlos pese a las deudas impagas. 

Según los registros del Banco Nación, entre agosto y diciembre de 2019 ingresaron por esa cuenta unos 790 millones de dólares. Antes de que la empresa Vicentin se declarara en cesación de pagos, en la primera semana de diciembre (pocos días antes de que Mauricio Macri dejar el gobierno y González Fraga la presidencia del BNA), todos esos fondos fueron retirados y fugados por diferentes directivos de Vicentin, dejando una deuda con la entidad, al momento del default, de más de 300 millones de dólares. 

Pese a lo grosero de la maniobra, la causa en manos de Ercolini no avanza y todavía está en período de acumulación de pruebas. La vinculación entre las autoridades de Vicentin (Sergio y Gustavo Nardelli, y Alberto Padoan), las del Banco Nación (con González Fraga a la cabeza) y el gobierno nacional (contactos directos con Macri y Marcosd Peña) era vastamente conocida. Al punto de habilitar, en el mes de noviembre de 2019, cuando ya el desenlace de la crisis financiera de Vicentin era previsible y llevaba cerca de tres meses de retraso en sus pagos al Banco, que la empresa recibiera créditos adicionales por otros 90 millones de dólares. 

A su vez, esta situación fue ocultada ante el concurso de acreedores durante más de un año y medio, ya que vicentin eludió durante ese lapso la presentación del balance correspondiente al año 2019. Pese a tal irregularidad, el juez Lorenzini le habilitó el concurso preventivo pedido por la empresa en febrero de 2020 y mantuvo a las familias accionistas en el control y manejo de la empresa hasta el presente. 

En cambio, la causa penal que se tramita en el fuero penal de Rosario arrojó resultados más concretos. El juez penal Román Lanzón ya había imputado en octubre pasado a 14 directivos del clan familiar Vicentin por administración fraudulenta y estafa. Además, les impuso una caución de 10 millones de dólares y dictó la prohibición de salir del país.

Pero esta semana, el tribunal amplió y profundizó las imputaciones a partir de una denuncia realizada por la cerealera Commodities, a raíz de unas 55 mil toneladas de granos que la firma corredora había entregado a la firma Renova (propiedad mayoritaria de Viterra, asociada a Vicentin), sin concretar su venta, y que ésta había transferido a Vicentin, sin autorización de su dueño. Nadie pudo explicar el destino de esa mercadería, por la cual el fiscal pidió la imputación de tres directivos de Renova: Diego Mejuto, Sergio Grancberg y Daniel Pájaro. Los dos últimos quedaron imputados, mientras que la situación del tercero, ausente en la audiencia de este lunes, quedó pendiente de resolución. 

Miguel Vallazza y Alberto Macua también están imputados  por maniobras en perjuicio del Banco ING, mientras el propio Vallazza y Javier Gazze cargan con otra imputación por presentación de documentación falsa en contratos con el Banco Macro. Todas en el mismo tribunal. En cambio, el clan familiar imputado penalmente aún mantiene expectativas de que el juez en lo comercial, Lorenzini, le apruebe una "salida" al concurso con un resultado muy favorable para ellos y para el grupo empresario que pasaría a ser el controlante del negocio cerealero, Viterra, con un altísimo costo en materia de pérdida de créditos principalmente para el Banco Nación.