El presidente de Chile, Gabriel Boric, nombró a Nancy Yáñez y Daniela Marzi como ministras del Tribunal Constitucional, en la primera vez que un mandatario elige a dos mujeres al mismo tiempo en ese órgano estatal, que tiene como función velar por la constitucionalidad de las leyes y decretos. Yáñez y Marzi reemplazarán a los ahora exministros del Tribunal Constitucional Iván Aróstica y María Luisa Brahm, quienes fueron designados por el expresidente Sebastián Piñera en su primera administración, y que ya completaron su periodo de nueve años el pasado 18 de marzo. Se trata de dos cupos que son de designación directa del mandatario chileno y que tienen fines estratégicos, de cara a la implementación de la agenda legislativa del gobierno.
¿Quiénes son las nuevas ministras?
Nancy Yáñez es abogada egresada de la Universidad de Chile, master en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame y doctora en Derecho de la Universidad de Chile. "Actualmente se desempeña como directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile y es profesora asociada de la misma casa de estudios. Cuenta con una vasta trayectoria en el servicio público", indicó el gobierno en un comunicado.
Por su parte Daniela Marzi es abogada de la Universidad de Valparaíso, magister en Derecho del Trabajo en la Universidad de Bolonia y doctora en Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. "Es profesora del Programa de Doctorado de la Universidad Austral, profesora del Magíster de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Talca, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valparaíso y traductora de confianza del Consulado de Italia en Chile", según el gobierno chileno.
Se trata de "la primera vez que un mandatario nombra a dos destacadas profesionales mujeres al mismo tiempo como integrantes de este organismo", indicaron desde La Moneda. El presidente Gabriel Boric agradeció la disposición de ambas para "aportar sus conocimientos y enriquecer la discusión constitucional en el Tribunal".
La función del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional de Chile es un órgano jurisdiccional del Estado chileno. Es un tribunal colegiado, autónomo e independiente de toda otra autoridad o poder cuya función principal es ejercer el control de constitucionalidad de las leyes. Está compuesto por diez miembros, siendo tres designados por el presidente, tres por la Corte Suprema y cuatro por el Congreso, y actúa por requerimiento del gobierno, la Cámara de Diputados y el Senado, o de oficio.
Creado originalmente por la reforma constitucional de 23 de enero de 1970, este tribunal fue disuelto por un decreto emanado de la dictadura de Augusto Pinochet, el diez de noviembre de 1973. La Constitución de 1980 lo repuso como organismo constitucional nacional, siendo modificado en forma sustancial mediante la reforma constitucional de 2005.
Luego de esa reforma, ocho ministros han sido nombrados por el Congreso, tanto a propuestas de la Cámara con la ratificación del Senado, como por la Cámara Alta directamente. Ninguno de los nombres que fueron nominados y llegaron a ser votados en el Congreso han sido rechazados, lo que grafica que existe un acuerdo previo entre los partidos políticos.
Durante 2022 finalizarán sus períodos el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José Romero, y el ministro Gonzalo García. Estos reemplazos son de designación exclusiva de la Cámara de Diputados, con aprobación del Senado.
Un mes después que la Cámara de Diputados despachara la nominación de la abogada Alejandra Precht, del Partido Demócrata Cristiano, y la del exdiputado del derechista Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida, como ministros del Tribunal Constitucional, el Senado puso sobre la mesa la revisión de los nombres en la Comisión de Constitución.
Son 33 votos los que van a necesitar, en medio de un acuerdo político que no está cerrado y por el que hay mucho hermetismo en la oposición. De acuerdo al portal Bio Bio Chile, hay quienes señalan que ratificar a un exparlamentario en el Tribunal Constitucional es otra señal que debilita al Senado en medio del trabajo de la Convención Constituyente.
