La pelea por la conducción del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF), la entidad que regula la matrícula de los letrados que actúan frente a los tribunales porteños, tiene su correlato en la causa sobre el espionaje ilegal durante el macrismo. Como en las elecciones que se están celebrando, allí se enfrentan el oficialismo --que impulsa que se investigue a quienes realizaron escuchas ilegales entre los presos y sus abogados para nutrir causas de corrupción o minutos de aire de televisión-- y el bloque cambiemita, que pretende hacer caer esa investigación.

Para el viernes está convocada una audiencia en la Cámara Federal porteña para tratar un planteo de Juan Sebastián de Stefano, el exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos (DAAJ) de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que pretende que aparten al CPACF como querellante de la causa. El presidente de la Sala II, Eduardo Farah, les había pedido a las partes que avisaran si querían que fuera una audiencia oral o si directamente presentarán sus argumentos por escrito, que es lo que hará el CPACF, según pudo saber Página/12.

Días atrás, Jorge Rizzo --líder de la agrupación Gente de Derecho (GDD) que aspira a continuar en la presidente del CPACF-- le dijo a este diario que de Stefano está detrás del armado opositor en la entidad para desbancar a su agrupación. La lista opositora es encabezada por el excamarista Ricardo Gil Lavedra y va en alianza con sectores del PRO.

De Stefano estuvo al frente de la relación de los servicios con los tribunales durante el gobierno de Mauricio Macri y también creó una oficina de transcripciones de las escuchas que les eran encomendadas a la AFI. Cuando la causa tramitaba ante la justicia federal de Lomas de Zamora, el juez Juan Pablo lo procesó, pero fue beneficiado con una falta de mérito en cuanto el expediente pasó a Comodoro Py.