El presidente Mauricio Macri tiene algunos inconvenientes con los frenos inhibitorios. Solo, sin que nadie se lo pida dijo, sin sonrojo, que está dispuesto a “buscar jueces que nos representen”. Los repudios no se hicieron esperar. Una de las primeras fue la diputada del FPV, Teresa García, quien afirmó que “el gobierno está presionando a la justicia”.  Sin nombrar al presidente o alguno de sus ministros, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral también se sumó al rechazo cuando reconoció que “hay presión contra los jueces” y señaló como responsables a “los servicios (de inteligencia) oficiales y privados que operan con los medios, y algunos políticos también operan con los servicios”.

Macri participó de una entrevista pública que se realizó en la Bolsa de Comercio y allí dijo sin tapujos que “los jueces tienen que saber que buscamos la verdad o buscaremos otros jueces que nos representen”. García lo relacionó con la presión que el oficialismo ejerce, por caso, en el Consejo de la Magistratura para enjuiciar al camarista federal, Eduardo Freiler. Pero también apuntó a la interminable serie de declaraciones de funcionarios y legisladores de Cambiemos contra la titular del Ministerio Público Fiscal, Alejandra Gils Carbó.

“El gobierno está desesperado por controlar qué se filtra y cómo se filtran los datos del escándalo de corrupción Lava Jato que alcanzaría a empresas y funcionarios argentinos”, aseguró García. No conforme, la legisladora abandonó el uso del verbo en tiempo potencial y señaló que lo que preocupa es la posibilidad de que la empresa constructora Iecsa, propiedad de la familia Macri, figure en la investigación que se realiza en Brasil. Es por ello que la diputada García consideró que el Presidente “no tiene claro el límite entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial” y sostuvo que es necesario preguntarle a Macri “cómo va a buscar otros jueces y qué incidencia tiene en la Justicia”.

En tanto, en una conferencia de prensa, el presidente del bloque de diputados del FPV, Héctor Recalde, coincidió ayer con su compañera de bancada al sostener la injerencia del gobierno sobre el Poder Judicial se ha incrementado desde principio de este año cuando comenzaron a llegar las noticias desde Brasil donde uno de los implicados en el mayor caso de corrupción de ese país, Leonardo Meirelles, señaló que la constructora Odebrecht había pagado coimas en la Argentina. En este sentido, Recalde destacó el intenso juego que lleva adelante el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien “está empecinado en acordar con una empresa coimera” con el único objetivo de proteger al Gobierno. Es más, Recalde consideró que mientras la Rosada pretende controlar el daño que puede provocar la información del Lava Jato, la presión hacia los jueces está dirigida a “profundizar la persecución contra Cristina Fernández de Kirchner olvidándose del debido proceso y, sobre todo, la presunción de inocencia que goza todo ciudadano”.

García y Recalde coincidieron en recordar que el primer intento del oficialismo por condicionar la Justicia fue el nombramiento por decreto de los ahora jueces de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Los dos diputados también señalaron que el otro ejemplo es lo que ocurre en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). García, que denunció el hackeo de su correo electrónico, es una de las principales críticas de la gestión de Gustavo Arribas al frente de la AFI a partir de que quedara involucrado en el caso de las coimas de Odebrecht.

Quien también se sumó a la polémica de las presiones sobre la Justicia fue el juez Canicoba Corral. En una entrevista radial reconoció que las presiones existen pero realizó una cabriola para no señalar al gobierno nacional. El titular del juzgado federal en lo Criminal y Correccional número 6 prefirió decir que “los servicios (de inteligencia) oficiales y privados operan con los medios, y algunos políticos también operan con los servicios”. Es más, advirtió la existencia de una serie de “empresitas, mini-empresitas que venden información y la pagan muchas veces los propios periodistas”. A partir de este dato fue que Canicoba Corral llegó a la conclusión de que la mayor presión proviene de los medios de comunicación. “Lo que sí hay son presiones de los medios. Baten el parche de que tal o cual juez es corrupto, y lo juzgaron y lo condenaron. Y se lo reitera diez veces por día durante un mes. Si eso no es una presión, no sé qué es”, dijo para luego afirmar que en estos tiempos electorales se incrementa el trabajo de los jueces porque “hay un desplazamiento del Congreso a (los tribunales de) Comodoro Py. Esto pasa desde hace 20 años pero en épocas preelectorales (trabaja) mucho más”.