Trabajadores del subte denunciaron que la concesionaria Metrovías-Emova retiró, durante el fin de semana, el asbesto presente en las instalaciones y formaciones de la línea B, incumpliendo el protocolo de seguridad para su remoción --al hacerlo de una sola vez, sin ninguna medida de protección y aislamiento--, lo que provocó su dispersión en el taller Rancagua, ubicado en Chacarita, y luego en todas las estaciones. "No sabemos cuántos kilos de este material cancerígeno se habrán diseminado en el ambiente", dijo a Página/12 Claudio Dellecarbonara, integrante de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP).
"Desde hace 4 años venimos reclamando a la empresa que retire el asbesto respetando todas las normas de cuidado exigidas en los protocolos. La remoción del material debía realizarse por etapas, con la protección y aislamiento correspondientes para garantizar la seguridad de las personas. Lo sucedido este último fin de semana demuestra que Metrovías-Emova sigue jugando con la vida de 4000 trabajadores y 1 millón de usuarios del servicio", sostuvo Dellecarbonara.
En febrero de 2018 se conoció que los 36 vagones -seis formaciones en total- de segunda mano destinados a la línea B, comprados a España en 2011 por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el valor de 4,2 millones de euros, habían sido retirados de circulación 11 años antes por contener el material cancerígeno.
En octubre de 2019, a través de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), el Gobierno porteño demandó al Metro de Madrid por la venta "ilícita" de los coches con asbesto y pidió un resarcimiento de 15 millones de euros. Previamente, el entonces presidente de Sbase, Eduardo De Montmollin, reconoció que la gestión de la Ciudad había comprado los vagones sabiendo que estaban contaminados con ese material.
"El asbesto está prohibido en Argentina desde 2001. Metrovías y Sbase desde siempre supieron que las instalaciones y formaciones adquiridas tenían ese material pero no hicieron nada para retirarlo, contaminando durante muchos años el ambiente en el que nos movemos las y los trabajadores y usuarios del subte", declaró el metrodelegado, y advirtió: "producto de la negligencia y desidia ya tuvimos que lamentar tres trabajadores fallecidos, 64 enfermos, algunos con cáncer, y aún no tenemos estadísticas de la cantidad de usuarios que podrían haber sido afectados".
"Gracias a nuestros reclamos constantes, logramos el control anual de la salud de las y los trabajadores y el ingreso de una parte de ellas y ellos al Registro de Agentes de Riesgo", contó Dellecarbonara, y añadió: "También conseguimos que Metrovías, ahora llamada Emova, se comprometa a realizar algunas obras. Una de ellas consistía en retirar el antiguo y contaminado sistema de ventilación forzada del taller Rancagua de la línea B, para reemplazarlo por uno nuevo. Pero esta acción debía realizarse por tramos, en un tiempo de 7 meses".
En noviembre de 2019, las y los trabajadores del subte e integrantes de la comunidad educativa presentaron una acción judicial contra el gobierno porteño para que implemente una política pública de descontaminación de asbesto en la Ciudad. "Ese amparo colectivo, en 2020, tuvo un fallo de la jueza Elena Liberatore, quien ordenó una serie de medidas para retirarlo manera segura de todas las instalaciones y formaciones donde está alojado -en las líneas B, C y E-, prohibiendo tomar contacto con el material", explicó el secretario gremial.
"La decisión de Metrovías-Emova de remover el asbesto este último fin de semana, sin respetar el protocolo exigido, provocó la dispersión de una enorme cantidad de dicho material -que puede permanecer suspendido en el ambiente por 7 años y pegarse en la ropa-, violando lo acordado y también el fallo vigente de la jueza Liberatore. Es una actitud gravísima de una empresa que se sigue beneficiando sin importarle la vida de las y los trabajadores y los usuarios, por eso pedimos a todas las personas y organismos de derechos humanos que nos apoyen en este reclamo", concluyó Dellecarbonara.
Informe: Karla Góngora.
