Diputados dieron ayer media sanción a un proyecto de ley que establece una encuesta cada dos años a jóvenes de 13 a 25 con el objetivo de usar esos datos en el diseño de políticas públicas orientadas a esta franja etaria.
El autor de la iniciativa, el radical Matías Monteagudo, señaló que se buscan brindar herramientas al Ejecutivo para que a mediano plazo se puedan tener programas y acciones según las necesidades que surjan de los resultados, con la posibilidad de poder actualizarlos cada dos años.
En tanto el diputado Luis Albeza hizo foco en que con esos datos se podrán hacer políticas desde las bases hacía arriba y no al revés, “eliminamos con esto la figura del funcionario que se cree interprete de la realidad y diseña las políticas públicas que luego fracasan o se desvirtúan”.
Algo similar señaló Santiago Vargas, que solicitó que si se sanciona esta ley y se hacen las encuestas “no queden en una computadora y se pase a la acción”. Además, remarcó que otro beneficio será la posibilidad de acotar o adaptar las diferentes políticas destinadas a los jóvenes, según la particularidad de cada región de la provincia.
Para garantizar la seguridad de la recopilación y manejo de los datos se estableció que estos se regirán por los principios establecidos en la Ley Nacional 25.326 de Protección de Datos Personales y el secreto estadístico establecido en la Ley Nacional 17.622.
La encuesta buscará obtener información en 11 ítems temáticos entre los que se encuentran los aspectos socio-demográficos, condiciones de vida y oportunidades de desarrollo, percepciones, valoraciones y expectativas a futuro, oportunidades y obstáculos para el acceso al empleo formal, prevención de consumos problemáticos y percepciones sobre realidades de pareja y violencia de género.
Igualmente en la iniciativa se señala que la autoridad de aplicación de esta encuesta, que será la Dirección General de Estadísticas y Censos, en coordinación con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública y la Agencia de la Juventud, podrá agregar o modificar los temas a indagarse.
La encuesta puede realizarse mediante las tecnologías o herramientas digitales que la Autoridad de Aplicación estime convenientes, y los resultados se recopilarán en un informe final cuyos datos deben desagregarse por género, edad y zona, entre otras variables. Dicha información deberá publicarse en un sitio web que la Autoridad de Aplicación determine.
La prohibición de retención de documentación volvió al Senado
Aunque ya venía con media sanción desde el Senado, la Cámara Baja decidió modificar el proyecto que establece la prohibición a los colegios privados para que retengan u obstaculicen los documentos o restrinjan la asistencia a clases de aquellos alumnos cuyos padres que se encuentren en mora con las cuotas.
Los diputados optaron por dar curso a un proyecto de igual sentido que había ingresado por ese cuerpo y que a diferencia del que llegó desde el Senado, que creaba una normativa nueva, modifica los términos de la ley 7934, que reglamenta el Derecho de Admisión en Institutos Educativos Públicos de Gestión Privada.
La iniciativa extiende los alcances de la ley vigente al incluir la prohibición a que los colegios y escuelas retengan “boletines de calificaciones, certificados de estudios, pases a otros establecimientos, certificados de regularidad y toda otra documentación oficial de alumnos/as que registren morosidad en el pago cuotas o aranceles”.
También especifica que no podrá impedirse la participación de los alumnos en las clases o actividades pedagógicas, y que de ninguna manera el cobro de la deuda debe involucrar a los estudiantes o profesores, sino que debe ser mediante el diálogo entre las autoridades escolares y los padres o tutores de los jóvenes.
Otra vez Orozco apuntó a Cornejo
Otro capítulo sumó la pelea entre el diputado Gustavo Orozco y el ministro de Seguridad Abel Cornejo, quienes se cruzaron primero de manera mediática y hace dos semanas se vieron las caras en el recinto de la Legislatura donde tuvieron un fuerte intercambio de acusaciones.
Ahora el legislador advirtió que quiere cerrar el tema pero antes solicitó a sus pares que, “como tienen que saber a quien tienen al lado", se investiguen las acusaciones en su contra y se puso a disposición de una eventual comisión conformada para ese fin “para aclarar cada denuncia en mi contra y que si se comprueban renuncio a la banca”.
Y cuando parecía que el tema concluía dijo que así como él se allanaba a que lo indaguen, quería igual trato a Cornejo, sobre el cual el legislador dijo que pesan denuncias graves.
