Continúan las reuniones en las que se debaten las propuestas para el proyecto de ley de alquileres en la Comisión de Legislación General del Congreso de la Nación, cuyo vicepresidente es el diputado nacional por Salta Lucas Godoy, quien destacó la importancia de la discusión federal que se ha dado. Desde la provincia expusieron sus planteos la presidenta de la fundación Khukay y referenta de la Unión de Inquilinxs, Natalia Soraire, y por el sector inmobiliario, Felipe Biella.

Godoy explicó a Salta/12 que tienen 25 proyectos en la Comisión para reformar la ley de alquileres, aunque algunos piden también la derogación y puesta en vigencia de nuevo de la ley anterior. Indicó que esta es la tercera semana de reuniones en las que se escuchará a inquilinxs, mientras que las siguientes dos semanas serán para el tratamiento del tema por parte de lxs legisladorxs.

El legislador señaló que la ley de alquileres actual, 27551, entró en vigencia en 2020 y han surgido reclamos, por lo que consideró que "no está mal" que sea revisada. Dijo que durante las reuniones se buscó escuchar a todos los sectores del país, que están planteando "cuáles son las falencias, los aciertos y las conquistas que pretenden sostener". "Vamos a ver cuáles son los puntos centrales neurálgicos, para analizar", expresó.

Sostuvo que la relación contractual es desigual entre inquilinos y propietarios y en ese sentido "la ley tiene que igualar con mayores protecciones a los inquilinos". 

Uno de los problemas que ha surgido en cuanto a la ley en vigencia es la falta de organismos que regulen su cumplimiento. "Planteo brindar la competencia a un organismo como Defensa al Consumidor, para que pueda intervenir cuando haya un problema", propuso Godoy. Señaló que algunos proyectos proponen la creación de organismos nuevos, pero consideró que eso demandará más tiempo, y en cambio se podría "usar los organismos que ya existen" como órganos de aplicación.

El legislador también resaltó la posibilidad de alcanzar presupuestos mínimos que las provincias puedan regular. Por último, nombró la concentración en los grandes centros urbanos, y destacó que la sanción de la ley debe tener en cuenta las realidades locales.  Consideró por ejemplo que la ley no puede regular a nivel nacional el pago de comisiones, "pero se puede fijar un marco referencial" y que después sea cada provincia de acuerdo a su realidad y con una discusión previa entre las partes intersadas locales la que fije, si lo considera necesario, topes a las comisiones.

La vivienda es un derecho humano 

La presidenta de la Fundación Khuyay y referenta de la Unión de Inquilinxs de Salta, Natalia Soraire, fue una de las expositoras en el Congreso que se refirió a la situación de la provincia en cuanto al déficit habitacional y propuso que se incorpore perspectiva de género ante la discriminación que se ejerce contra mujeres, colectivo LGBTIQ e infancias. La referenta consideró que la ley de alquileres debe reformarse pero no derogarse.

Además, señaló que la provincia de Salta es una de las "más pobres económicamente" pero una de las más ricas a nivel turístico. Se refirió al déficit habitacional y a la imposibilidad del acceso a la vivienda para los sectores populares y desde una perspectiva de género, a la imposibilidad de acceso para las mujeres.

Soraire citó datos del Registro Nacional de Barrios Populares, que señala que hay 154 barrios populares en Salta, en los que más de 9.127 mil hogares están a cargo de mujeres sobre 12.854 familias encuestadas. Ante la falta paridad de género, y la falta trabajos formales para las mujeres, ellas no cumplen los requisitos básicos que exigen en los alquileres. Además, señaló la discriminación en la "no aceptación de infancias" y también hacia el colectivo LGBTIQ, ya que hay sobre elles "prejuicios y estigmatización". Por todo eso, consideró fundamental trabajar con la Cámara Inmobiliaria "en la regulación de precios como así también en las capacitaciones sobre la Ley Micaela".

Las propuestas de la salteña tienen que ver con que se implementen programas de alquileres sociales "ya que en dos años en vigencia de ley no se ha efectivizado". También propuso un servicio público nacional del alquiler y la creación de un registro único de contratos de alquiler en Anses, para que se implementen políticas públicas que reconozcan y consideren la vulnerabilidad de los hogares inquilinxs.

Soraire consideró que el plazo mínimo de contrato de alquileres debe seguir siendo por 3 años. Además, propuso que la Comisión Inmobiliaria sea pagada por propietarixs, no por inquilinxs, y que el pago del sellado sea en partes iguales.

El incentivo a la vivienda en alquiler y el control de la vivienda ociosa es otra propuesta que acompañó Soraire, consideró que el ajuste anual debe tener un tope, y pidió que se controle el precio inicial de los alquileres, "con precios testigos y segmentación por características de los inmuebles".

Por último, Soraire se refirió a la necesidad de que haya organismos de defensoria de lxs inquilinxs para todo el territorio nacional, y que dependa de áreas de derechos humanos "y no de defensa al consumidor, entendiendo que la vivienda es un derecho básico y no un negocio para pocos".

Inmobiliarias se oponen a más impuestos

También participó en las reuniones del Congreso el director del observatorio inmobiliario del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de Salta (CUCIS) y presidente del COPAIPA, Felipe Biella, quien además señaló que es miembro de una multisectorial de la industria de la construcción que se conformó en la pandemia.

Biella dijo que el sector al que representa se opone a un impuesto como el que se quiere aplicar a las viviendas en desuso, y se opone también al incremento de los impuestos inmobiliarios. Consideró que esto “desincentivará la construcción que fue uno de los motores de la recuperación de la economía. Creemos que va a tener el efecto contrario, va a haber menos inmuebles en el mercado lo que va a hacer que haya menos (oferta de) alquileres”.

Además, Biella dijo que debería cambiar el índice de indexación. “La inflación va más fuerte que los salarios. Creemos que se tiene que ajustar por el salario”, propuso “o que se permita que las partes puedan negociar algo que les convenga”. También propuso que los incrementos sean semestrales, porque al aumentar anualmente, los propietarios prevén la inflación anual y suben los valores iniciales “que perjudica a los inquilinos”. En cuanto al tiempo del contrato dijo que deben reducirse de 3 a 2 años.

Biella dijo que en Salta “hay muchos carteles de venta” y pocos de alquiler para vivienda. Añadió que el Estado tiene que tener una política activa con los sectores vulnerables ya que no acceden a las viviendas. Consideró que las políticas públicas en esta materia son ineficientes y en la provincia “el déficit habitacional ha crecido”. "Año a año, el flagelo aumentó y no vemos que se tome el toro por las astas generando alternativas para que la gente tenga el acceso a la vivienda propia”, opinó. Además, señaló que “no hay ninguna línea de crédito para que los sectores medios puedan hacerse de su vivienda” y son quienes terminan accediendo a viviendas sociales.

Para Biella, es necesaria una ley que prevea "la previsibilidad". También propone que haya una promoción impositiva para quienes construyen con fines de alquiler. "Se está hablando de subir los valores de los impuestos inmobiliarios (...) van a subir el valor del alquiler", consideró.

El representante del sector inmobiliario destacó que los alquileres formales, tienen un cumplimiento del 90% de los contratos y que solamente un 5%, tiene una mora. "El mercado tiene un gran cumplimiento. Lo que no ocurre en lo informal. Hay muy pocos juicios de desalojo, es viable que se entiendan las partes", sostuvo.

"Históricamente, lejos de lo que la gente cree, este es el momento que peor rentabilidad que tienen los inmuebles", afirmó, debido a que han subido los precios de la construcción y no tanto los salarios, por lo que disminuyen las posibilidades de pago.