El Nunca Más, también para las travas

Valeria del Mar Ramírez tenía 20 años cuando fue a trabajar a Ruta 4 de cintura, entre Seguí y la Rotonda de Lavallol. “Me dieron una plaza, yo trabajaba desde las 7 de la tarde hasta el otro día y Romina, la chica con la que estuve detenida me dijo que por qué no trabajaba de día. Un día hubo una razzia en la que nos detuvieron a todas y en la comisaría de Lavallol que estaba en la avenida Antártida, nos fueron repartiendo porque no nos podían dejar a todas ahí, éramos como 14 o 15 y a mí y a Romina nos llevaron a la comisaría de Banfield”, recuerda Valeria. Esa fue la primera detención, pero dos semanas después “estábamos trabajando con Romina a la tardecita y para un Ford Falcon y nos agarra de los pelos y nos meten atrás, pero agachadas, entre las piernas de los policías. Nosotras preguntamos si había razzia o qué pasaba, yo me quería levantar y me agachaban la cabeza y cuando vamos llegando veo que era todo campo, ahora hicieron monoblocks, y abrieron un portón de chapa que hacía un ruido tremendo y entró el coche”, detalla Valeria que tiene los recuerdos en el cuerpo.

“Nunca me voy a olvidar de este milico asqueroso”

“Había un escritorio de los de antes, gris y le preguntaron qué hacemos y él dijo, déjalas acá que yo ya aviso y avisó por radio que ‘ya habían traído las cachorras que pidieron’, cuando dijeron así nos miramos y Romina preguntó a dónde nos van a llevar y le dijeron ‘quédense tranquilas que la van a pasar muy lindo’ y ahí nos tuvieron 14 días, te podés imaginar todas las violaciones que vivimos”, dice Valeria, uno de cuyos testimonios fueron clave para que el Juez Federal de La Plata Ernesto Kreplac, procesara a los culpables.

A fines de los ’90, Valeria integraba Fundación Buenos Aires Sida porque siempre quiso ayudar a que quienes estaban en su misma situación, vivieran lo mejor posible. “Iba a retirar todos los días profilácticos que nos daban gratuitos; había una señora que era coordinadora, Inés, que todavía vive, que me dijo ‘estamos haciendo una encuesta para ver si pueden salir de la calle a ver qué les gustaría hacer, peluquera, costurera, manicura’, yo llené la encuesta y puse ‘peluquera’. Era un proyecto que tenía la organización, en ese tiempo estaba Ibarra como jefe de la Ciudad, nos daban 200 pesos por mes, hice el curso dos años y me recibí de peluquera, y a raíz de eso, me invitaron a varios cursos o charlas sobre VIH y una vuelta estábamos hablando y les conté lo del Pozo de Banfield, y me escuchó gente de la fundación y me dijeron ‘pero vos estuviste detenida durante la dictadura’, yo no entendía nada, me explicaron todo y ahí tomé la decisión de declarar”, cuenta Valeria.

“En el Pozo vi a los que nos violaban y torturaban y ahí me enteré que había un casino clandestino. Y un día me estaba bañando y vi aparecer a una chica muy flaquita que recién había parido, le dijeron que ‘limpiara toda esa mugre’ y yo la ayudé, le di la mano y cuando me vieron dijeron ‘qué hace ese puto ahí’”. De esa manera me enteré que también había una maternidad clandestina”.

Hasta ahora y como publicó Página12, en una nota de Ailín Bullentini, los imputados son Miguel Osvaldo Etchecolatz, Jaime Smart, Jorge Antonio Bergés, Roberto Balmaceda, Alberto Candioti, Carlos María Romero Pavón, Juan Miguel Wolk, Héctor Di Pasquale y Luis Horacio Castillo.

Flavio Rapisardi, investigador y coautor de Baños, fiesta y exilio, fue testigo experto, citado por la Fiscalía y en la resolución expresó que “las fuerzas de seguridad utilizaban los códigos contravencionales para la persecución de las disidencias sexo-genéricas desde mucho antes del inicio de la dictadura, pero a partir de 1976 las detenciones se hacían más allá de esos códigos: la duración de las detenciones excedía los plazos y se aplicaban torturas que obviamente no estaban previstas. A su vez, desde 1976 la persecución fue aleatoria, pero la diferencia radicó que en el caso de gays y lesbianas tenían la posibilidad de diluirse en el seno social, algo que no ocurrió con las personas trans por su situación de no empleabilidad”. Rapisardi, que es director general de Planeamiento Estratégico e Investigación de la Defensoría del Público, dijo además que la persecución al Colectivo LGTBIQ empezó con la Triple A pero se recrudeció con la dictadura del 76: “solamente podían viajar en taxi, no en colectivo, y utilizaban estrategias para sobrevivir, como no ir por avenidas porque eran detenidas en la calle. En todos los testimonios que relevamos se ve claramente que había una orden de exterminio por parte de la dictadura. Eran llevades a las comisarias, había torturas físicas, psicológicas, les hacían limpiar, cocinar, tener sexo”.  

Una práctica sistemática

Ana Oberlin trabaja en esta investigación desde hace años como integrante de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos de Lesa Humanidad de La Plata: “empezamos a trabajar porque había varios casos de mujeres trans que habían sido secuestradas en el pozo de Banfield, ahí había sido llevada Valeria del Mar que fue el primer caso que se judicializó pero no se había complejizado, se lo trataba como si hubiera sido un caso simple, único, no como una práctica sistemática y generalizada hacia la población travesti trans de esos años, entonces empezamos a contactar a muchas sobrevivientes, gracias también al Archivo de la Memoria Trans. Con toda esa información le pedimos al juez Kreplac que citara a testimoniar a estas mujeres y ellas relataron cómo fueron llevadas a distintos lugares durante esos años pero en particular al Pozo de Banfield”.

El pedido de la Unidad Fiscal que integra Ana fue que se indagara primero y se procesara después a un grupo de policías y militares responsables de esos centros clandestinos de detención tortura, exterminio y persecución al Colectivo Travesti Trans “y le pedimos que se enmarcara dentro de una práctica sistemática, no individual porque las personas trans y travestis sufrieron violencia antes, durante y después del terrorismo de Estado pero durante el Terrorismo, sin dudas, se intensificó. El juez hizo lugar y en su resolución decidió justamente imputar y calificó los hechos como privación ilegal de la libertad, tormentos, reducción a servidumbre y violencia por medios sexuales como le había pedido la fiscalía”, cuenta Ana.

Para la Unidad Fiscal fue un logro muy importante, fue un trabajo que llevó mucho tiempo y si bien es la primera resolución en el país, “creemos que estas resoluciones van a ser imitadas por otros jueces y juezas porque la persecución fue muy significativa y nos pone muy expectantes porque creemos que con esto un montón de personas que no quisieron dar su testimonio, se animen a declarar y sumen más casos. Como siempre, Argentina está siendo pionera en investigación y sanción de violaciones a los derechos humanos y es un camino para la región que sufrió situaciones similares, un punto de partida”, concluye Oberlin.